El dos de mayo de 2013 el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en un evento para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, dijo, amparado en unas cifras del DANE, que cerca de 134 mil empleados formalizaron sus tipos de contratos, con lo que el trabajo formal en la capital alcanzó al 56 % del total de la población.
“Se acabó la tercerización de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB) y se vinculó al trabajo con prestaciones a 1.200 trabajadores. Además logramos contratos con prestaciones a más de 2.000 trabajadores del aseo”, añadió el alcalde, que reafirmó que uno de los mayores beneficios de la ciudad es haber conseguido la dignificación laboral de miles de empleados públicos.
La concejal por el Partido Liberal María Victoria Vargas, y otras voces, no comparten la opinión del alcalde y critican la forma como se contrata en el distrito.
En entrevista con KienyKe.com Vargas afirmó que según cifras entregadas por el Ministerio de Trabajo, “por cada 100 empleados de planta que hay en las entidades territoriales, hay 107 por orden de prestación de servicios. Es decir, que de los 270.681 funcionarios que tienen las entidades públicas hay 170.441 que son temporales.”
Vargas citó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para destacar que “al 31 de diciembre de 2011 se encontraban 29.624 contratistas por prestación de servicios y 3.044 supernumerarios, y a 31 de enero de 2012 son 27.811 contratistas por prestación de servicios y 1.959 supernumerarios”. Es decir, que durante la presente alcaldía, han sido retirados 1.813 contratistas por prestación de servicios y 1.085 supernumerarios.
“La administración dijo que redujo los contratistas con relación al año anterior, yo creo que han aumentado. Decíamos cómo por ejemplo, frente a cuatro empleados de planta a nivel nacional existe un funcionario por prestación de servicios. En Bogotá, por cada funcionario existen cuatro vinculados por prestación de servicios. Más del 80 por ciento están contratados bajo esta modalidad”, asegura María Victoria Vargas.
IDPAC: Ejemplo de contratación por servicios
El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) cuenta con 108 empleados de planta. Fuentes de la misma institución, de manera extraoficial, aseguran que la entidad tiene 188 contratistas (vinculados por prestación de servicios). KienyKe.com conoció varias denuncias en referencia al sistema de contratación por parte del IDPAC, que según contratistas , genera inestabilidad, tráfico de influencias, persecución laboral y detrimento patrimonial. “No son empleos de calidad, no hay garantía de prestaciones, no le permite a la gente alcanzar una pensión en su vejez. ¿Esta es la Bogotá Humana?”, manifestó un funcionario de esta entidad, la cual pertenece a la Secretaría Distrital de Gobierno.
¿Bajo qué lógica se hacen contratos a 37 días?
Si bien una de las modalidades contractuales legales en el país tiene que ver con la prestación de servicios, los expertos consideran que tanto públicos como privados han utilizado esta figura para evadir las cargas prestacionales. Según ellos, como tal, estas implementaciones no están mal diseñadas, pero hay un abuso por parte de los empleadores en el manejo de los contratos.
Varios trabajadores del IDPAC, que pidieron no revelar sus nombres, aseguraron que desde la llegada de Aura Deisy Ruiz como directora del instituto en julio de 2012, se ha visto una degradación en el modelo de contratación. Aseguran que en el último año se les ha cancelado el contrato a dos mujeres en embarazo, algo inconstitucional; por otro lado hablan de que a varios empleados profesionales les han adjudicado contratos como técnicos, disminuyéndoles el salario.
Denunciaron que en enero cuatro personas se ocuparon de las obligaciones de 60, debido a que no se autorizó la firma de los contratos. En consecuencia, dicen, la entidad "funcionó a media máquina".
Kienyke.com conoció dos contratos, uno por 37 días en el que se vinculó a un empleado para ayudar en la revitalización de la organización comunal y una adición por 10 días en la que se da cumplimiento a la labor. “Estos contratos se han venido presentando por varios meses. ¿Con qué proyección mínima cuenta una persona que está sujeta a este tipo de modelos contractuales?¿Cuál es el desgaste administrativo con la asignación de estos contratos? ¿ No hay un detrimento patrimonial al permitir que esto se dé?”, cuenta uno de los exempleados de la entidad.
Esta copia de una adición de contrato del IDPAC demuestra la prórroga por diez días a la que fue sometida el trabajador.
Esta copia de un contrato del IDPAC muestra la asignación salarial de un mes.
