Cada 15 de mayo, Colombia celebra el Día del Maestro, una fecha propicia para reflexionar sobre la realidad de quienes sostienen el sistema educativo nacional. Pese a los avances para dignificar la labor docente, fortalecer la carrera y avanzar hacia una educación más equitativa, aún quedan muchas deudas.
Actualmente, el país cuenta con una planta de 315.944 docentes y directivos en cargos permanentes, a los que se suman 8.148 en plantas temporales, enfocados en áreas estratégicas como primera infancia, inclusión y programas como el PTA-FI, según datos de ministerio de Educación.
De esta cifra, las mujeres representan el 65% del cuerpo docente, consolidando su liderazgo pedagógico en las aulas del país. Además el sistema cuenta con 20.863 etnoeducadores que hacen parte del sistema, entre afrocolombianos, indígenas y raizales, garantizando una educación culturalmente pertinente, así como 945 etnoeducadores temporales apoyan programas que llegan a los territorios más apartados.
Kienyke.com conversón con Martha Rocío Alfonso, delegada de FECODE sobre el panorama de quienes trabajan día a día por educar a generaciones de colombianos. Alfonso, realizó un balance detallado sobre las condiciones laborales y sociales que enfrentan los docentes en Colombia. Su diagnóstico es contundente: los y las maestras del país viven una situación crítica, marcada por la precariedad, el abandono estatal y los efectos del conflicto armado.
Aunque el crecimiento de la planta durante este gobierno ha aumentado en 2.971 cargos definitivos y 14.205 temporales, que conforman los más de 330 mil docentes en el país adscritos al ministerio de Educación hay muchos puntos por mejorar y concretar.
Escuelas en territorios olvidados
Uno de los ejes de la entrevista fue la descripción de las condiciones en las que se desempeñan los docentes, especialmente en zonas rurales. “Estamos en territorios muy complejos”, afirmó Alfonso, refiriéndose a las zonas más alejadas del país.
En esas regiones, las escuelas funcionan sin servicios básicos como agua potable o baterías sanitarias, y en algunos casos, incluso se ven obligadas a operar de manera virtual por daños en infraestructura, lo que también genera unas cargas hacía los docentes que pese a las condiciones adversas asumen la enseñanza que involucran además problemáticas sociales del entorno como reclutamiento forzado, consumo de drogas y violencia.
El conflicto armado aún persiste en las aulas
Martha Alfonso denunció que el conflicto armado continúa afectando directamente a las escuelas. “La Comisión de la Verdad recogió este planteamiento de la escuela como víctima del conflicto armado”, señaló. Para contrarrestar esta realidad, mencionó la implementación del programa Escuelas Protectoras, un esfuerzo del Ministerio de Educación en alianza con el Fondo Noruego para garantizar que las escuelas sean territorios de paz.
Sin embargo, alertó que los riesgos persisten. “Maestros que estaban haciendo campañas para el no reclutamiento, para el no consumo de drogas, son amenazados, son perseguidos”, denunció, evidenciando la gravedad del panorama para quienes trabajan en estos contextos.
“Colombia tiene un retraso de 18 años”
Al referirse a la infraestructura educativa, la delegada de FECODE afirmó que, aunque el Gobierno ha retomado algunas obras paralizadas desde los gobiernos anteriores, como las del periodo de Santos y Duque, el país aún enfrenta un retraso estructural. “Colombia tiene un retraso de unos 18 años en la modernización de instituciones educativas”, advirtió, cuestionando también la implementación de la jornada única sin condiciones adecuadas: “A veces no hay ni un restaurante, ni suficientes baños, ni espacios adecuados”.
En cuanto a los compromisos del Estado, Martha Alfonso explicó que ha habido avances, como la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024 para aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones hasta un 39.5%. Sin embargo, recalcó que aún existen brechas profundas: “El problema de la alimentación escolar, el acceso y la cobertura total de niños, el pago de maestros y la dignificación de la profesión docente siguen sin resolverse completamente”.
