La decisión histórica del Consejo de Estado -de castigar las prácticas clientelistas y del ‘yo te elijo, tú me eliges’ que han imperado en las designaciones de magistrados en las altas cortes- generaron también un ‘campanazo’ para el procurador general, Alejandro Ordóñez, cuya reelección en el Ministerio Público fue demandada con petición de nulidad por considerar que incurrió en prácticas irregulares desde que fue ternado por la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Los temores son razonables y se fundamentan en que Ordóñez ha perdido cada vez más influencia en las altas cortes, y ayer mismo le fueron tumbadas dos de sus fichas: Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura, y Alberto Rojas de la Corte Constitucional.
KienyKe.com consultó a Carlos Suárez, abogado penalista y especialista en las altas cortes y sus dinámicas de poder, quien considera que el pronunciamiento del Consejo de Estado que anuló el miércoles la elección de Ricaurte y Rojas, tratando de atajar la llamada ‘puerta giratoria’ con la que los togados se movían de una a otra corte conservando la hegemonía en los máximos tribunales, fue un golpe duro contra la influencia del Procurador y su futuro jurídico.
En palabras de Suárez, “se ha visto una dinámica de poder que ha dado la vuelta. Había sido evidente el poder que manejaba el Procurador Ordóñez tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema de Justicia y en la Constitucional, todo de la mano de las mismas personas que habían ocupado los cargos de lo que se llama el ‘roscograma de la justicia’. Con ese ‘yo te nombro, tú me nombras’ pudieron conservarse allí. Eso venía funcionando de manera clara y avasalladora hasta finales del año pasado y principios de este año, cuando empezaron a ocurrir decisiones que no iban en consonancia con sus aspiraciones”.
Entre otras situaciones, el abogado y columnista Suárez se refiere a la lucha de poderes por conformar la terna desde la Corte Suprema para ocupar la vacante en la Corte Constitucional que dejaba el magistrado Nilson Pinilla en marzo pasado. El pulso lo ganó Gloria Ortiz, la nueva magistrada que era de los afectos del Fiscal Eduardo Montealegre, uno de los rivales del Procurador.
Los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas perdieron su investidura por una decisión del Consejo de Estado.
Tampoco hay que olvidar el desempeño del caso Petro en el Consejo de Estado, que otorgó medidas cautelares al alcalde de Bogotá para impedir, de momento, el castigo disciplinario de destitución e inhabilidad que le había impuesto Ordóñez.
“… y el menoscabo de poder que ha sufrido Ordóñez para armar la terna a la Contraloría General de la República, cuando no tienen fuerza las personas cercanas al Procurador, como Camilo Tarquino, ni tienen fuerza Carlos Ardila Ballasteros, quien es el candidato de Ruth Marina Díaz, la más cercana aliada de Ordóñez en la Corte Suprema”, añade Suárez.
En esta puja por la Contraloría la sorpresiva delantera la lleva el exprocurador Edgardo Maya, recién ternado por la Coste Constitucional para ser elegido por el Congreso como Contralor y quien contaría con la bendición del electo vicepresidente Germán Vargas Lleras, otra fuerza muy crítica a Ordóñez.
Y la próxima estocada que estaría por venir sería la salida de la gran aliada del procurador en la Corte Suprema de Justicia. “La doctora Ruth Marina Díaz, que es el gran estandarte del ‘ordoñismo’ en la Corte Surpema, termina su periodo en unos dos meses, así que lo que uno ve es un reacomodamiento de las cuentas de poder que venían siendo avasallantes de parte del Procurador, y que poco a poco han perdido ese round en este último semestre”, sostuvo el penalista.
Ordóñez ¿en la mira del Consejo de Estado?
Con la influencia reducida, Ordóñez puede esperar cualquier cosa de una demanda de nulidad presentada a finales del año pasado ante el Consejo de Estado, que pide declarar ilegal su reelección en la Procuraduría por presuntos vicios de forma.
“Esa decisión todavía está pendiente en el Consejo de Estado, y si uno ve la dinámica de lo que ha venido ocurriendo con las últimas decisiones, uno pensaría que si antes no había posibilidad de que esa demanda saliera airosa, al menos ahora puede darse la pelea en ese asunto”, consideró Suárez.
La demanda de nulidad es analizada desde el trámite que se surtió para que Ordóñez fuera ternado por la Corte Suprema de Justicia para aspirar a un segundo periodo como jefe del Ministerio Público.
La influencia del 'ordoñismo' se ha disminuido en las altas cortes. Es un punto desfavorable para sortear el proceso en su contra ante el Consejo de Estado.
La queja indica que la postulación de Ordóñez se habría hecho sin la suficiente convocatoria pública, supuestamente violando los derechos de postulación de los demás oferentes. Otro cuestionamiento analizado es la legalidad en la votación del Supremo Colombiano, cuando se ha denunciado que varios magistrados tendrían familiares y personas muy cercanas beneficiadas con nombramientos hechos por Ordóñez durante su primer periodo de gestión en la Procuraduría.
