Con frecuencia el macabro operativo se planeaba poco antes de la celebración de fechas especiales: Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Si tenían éxito, conseguían hasta mes y medio de vacaciones.
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Actuaban con la delicadeza y también frialdad de cualquier asesino en serie. Primero identificaban las víctimas. Luego pensaban cómo secuestrarlas o reclutarlas.
Incluso para no asustar a su víctima y no levantar sospechas, como cuando se quiere evitar que un carnero endurezca su carne por el miedo, los engañaban con falsas promesas, como ofertas de empleo. Los citaban en determinado lugar, alejado de cualquier testigo, y allí cometían el asesinato.
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Cuando los sacrificaban cerca de ciudades, transportaban los cadáveres en vehículos oficiales del destacamento militar. En zonas rurales, continuaban con el siguiente paso del ritual: los desnudaban, los vestían con uniforme militar, ponían un arma de largo alcance en sus manos, y en ocasiones hacían que los inertes dedos presionaran el gatillo para simular que habían disparado. Las botas de combate, embarradas apropósito, eran el último detalle que disfrazaba al muerto.
Limpiaban la escena de cualquier sospecha. Planificaban el relato de un falso combate. Llamaban a su brigada para informar de un exitoso golpe a la guerrilla. Reclamaban merecer una buena compensación.
¿Y los otros responsables?
De esta forma, en decenas de brigadas militares, se planearon y realizaron los llamados ‘falsos positivos’, o ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo al informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) llamado “El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”.
El documento advierte que en más de 3 mil casos de ‘falsos positivos’ denunciados en el país, que “constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”, es imposible que no hayan involucrados altos manos militares, como responsables o cómplices de su ejecución.
“…comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables de una cantidad significativa de falsos positivos, al menos sabían o deberían haber sabido sobre las ejecuciones, y por lo tanto podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando”, dice el documento presentado hoy.
“A siete años de que trascendiera el escándalo sobre los falsos positivos, existen abundantes evidencias que indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que tienen responsabilidad por lo sucedido, y es vital que el gobierno realice acciones más enérgicas para asegurar que rindan cuentas”, solicita.
El informe de HRW contiene testimonios inéditos recopiladas por la Fiscalía, documentos de procesos judiciales y pruebas de investigación que incriminan a algunos altos mandos militares, no procesados hasta ahora por estos delitos.
A la fecha hay unos 800 uniformados condenados por su responsabilidad en casos de ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2002 y 2008, cuando se destapó el escándalo por las desapariciones de Soacha. La mayoría de los presos son militares de bajo rango responsabilizados de ejecutar a los civiles. Pero no hay muchos altos mandos, de los que habrían dado las órdenes, tras las rejas.
“Human Rights Watch examinó testimonios de testigos y documentos de fiscales que contenían señalamientos de que excomandantes de unidades tácticas, brigadas, divisiones y del Ejército Nacional —entre otros mandos militares— sabían de o planificaron, ordenaron o de otro modo facilitaron o intentaron facilitar los falsos positivos”.
La investigación salpica al general Henry William Torres, comandante de Décima Brigada; el General (r) Óscar González Peña; el Teniente Coronel (r) Robinson González del Río; el General (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008.
La ONG también menciona la supuesta responsabilidad de dos altos mandos castrenses, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán (comandante de las Fuerzas Armadas), y el general Jaime Alfonso Lasprilla (comandante del Ejército), lo que detonó la molestia del presidente Juan Manuel Santos.
“Que no vengan a manchar la Institución. Escuchaba esta mañana que una ONG los señalaba sin ninguna documentación de soporte. Ellos están preocupados por su buen nombre y es apenas lógico. Solicitaron a la Fiscalía y la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”, dijo esta mañana el presidente Juan Manuel Santos.
“Nos daban pollo, cigarrillos y un permiso de 45 días”
El informe de HRW dice haber encontrado algunos elementos que convertirían a los ‘falsos positivos’ en un crimen sistemático y de guerra que reclama la mayor atención.
“Existen amplias evidencias de que, en el ámbito de las unidades tácticas, brigadas y a nivel nacional, tropas del Ejército cometieron falsos positivos de manera sistemática. En casos en distintas regiones del país, había similitudes en los tipos de víctimas y un modus operandi común, para lo cual debió haber sido necesario un alto grado de coordinación y planificación. Los falsos positivos —básicamente ejecuciones extrajudiciales y asesinatos— constituyen graves violaciones de derechos humanos. Son además graves violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos no internacionales y, como tales, constituyen crímenes de guerra”.
