Los recursos que ha asignado el Gobierno Nacional para financiar los subsidios de gas natural a los estratos 1 y 2 no son suficientes, lo que ha provocado demoras en los pagos a las compañías que prestan ese servicio.
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Así lo determinó la Contraloría General de la República que aseguró que en el Presupuesto General de la Nación no se asignaron recursos para cubrir de manera completa el subsidio al subsidio de gas natural en el país, lo cual “lleva a que el Ministerio de Minas y Energía, como ejecutor de este presupuesto, postergue sus pagos de un año a otro con atrasos de hasta más de 1 año, afectando a las empresas que prestan el servicio”, señaló la entidad.
Según el estudio de la Contraloría, en el año 2017 el dinero necesario para cumplir con los costos del subsidio era de 782.220 millones, de los cuales solo se asignaron 268.000, dejando un déficit de 514.220 millones menos de los solicitado. Caso similar sucedió en 2018, cuando se solicitaron 1.185.996 millones y se asignaron 779.605, marcando una diferencia de -34%.
En el informe se encontró también que las reservas de Gas Natural vienen decayendo desde el 2012, cuando se registraban 5.727 Giga Pies Cúbicos GPC, y hoy en día se habla de 3.163 GPC, lo cual es una alerta para la garantía de abastecimiento con producto nacional.
Así mismo, muchas personas no han recibido el subsidio, por lo que no han podido pagar o acceder al servicio y han vuelto a utilizar formas de cocción como el uso de leña, principalmente en los sectores rurales, lo que ocasiona tanto problemas ambientales como afectaciones a la salud de las familias.
Ese alto valor del servicio de gas natural en el país, según la Contraloría, es el resultado de varios factores. Primero, porque el transporte por las vías primarias y el valor comercial del producto representan el 60% del costo final al usuario.
Segundo, el comercializador del sector regulado domiciliario no obtiene la totalidad del producto demandado de la fuente más económica. Esto ocasiona que el valor del producto al usuario final sea el resultado de promediar todas las compras hechas por el comercializador (proceso denominado canasteo), lo que hace más complejo controlar las tarifas a los usuarios en las diferentes regiones.
Adicionalmente, según señaló la Contraloría, “el gas combustible es transado en dólares en el territorio nacional, pero se paga en pesos y el ajuste se hace mes a mes con la Tasa Representativa del Mercado TRM; cuando esta va al alza -como ocurre actualmente- los precios de la factura se hacen impagables para los sectores menos favorecidos. Esta situación ocasionó un congelamiento de las tarifas”.
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Por estos hallazgos, la Contraloría recomendó al gobierno nacional revisar la estructura tarifaria porque las altas volatilidades de la TRM hacen que se afecte el costo del servicio. Así mismo, señaló que la escasez de producto y la posición dominante, hacen que el precio aumenta año a año y el Estado requiera destinar más recursos a los subsidios.
