El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General a pagar más de 362 millones de pesos a tres personas que fueron señaladas injustamente de ser milicianos de las Farc en la etapa en la que este grupo libraba el conflicto armado con el Estado en el departamento del Cauca.
Los tres ciudadanos permanecieron privados de la libertad entre diciembre de 2003 y junio de 2004, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación penal en su contra por rebelión con base a un informe de inteligencia y testimonios de supuestos exintegrantes del entonces grupo guerrillero.
Los tres eran señalados de haber participado, incluso, en operaciones armadas de la insurgencia en esa región del país.
El alto tribunal judicial explicó que, al concluir que no existían elementos que demostraran la culpabilidad de los procesados en dichas actividades subversivas, la Fiscalía terminó precluyendo la investigación a su favor.
Indicó que, entre octubre del 2011 y abril del 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca emitió las sentencias de primera instancia por medio de las cuales se condenó a la Fiscalía a reparar daños morales y materiales causados por la privación injusta de la libertad.
El Consejo de Estado ratificó la condena en segunda instancia. Explicó que, si bien la legislación vigente al momento de producirse el proceso penal habilitaba al organismo de investigación a emitir una medida privativa de la libertad con la existencia de al menos dos indicios graves sobre la responsabilidad de los indiciados en los delitos investigados, en este caso, "ni siquiera se tenía la certeza de que quienes ofrecieron los testimonios que señalaban a los procesados de integrar las Farc realmente hicieran parte de ese grupo".
"La corporación judicial determinó que la Fiscalía es administrativa y patrimonialmente responsable del daño causado", finalizó el alto tribunal en su decisión.