Sandra Muñoz, responsable en inclusión laboral de la Escuela Nacional Sindical, cree que si la formalización laboral es un tema de importancia para el gobierno distrital, no se puede seguir haciendo contratación por servicios ya que por ejemplo, hay sentencias de ley ganadas por los trabajadores que demandan al Estado, lo que contribuye al gasto presupuestal en compensaciones que deberían ser utilizadas para fomentar políticas de empleo digno.
“Cumples horarios, te dan ordenes, representas al Estado, se entiende que deberías ser un trabajador directo. Ya los empleados han empezado a demandar y la Corte ha declarado estas demandas ‘realidad’. Es un riesgo con el presupuesto. Hay personas que llevan más de 12 años en prestación de servicios”.
Otro contratista del IDPAC manifiesta que la dignificación de las condiciones de los trabajadores es necesaria. Dice que una cosa es hacer contratos a un mes y otra a 11 meses, lo que por lo menos permite hacer una planificación anual. Mantener en la zozobra y la intranquilidad a un contratista genera para esta persona una mala imagen de la administración distrital. “Nosotros creemos en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, creemos en las transformaciones que se han venido dando en la administración. Pero el IDPAC debería ser el eje de trabajo articulado con los demás sectores del distrito para fortalecer los procesos de Bogotá. Es imposible que con contratos de un mes o mes y medio se puedan articular los objetivos misionales de la entidad a un mediano y largo plazo”.
“Es injusto que una institución le quite los derechos a una mujer”
Pilar Rincón entró al IDPAC como contratista en la gerencia de Mujer y Género por cinco meses. En el transcurso de este proceso, cuenta que el programa Casa de Igualdad de Oportunidades iba a pasar a la que hoy en día se conoce como la Secretaría Distrital de la Mujer. Durante el desarrollo del contrato, Rincón dice que el nuevo organismo demoró en entrar a trabajar por lo que sus funciones fueron extendidas por tres meses más. En el proceso de transición le prometieron continuar con el proyecto.
“Ya se iba terminando mi contrato y una persona preguntó si yo iba a presentar una entrevista en la Secretaría de la Mujer, yo dije que no porque tengo un compromiso con la Casa de Igualdades de la Mujer. A última hora el proceso se dilató, y me cuentan que hasta hace un mes volvieron a contratar una persona en la gerencia de mujer y género”.
La entonces representante de una de las seccionales dedicadas a luchar por la equidad de género denuncia que se presentaron trabas en su trabajo cuando se enteraron que estaba en embarazo. Rincón cuenta que envió una carta al término del embarazo en la que solicitaba la agilización de los procesos de contratación. Dice que una abogada estudió su caso y le dijo que el objeto contractual estaba limitado a la Casa de Igualdad de Oportunidades. Le terminaron el contrato.
“Me asesoré con una abogada, ella dijo que presentara la tutela, que podía continuar porque constitucionalmente estaba protegida por el fuero materno. Lo presentamos, el juez falló a mi favor, le sugirió al IDPAC contratarme por el mismo término y bajo las mismas condiciones de mi anterior contrato".
A Pilar le renovaron el contrato por cinco meses. El seis de junio firmó y lo tiene suspendido mientras cumple su licencia de maternidad. Anota que a partir del 20 de septiembre inicia de nuevo labores pero no en la gerencia de equidad de género. “Me interesaría estar allá pero no me quisieron dejar ahí porque yo le había puesto una demanda al IDPAC”.
Además, un juez le recomendó que por vía administrativa planteara que durante su contratación estaba realizando labores adicionales a las estipuladas por el contrato, cuando la legislación establece que los contratos por prestación de servicios se rigen a misiones específicas.
Para la contratista del IDPAC es “absolutamente injusto e ilegitimo que una institución que manejó la política de mujer y género durante mucho tiempo vaya a quitarle los derechos a una mujer embarazada”.
Para la concejal María Victoria Vargas es necesario contratar personal y regularizar el empleo bajo la modalidad contractual de prestación de servicios con la creación de una planta temporal de empleo, utilizada en otras dependencias del gobierno distrital.
El IDPAC responde
KienyKe.com intentó comunicarse con la entonces directora del IDPAC, Aura Deisy Ruiz, pero no hubo respuesta de la funcionaria. Adriana Villamizar, asesora del despacho del organismo, y Mauricio Betancourt, Secretario General del instituto explicaron que la creación de una planta temporal de empleo para formalizar a varios trabajadores está en marcha, pero ha sido lenta por los trámites que han tenido que realizar ante otras entidades. Desde el 31 de enero empezaron con el proceso de creación de una planta temporal de empleo para formalizar a varios trabajadores. Cuentan que el Departamento Administrativo del Servicio Civil les dio concepto de viabilidad el 24 de mayo. Luego, el IDPAC presentó ante Hacienda Distrital el proyecto que fue validado por la Secretaría el 3 de julio; el 9 del mismo mes se radicó ante la Comisión Nacional de Servicio Civil que lo aprobó el 12 de agosto.