Sobrecarga laboral y enfermedades mentales
La sobrecarga laboral fue otra de las grande críticas de Alfonso, pues en medio de la entrevista denunció que los docentes están manejando grupos de hasta 450 estudiantes a la semana, lo cual impacta gravemente su salud física y mental. “Esto ha acelerado un proceso de enfermedades mentales y físicas”, puntualizó.
Particularmente preocupante es la situación de las maestras de primaria, quienes enfrentan mayores cargas y enfermedades asociadas al sistema reproductivo y renal debido a la falta de prevención médica. Alfonso enfatizó que el nuevo modelo de salud del magisterio ha sido un avance, pero aún requiere ajustes para garantizar una atención digna.
Los cambios y preocupaciones sobre la salud de los maestros
En términos de salud, denunció irregularidades en los modelos anteriores, señalando deudas desde 2017 y problemas graves de contratación. “Hay una puerta giratoria de corrupción”, sentenció al hablar de las demandas legales derivadas de retrasos sistemáticos.
El sistema de salud del magisterio ha atravesado una transformación significativa tras años de denuncias por corrupción e ineficiencia.
Martha Alfonso explicó que el modelo anterior, gestionado por La Fiduprevisora, estaba plagado de irregularidades, como cobros excesivos, atención de baja calidad y deudas desde 2017 que superan los 2 billones de pesos como fue revelado recientemente por el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena.
Además, reveló que los servicios médicos eran contratados por operadores privados que limitaban el acceso a tratamientos adecuados.
Pese a las críticas de ese nuevo modelo, impulsado por el actual gobierno, Alfonso dijo que era un modelo que buscaba eliminar la intermediación, establecer un tarifario único, garantizar acceso directo a la red médica y recuperar recursos desviados, con el fin de ofrecer una atención digna y oportuna a los docentes.
Una carrera docente desvalorizada
Martha Alfonso expuso también la frustración de los docentes con respecto a la falta de reconocimiento salarial. Indicó que muchos maestros con más de 20 años de experiencia, títulos de maestría o doctorado siguen congelados en escalafones bajos pese al aumento progresivo de la bonificación pedagógica, que subirá según el Decreto 1316 de 2024.
Si bien reconoció esfuerzos recientes por nivelar los salarios y mejorar las bonificaciones, señaló que la inequidad persiste y que se necesitan reformas más profundas para garantizar justicia salarial en la profesión docente.
Aunque el ministerio de Educación ha mencionado que la formación de sus profesores también ha sido priorizada con estrategias como Poder Pedagógico Popular que lanzó más 25.000 oportunidades de formación docente entre licenciaturas, especializaciones y posgrados, articulando necesidades territoriales con oferta académica pertinente, aún persisten desafíos, especialmente en el nivel superior. De los 164.734 docentes de instituciones públicas y privadas, solo el 19,19% cuenta con contratos estables.
Por ello, el Decreto 0391 de 2025 promueve Planes de Formalización Laboral en las IES estatales, apostando por la contratación mediante concursos de mérito.
Finalmente, Alfonso envió un mensaje emotivo y esperanzador a los docentes, especialmente aquellos en zonas de conflicto: “Fecode está aquí al frente, tratando siempre de no solo hacer denuncias sino prevención, acompañamiento”, reconoció el trabajo heroico de quienes enseñan en condiciones extremas: “Esos maestros que atraviesan lodazales, montañas, campos minados, que se mantienen en condiciones tan difíciles. Total admiración. Mi respeto”.
La entrevista con Martha Alfonso pone sobre la mesa una radiografía urgente del sistema educativo en Colombia. Desde la precariedad estructural hasta las amenazas por conflicto armado, pasando por la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento, los maestros enfrentan una realidad que exige acciones concretas y sostenidas por parte del Estado.
En definitiva, reconocer a los maestros y maestras de Colombia implica garantizar condiciones laborales dignas, formación continua y un rol activo en la transformación social del país. Porque sin maestros no hay educación, y sin educación no hay futuro.
