
A solo 17 días del inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) ha emitido un nuevo mensaje público dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que reitera su llamado urgente a establecer un diálogo directo con el Gobierno para definir el rumbo de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
En el comunicado, FECODE subraya su disposición al diálogo, al tiempo que enfatiza su preocupación por el destino de los recursos recientemente recuperados tras la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024, el cual modifica el esquema de financiación del sistema educativo público. Esta reforma, considerada un logro histórico por el sindicato, fue el resultado de más de dos décadas de lucha del magisterio colombiano.
Un llamado a la responsabilidad y a evitar “falsas autonomías”
El gremio docente insiste en que los recursos que se han logrado recuperar deben enfocarse en garantizar la universalización progresiva de los derechos educativos, especialmente en las regiones históricamente excluidas. En este sentido, FECODE advierte sobre los riesgos de un mal manejo de estos fondos, incluyendo su posible despilfarro, su uso clientelista por clanes regionales o la fragmentación del sistema educativo nacional bajo la bandera de una supuesta descentralización.
"No al despilfarro de los mismos, ni al favorecimiento de los clanes regionales en nombre de falsas autonomías", se lee en la misiva.
Esta posición deja ver la tensión existente entre los intereses del sindicato y algunos sectores del Gobierno o autoridades locales, que podrían estar impulsando una mayor autonomía regional sin salvaguardas claras para garantizar la calidad y equidad del sistema educativo.
Reforma al SGP: ¿cuál es el paso siguiente?
El Acto Legislativo 03 de 2024 representa una modificación sustancial del SGP, el cual financia servicios esenciales como educación, salud y agua potable en los municipios y departamentos del país. Sin embargo, para que esta reforma se convierta en una realidad efectiva, el Congreso debe aprobar una ley orgánica de competencias que reglamente los cambios y defina cómo se distribuirán los recursos.
Para FECODE, este proceso legislativo es crucial. En su carta, el sindicato recalca que dicho debate debe realizarse de manera concertada y transparente, priorizando el interés general sobre cualquier agenda política particular.
"Un diálogo sobre la ley orgánica de competencias para reglamentar la reforma al SGP es prioritario y urgente", enfatiza el sindicato.
Preparados para el diálogo… y la movilización
Aunque FECODE mantiene una postura de apertura al diálogo institucional, también advierte que está lista para activar una gran movilización social si no se garantiza la participación efectiva del magisterio en las decisiones clave. Esta advertencia refleja la capacidad de convocatoria que ha demostrado el sindicato en otras coyunturas críticas y su disposición a defender en las calles lo que consideran derechos fundamentales.
Con este mensaje, FECODE deja claro que no bajará la guardia en el seguimiento y exigencia del cumplimiento del acuerdo político que permitió la reforma al SGP. Asimismo, reafirma su papel como actor central en la defensa de la educación pública, del carácter nacional del sistema y del respeto por los logros sindicales acumulados.
Una tensión que marcará la agenda legislativa
Este nuevo pronunciamiento se da en un momento clave para el gobierno Petro, que enfrenta múltiples frentes de negociación con distintos sectores sociales. La presión de FECODE podría marcar el tono de los debates legislativos en materia educativa, especialmente en un Congreso fragmentado y con diversas visiones sobre la descentralización, la eficiencia del gasto público y el modelo de financiación de derechos sociales.
Lo que está en juego no es menor: el futuro del sistema educativo público colombiano y la forma en que el país materializa uno de sus compromisos constitucionales más importantes. FECODE, con su carta, busca recordar al presidente Petro que la lucha por una educación digna, equitativa y nacional aún no ha terminado.