"Con esto damos cumplimiento a la circular 046 del 18 de diciembre de 2012 y avanzamos en el proyecto de dignificación de empleo público contemplado en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana (...) en enero nos dijeron que el proceso se demoraba tres meses, razón por la cual ejecutamos contratos cortos, sin tener en cuenta que cada entidad tiene sus tiempos", enfatiza Villamizar.
Los representantes del IDPAC manifiestan que se encuentran en el proceso de información y vinculación de todo lo relacionado con la planta de empleo temporal, lo que les tomará un mes. La asesora del despacho dice que está aprobada la vinculación de 94 profesionales y 89 técnicos, quienes deben pasar los exámenes y las pruebas pertinentes.
El caso de IDPAC es apenas una muestra de la manera como se contrata en el sector oficial a nivel nacional. Una de las fuentes consultadas para este artículo dijo que el Estado debería dar ejemplo a la hora de contratar. Como lo mencionó una de las personas que se citaron este texto, nadie puede planificar con tranquilidad un año de vida con contratos de un mes.
A mediados de octubre del año pasado Aura Deisy Ruiz dejó el cargo como directora del IDPAC. En su reemplazo quedó la manizaleña Laura Patricia García Mejía.
¿Bajo qué lógica se hacen contratos a 37 días?
Si bien una de las modalidades contractuales legales en el país tiene que ver con la prestación de servicios, los expertos consideran que tanto públicos como privados han utilizado esta figura para evadir las cargas prestacionales. Según ellos, como tal, estas implementaciones no están mal diseñadas, pero hay un abuso por parte de los empleadores en el manejo de los contratos.
Varios trabajadores del IDPAC, que pidieron no revelar sus nombres, aseguraron que desde la llegada de Aura Deisy Ruiz como directora del instituto en julio de 2012, se ha visto una degradación en el modelo de contratación. Aseguran que en el último año se les ha cancelado el contrato a dos mujeres en embarazo, algo inconstitucional; por otro lado hablan de que a varios empleados profesionales les han adjudicado contratos como técnicos, disminuyéndoles el salario.
Denunciaron que en enero cuatro personas se ocuparon de las obligaciones de 60, debido a que no se autorizó la firma de los contratos. En consecuencia, dicen, la entidad "funcionó a media máquina".
Kienyke.com conoció dos contratos, uno por 37 días en el que se vinculó a un empleado para ayudar en la revitalización de la organización comunal y una adición por 10 días en la que se da cumplimiento a la labor. “Estos contratos se han venido presentando por varios meses. ¿Con qué proyección mínima cuenta una persona que está sujeta a este tipo de modelos contractuales?¿Cuál es el desgaste administrativo con la asignación de estos contratos? ¿ No hay un detrimento patrimonial al permitir que esto se dé?”, cuenta uno de los exempleados de la entidad.
Esta copia de una adición de contrato del IDPAC demuestra la prórroga por diez días a la que fue sometida el trabajador.
Esta copia de un contrato del IDPAC muestra la asignación salarial de un mes.
Sandra Muñoz, responsable en inclusión laboral de la Escuela Nacional Sindical, cree que si la formalización laboral es un tema de importancia para el gobierno distrital, no se puede seguir haciendo contratación por servicios ya que por ejemplo, hay sentencias de ley ganadas por los trabajadores que demandan al Estado, lo que contribuye al gasto presupuestal en compensaciones que deberían ser utilizadas para fomentar políticas de empleo digno.
“Cumples horarios, te dan ordenes, representas al Estado, se entiende que deberías ser un trabajador directo. Ya los empleados han empezado a demandar y la Corte ha declarado estas demandas ‘realidad’. Es un riesgo con el presupuesto. Hay personas que llevan más de 12 años en prestación de servicios”.
Otro contratista del IDPAC manifiesta que la dignificación de las condiciones de los trabajadores es necesaria. Dice que una cosa es hacer contratos a un mes y otra a 11 meses, lo que por lo menos permite hacer una planificación anual. Mantener en la zozobra y la intranquilidad a un contratista genera para esta persona una mala imagen de la administración distrital. “Nosotros creemos en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, creemos en las transformaciones que se han venido dando en la administración. Pero el IDPAC debería ser el eje de trabajo articulado con los demás sectores del distrito para fortalecer los procesos de Bogotá. Es imposible que con contratos de un mes o mes y medio se puedan articular los objetivos misionales de la entidad a un mediano y largo plazo”.
