La estrategia de Pretelt para mejorar su imagen que molestó a la Corte

La estrategia de Pretelt para mejorar su imagen que molestó a la Corte

7 de septiembre del 2015

La mayoría de periodistas que cubren la fuente judicial de altas cortes han recibido en las últimas semanas llamadas de una funcionaria de la Corte Constitucional para solicitar información personal y actualizar la base de datos.

Muy rápido y con frecuencia a los correos de los periodistas llega un resumen de algunas tutelas de trascendencia nacional falladas por el magistrado de la Corte, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en las que se amparan derechos de poblaciones vulnerables o marginadas.

Esto no tendría nada de raro, si no fuera porque el uso de las bases de datos de periodistas y divulgación de información o comunicados sólo está permitido para el presidente de la Corte Constitucional de turno, pues normalmente es ese dignatario quien lleva la vocería de la corporación.

Kienyke.com supo que del envío de información desde el despacho del magistrado Pretelt no había sido informada la presidenta del alto tribunal María Victoria Calle, quien después de enterarse de la información se molestó y decidió tratar el tema en la próxima sala plena de la Corte, agendada para el próximo miércoles.

De esta manera, vuelven los roces al interior de la máxima corporación judicial en Colombia, originada por decisiones del que hasta hace unos meses era su presidente, el magistrado Pretelt Chaljub, quien actualmente es investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el escándalo de la tutela de Fidupetrol.

Las tutelas enviadas desde el despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt hacen parte de una estrategia para mejorar su imagen, que se vio empañada a raíz del citado escándalo que lo puso en el ojo del huracán.

Entre los fallos enviados al correo de varios periodistas resaltan dos tutelas, una de las cuales le ordena al Gobierno mejorar las condiciones para la atención de salud mental de las víctimas de la violencia, y la otra ordena adoptar medidas para formalizar la minería en el país.