El ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, presentó ante los jueces de la República el panorama actual del comportamiento de la pandemia, los avances que se han realizado en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 y la Resolución 777 de 2021, norma que ha sido cuestionada por muchos.
En cuanto a la ley que da orientaciones para la apertura gradual, progresiva y responsable de los sectores económicos del país, el jefe de cartera aseveró que la resolución "no es un pasaporte hacia la apertura generalizada e inmediata de las actividades sociales en Colombia".
Continuando con esta línea, Ruiz Gómez explicó cuál era el propósito de la resolución. "Tiene unas limitaciones que hace prácticamente imposible la reactivación masiva en estos momentos", explicó haciendo referencia a que la reapertura de las ciudades solo se dará si se cuenta con una ocupación de camas UCI por debajo del 85%.
En cuanto a este número, el ministro resaltó que actualmente de las 25 ciudades más grandes del país, 22 no cumplen con los criterios que se han designado en el documento.
"Con excepción de Leticia, Barranquilla y Montería, el resto de las ciudades del país no puede hacer una apertura generalizada y solo lo podrán iniciar en el momento en el cual esté por debajo de la línea del 85 % de la ocupación de UCI, momento en el cual podrá tener aforos", explicó.
Ante este panorama, el funcionario indicó que es necesario que el país realice una apertura progresiva en donde la vacunación masiva de docentes y otros empleados ha sido clave para este proceso.
“Las directivas que se dan para educación y lo laboral, deben entenderse como acciones progresivas que dependen del avance en el Plan de Vacunación”, expresó el Ruiz Gómez.
En cuanto a los retos actuales que se han tenido que asumir en la mitigación de propagación del virus y plan de vacunación, señaló cómo se dio la priorización de poblaciones esenciales.
"Esa decisión se tomó porque, por ejemplo, una persona mayor de 80 años tiene 600 veces más riesgo de morir, que una persona de 18 a 25 años, de manera que la evidencia era contundente frente las diferenciales de riesgos", enfatizó.