De acuerdo a su información de registro, las regiones donde más se registraron estas prácticas fueron en Antioquia, Huila, Valledupar y los llanos orientales.
“La presión para que hubiera resultados estuvo complementada por incentivos establecidos en unidades militares de distintas regiones de Colombia, que recompensaban las muertes en combate con días de vacaciones (permisos), ascensos, medallas, cursos de formación y felicitaciones de superiores, entre otros premios”, indican.
Hay un testimonio de un soldado, condenado por este crimen, que la Fiscalía recopiló y muestra cómo los uniformados eran convencidos de cometer este delito a cambio de compensaciones.
“El Día de la Madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las ‘legalizaciones’ son un asunto cotidiano”.
Otro testimonio corrobora lo anterior. Después de ejecutar a cinco personas, “nos llevaron pollo, cigarrillos, nos felicitaron. Se fueron y la buena noticia era que nos íbamos de permiso 45 días”.
“Si la Justicia Penal sigue juzgando falsos positivos, habrá impunidad”: HRW
La ONG siempre fue crítica a la aprobación del Fuero Penal Militar, que ya fue avalado por el Congreso, pues consideraban que los casos de ‘falsos positivos’ iban a continuar bajo la evaluación de la justicia penal militar, a la que acusan de cómplice de estos crímenes.
“A pesar de que la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia penal ordinaria, diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que muchos casos de falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal Militar. Que la Justicia Penal Militar siga interviniendo en numerosos casos de falsos positivos constituye, por muchos motivos, un grave impedimento para que se haga justicia en estas investigaciones”.
Human Rights Watch recomienda finalmente al presidente Juan Manuel Santos que asegure el “efectivo procesamiento penal de los casos de falsos positivos”, y pide “asegurar que los testigos en casos de falsos positivos no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares, y que los testigos, sus familias y los familiares de víctimas en estos casos reciban protección adecuada cuando haya amenazas creíbles a su seguridad”.
A la Fiscalía de Colombia piden “realizar investigaciones expeditivas y exhaustivas sobre la potencial responsabilidad de excomandantes de todas las brigadas y unidades tácticas que cometieron una cantidad significativa de falsos positivos”, y al Gobierno de Estados Unidos sugieren “exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia”.
“La presión para que hubiera resultados estuvo complementada por incentivos establecidos en unidades militares de distintas regiones de Colombia, que recompensaban las muertes en combate con días de vacaciones (permisos), ascensos, medallas, cursos de formación y felicitaciones de superiores, entre otros premios”, indican.
Hay un testimonio de un soldado, condenado por este crimen, que la Fiscalía recopiló y muestra cómo los uniformados eran convencidos de cometer este delito a cambio de compensaciones.
“El Día de la Madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las ‘legalizaciones’ son un asunto cotidiano”.
Otro testimonio corrobora lo anterior. Después de ejecutar a cinco personas, “nos llevaron pollo, cigarrillos, nos felicitaron. Se fueron y la buena noticia era que nos íbamos de permiso 45 días”.
“Si la Justicia Penal sigue juzgando falsos positivos, habrá impunidad”: HRW
La ONG siempre fue crítica a la aprobación del Fuero Penal Militar, que ya fue avalado por el Congreso, pues consideraban que los casos de ‘falsos positivos’ iban a continuar bajo la evaluación de la justicia penal militar, a la que acusan de cómplice de estos crímenes.
“A pesar de que la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia penal ordinaria, diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que muchos casos de falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal Militar. Que la Justicia Penal Militar siga interviniendo en numerosos casos de falsos positivos constituye, por muchos motivos, un grave impedimento para que se haga justicia en estas investigaciones”.
Human Rights Watch recomienda finalmente al presidente Juan Manuel Santos que asegure el “efectivo procesamiento penal de los casos de falsos positivos”, y pide “asegurar que los testigos en casos de falsos positivos no sean hostigados ni estigmatizados por oficiales militares, y que los testigos, sus familias y los familiares de víctimas en estos casos reciban protección adecuada cuando haya amenazas creíbles a su seguridad”.
A la Fiscalía de Colombia piden “realizar investigaciones expeditivas y exhaustivas sobre la potencial responsabilidad de excomandantes de todas las brigadas y unidades tácticas que cometieron una cantidad significativa de falsos positivos”, y al Gobierno de Estados Unidos sugieren “exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia”.