“Hubo por lo menos ruido de cómo varios magistrados de la Corte tenían o familiares cercanos o cuotas trabajando en la Procuraduría y por ello debieron haberse declarado impedidos para votar la terna. Eso lo debe estar analizando el Consejo de Estado, pero a veces la corporación se toma sus tiempos y otras veces los agiliza. Esa demanda se espera que esté por ser fallada, pero no se conoce mucho de su estado procesal en este momento”.
La pérdida de influencia en las altas cortes por parte de Ordóñez es más que evidente. Incluso el uribismo se ha mostrado preocupado por el terreno abonado tanto por el oficialismo como por el Fiscal General en los máximos tribunales, en una desventaja que no les convendría para los próximos cuatro años y al momento de discutir la viabilidad de importantes reformas que se avecinan como las que corresponderán a la eventual aplicación del Proceso de Paz.
Los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas perdieron su investidura por una decisión del Consejo de Estado.
Tampoco hay que olvidar el desempeño del caso Petro en el Consejo de Estado, que otorgó medidas cautelares al alcalde de Bogotá para impedir, de momento, el castigo disciplinario de destitución e inhabilidad que le había impuesto Ordóñez.
“… y el menoscabo de poder que ha sufrido Ordóñez para armar la terna a la Contraloría General de la República, cuando no tienen fuerza las personas cercanas al Procurador, como Camilo Tarquino, ni tienen fuerza Carlos Ardila Ballasteros, quien es el candidato de Ruth Marina Díaz, la más cercana aliada de Ordóñez en la Corte Suprema”, añade Suárez.
En esta puja por la Contraloría la sorpresiva delantera la lleva el exprocurador Edgardo Maya, recién ternado por la Coste Constitucional para ser elegido por el Congreso como Contralor y quien contaría con la bendición del electo vicepresidente Germán Vargas Lleras, otra fuerza muy crítica a Ordóñez.
Y la próxima estocada que estaría por venir sería la salida de la gran aliada del procurador en la Corte Suprema de Justicia. “La doctora Ruth Marina Díaz, que es el gran estandarte del ‘ordoñismo’ en la Corte Surpema, termina su periodo en unos dos meses, así que lo que uno ve es un reacomodamiento de las cuentas de poder que venían siendo avasallantes de parte del Procurador, y que poco a poco han perdido ese round en este último semestre”, sostuvo el penalista.
Ordóñez ¿en la mira del Consejo de Estado?
Con la influencia reducida, Ordóñez puede esperar cualquier cosa de una demanda de nulidad presentada a finales del año pasado ante el Consejo de Estado, que pide declarar ilegal su reelección en la Procuraduría por presuntos vicios de forma.
“Esa decisión todavía está pendiente en el Consejo de Estado, y si uno ve la dinámica de lo que ha venido ocurriendo con las últimas decisiones, uno pensaría que si antes no había posibilidad de que esa demanda saliera airosa, al menos ahora puede darse la pelea en ese asunto”, consideró Suárez.
La demanda de nulidad es analizada desde el trámite que se surtió para que Ordóñez fuera ternado por la Corte Suprema de Justicia para aspirar a un segundo periodo como jefe del Ministerio Público.
La influencia del 'ordoñismo' se ha disminuido en las altas cortes. Es un punto desfavorable para sortear el proceso en su contra ante el Consejo de Estado.
La queja indica que la postulación de Ordóñez se habría hecho sin la suficiente convocatoria pública, supuestamente violando los derechos de postulación de los demás oferentes. Otro cuestionamiento analizado es la legalidad en la votación del Supremo Colombiano, cuando se ha denunciado que varios magistrados tendrían familiares y personas muy cercanas beneficiadas con nombramientos hechos por Ordóñez durante su primer periodo de gestión en la Procuraduría.
“Hubo por lo menos ruido de cómo varios magistrados de la Corte tenían o familiares cercanos o cuotas trabajando en la Procuraduría y por ello debieron haberse declarado impedidos para votar la terna. Eso lo debe estar analizando el Consejo de Estado, pero a veces la corporación se toma sus tiempos y otras veces los agiliza. Esa demanda se espera que esté por ser fallada, pero no se conoce mucho de su estado procesal en este momento”.
La pérdida de influencia en las altas cortes por parte de Ordóñez es más que evidente. Incluso el uribismo se ha mostrado preocupado por el terreno abonado tanto por el oficialismo como por el Fiscal General en los máximos tribunales, en una desventaja que no les convendría para los próximos cuatro años y al momento de discutir la viabilidad de importantes reformas que se avecinan como las que corresponderán a la eventual aplicación del Proceso de Paz.
