El reconocido abogado penalista Alejandro Benavides en entrevista con Kienyke.com analizó la situación judicial que enfrenta el ex ciclista colombiano Lucho Herrera, señalado por exparamilitares en relación con la desaparición y muerte de dos campesinos en el año 2002 identificados como Víctor y José del Carmen Rodríguez.
Durante años, las denuncias interpuestas por las familias no produjeron avances significativos. Sin embargo, la situación cambió tras una sentencia contra el exparamilitar Luis Gómez, alias ‘Ojitos’, en la cual se revelaron detalles clave que reactivaron el caso.
Alias ‘Ojitos’, junto con otros dos exparamilitares, implicó a ‘Lucho’ Herrera en los crímenes, señalándolo como quien habría coordinado una reunión con el cabecilla paramilitar Martín Llanos. De acuerdo con su testimonio, el exciclista habría buscado venganza por disputas relacionadas con tierras y presunto robo de ganado.
Como resultado de estas declaraciones, la Fiscalía recibió copias compulsadas para investigar la posible participación de Herrera, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos citó a versión libre a los hermanos Herrera como parte de un proceso que se adelanta bajo los términos de la Ley 600 de 2000. El caso está vinculado a la violencia perpetrada por las Autodefensas Campesinas de Casanare y tiene como contexto el conflicto armado que afectó a diversas regiones del país.
En una conversación clara y precisa, Benavides desglosó los aspectos clave del caso y su relevancia dentro del sistema penal colombiano.
Un caso sin prescripción por tratarse de delito de lesa humanidad
Benavides comenzó explicando que el tipo penal al que se enfrentaría Herrera —en caso de comprobarse su responsabilidad— es el de desaparición forzada, consagrado en el artículo 165 del Código Penal colombiano. Este delito, por su naturaleza, no prescribe, debido a su clasificación como crimen de lesa humanidad.
“Este tipo de delitos, al ser de lesa humanidad, no prescriben”, afirmó Benavides, subrayando que no aplican los límites temporales del artículo 83 del mismo código.
Además, Colombia está obligada a investigar y sancionar estos hechos debido a compromisos internacionales. El abogado mencionó expresamente el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada como tratados ratificados que fortalecen la obligación del Estado.
“Colombia ha sido tradicionalmente garante y respetuosa del Derecho Internacional Humanitario”, recordó el penalista.
¿Está Lucho Herrera acusado formalmente?
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la aclaración sobre el estado procesal actual de Herrera. Según Benavides, no ha sido imputado formalmente por la Fiscalía General de la Nación. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que tanto él como su hermano fueron citados a rendir versión libre los días 5 y 6 de junio.
“Esto no quiere decir que estén formalmente acusados o que se los haya vinculado directamente en la investigación”, puntualizó el abogado.
Benavides insistió en que esta diligencia busca esclarecer los hechos y evaluar la veracidad de los testimonios entregados por los exparamilitares que lo mencionan.
Posibles delitos y penas en caso de comprobación
Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes que indiquen la participación de Herrera en los hechos, las consecuencias podrían ser graves. Benavides fue enfático en destacar que la desaparición forzada contempla penas que superan los 20 años de prisión, sin posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios.
“Las penas son bastante drásticas porque superan incluso los 20 años de prisión. No tienen beneficios como los subrogados penales o rebajas por cumplimiento de tres quintas partes de la pena”, añadió.
En caso de comprobarse que Herrera ofreció dinero a cambio de la desaparición de los dos campesinos —como lo señalaron los testigos— el caso se agravaría aún más.
El rol de las pruebas y la importancia de los testimonios
Respecto al valor probatorio de los testimonios de los exparamilitares, Benavides recordó que la Fiscalía debe contrastar esa información con otros elementos materiales de prueba. Mencionó que una pieza clave serían las declaraciones de los autores materiales del crimen, quienes podrían confirmar si Herrera dio la orden o entregó dinero para que se cometiera el acto.
“Si él dio la orden, si entregó los 40 millones de pesos para que se cometiera esa lamentable conducta, eso sería determinante”, explicó.
También indicó que cualquier contradicción en las versiones entre Herrera y su hermano será evaluada cuidadosamente por el fiscal del caso.
“El fiscal delegado deberá analizar la congruencia, la lógica, la razón con la cual se responde a la formulación de ese interrogatorio”, indicó.
¿Hay presión mediática en este caso?
Benavides reconoció que la participación de una figura pública como Lucho Herrera en un caso judicial de esta magnitud genera una gran expectativa en la opinión pública. Sin embargo, enfatizó que el sistema judicial colombiano está preparado para actuar con imparcialidad y no dejarse influenciar por el entorno mediático.
“Nuestros jueces y fiscales son profesionales altamente capacitados, de manera ética y profesional”, sostuvo agregando que: "este tipo de casos, al ser mediáticos, generan mucha expectativa en la sociedad civil”.
¿Qué sigue en el proceso?
El abogado recordó que el sistema penal acusatorio colombiano es garantista y tiene como principio rector la celeridad procesal. A su juicio, el caso se está desarrollando dentro de los plazos razonables, tanto por parte de la Fiscalía como del sistema judicial en general.
“Se están realizando de acorde a los tiempos, a los plazos previstos por el Estatuto Procesal Penal colombiano. Se está llevando a cabo un trabajo muy profesional y dinámico por parte de la Fiscalía”, concluyó.
Por lo pronto la Fiscalía General de la Nación anunció que los días 5 y 6 de junio se realizarán las diligencias judiciales contra el exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera y su hermano Rafael Herrera.
