FCF se defiende de las acusaciones en su contra

10 de diciembre del 2019

¿En qué va la investigación?

FCF

Exdirectivos y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) vuelven a estar en el ojo del huracán por supuestos sobornos y reventa de boletería en diferentes encuentros de la Selección Colombia.

El expresidente de la Federación Luis Bedoya, el presidente Ramón Jesurún y el vicepresidente Álvaro González, al parecer, estarían involucrados en este caso de corrupción de acuerdo a los señalamientos que hizo Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor, en septiembre de 2018 ante la Fiscalía General.

El Cuerpo Técnico de Investigación sacó a la luz esta denuncia en medio de la imputación de cargos contra el empresario de Tu Ticket Ya, Medardo Alberto Romero, involucrado, según la Fiscalía, en la reventa de las boletas del partido Colombia-Brasil que se disputó en septiembre de 2017.

Perdomo denunció ante el ente acusador que Bedoya, Jesurúm y González recibieron cada uno $1.000 millones para que Tu Ticket Ya se quedara con el jugoso contrato.

Esta información del supuesto soborno se la filtró al expresidente de la Dimayor, el expresidente del Real Cartagena, Rodrigo Rendón Cano.

Dada esta denuncia, la Federación Colombiana de Fútbol sacó un comunicado donde afirmó que “el falso testimonio del señor Perdomo fue desvirtuado el pasado 25 de noviembre de 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio por considerarlo contradictorio y omisivo”.

Por esta razón, la Federación, en cabeza de Ramón Jesurún, realizó una denuncia penal contra Jorge Perdomo por el delito de falso testimonio.

La Federación, quien asegura que no existen pruebas algunas para este caso, señaló que “cada vez que vuelve a aparecer este falso testimonio, se hace daño al fútbol en general y a las personas mencionadas en particular”.

Asimismo, al finalizar el comunicado, la Federación confirmó su colaboración con las autoridades para esclarecer estos hechos.

¿Qué ocurrió con Medardo Alberto Romero?

La Fiscalía culpó a Romero por los delitos de agiotaje agravado, corrupción privada y concierto para delinquir. Sin embargo, el empresario, que al parecer habría participado en la reventa de 3.353 boletas, no aceptó los cargos.

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