“Es injusto que una institución le quite los derechos a una mujer”
Pilar Rincón entró al IDPAC como contratista en la gerencia de Mujer y Género por cinco meses. En el transcurso de este proceso, cuenta que el programa Casa de Igualdad de Oportunidades iba a pasar a la que hoy en día se conoce como la Secretaría Distrital de la Mujer. Durante el desarrollo del contrato, Rincón dice que el nuevo organismo demoró en entrar a trabajar por lo que sus funciones fueron extendidas por tres meses más. En el proceso de transición le prometieron continuar con el proyecto.
“Ya se iba terminando mi contrato y una persona preguntó si yo iba a presentar una entrevista en la Secretaría de la Mujer, yo dije que no porque tengo un compromiso con la Casa de Igualdades de la Mujer. A última hora el proceso se dilató, y me cuentan que hasta hace un mes volvieron a contratar una persona en la gerencia de mujer y género”.
La entonces representante de una de las seccionales dedicadas a luchar por la equidad de género denuncia que se presentaron trabas en su trabajo cuando se enteraron que estaba en embarazo. Rincón cuenta que envió una carta al término del embarazo en la que solicitaba la agilización de los procesos de contratación. Dice que una abogada estudió su caso y le dijo que el objeto contractual estaba limitado a la Casa de Igualdad de Oportunidades. Le terminaron el contrato.
“Me asesoré con una abogada, ella dijo que presentara la tutela, que podía continuar porque constitucionalmente estaba protegida por el fuero materno. Lo presentamos, el juez falló a mi favor, le sugirió al IDPAC contratarme por el mismo término y bajo las mismas condiciones de mi anterior contrato".
A Pilar le renovaron el contrato por cinco meses. El seis de junio firmó y lo tiene suspendido mientras cumple su licencia de maternidad. Anota que a partir del 20 de septiembre inicia de nuevo labores pero no en la gerencia de equidad de género. “Me interesaría estar allá pero no me quisieron dejar ahí porque yo le había puesto una demanda al IDPAC”.
Además, un juez le recomendó que por vía administrativa planteara que durante su contratación estaba realizando labores adicionales a las estipuladas por el contrato, cuando la legislación establece que los contratos por prestación de servicios se rigen a misiones específicas.
Para la contratista del IDPAC es “absolutamente injusto e ilegitimo que una institución que manejó la política de mujer y género durante mucho tiempo vaya a quitarle los derechos a una mujer embarazada”.
Para la concejal María Victoria Vargas es necesario contratar personal y regularizar el empleo bajo la modalidad contractual de prestación de servicios con la creación de una planta temporal de empleo, utilizada en otras dependencias del gobierno distrital.
El IDPAC responde
KienyKe.com intentó comunicarse con la entonces directora del IDPAC, Aura Deisy Ruiz, pero no hubo respuesta de la funcionaria. Adriana Villamizar, asesora del despacho del organismo, y Mauricio Betancourt, Secretario General del instituto explicaron que la creación de una planta temporal de empleo para formalizar a varios trabajadores está en marcha, pero ha sido lenta por los trámites que han tenido que realizar ante otras entidades. Desde el 31 de enero empezaron con el proceso de creación de una planta temporal de empleo para formalizar a varios trabajadores. Cuentan que el Departamento Administrativo del Servicio Civil les dio concepto de viabilidad el 24 de mayo. Luego, el IDPAC presentó ante Hacienda Distrital el proyecto que fue validado por la Secretaría el 3 de julio; el 9 del mismo mes se radicó ante la Comisión Nacional de Servicio Civil que lo aprobó el 12 de agosto.
"Con esto damos cumplimiento a la circular 046 del 18 de diciembre de 2012 y avanzamos en el proyecto de dignificación de empleo público contemplado en el plan de desarrollo de la Bogotá Humana (...) en enero nos dijeron que el proceso se demoraba tres meses, razón por la cual ejecutamos contratos cortos, sin tener en cuenta que cada entidad tiene sus tiempos", enfatiza Villamizar.
Los representantes del IDPAC manifiestan que se encuentran en el proceso de información y vinculación de todo lo relacionado con la planta de empleo temporal, lo que les tomará un mes. La asesora del despacho dice que está aprobada la vinculación de 94 profesionales y 89 técnicos, quienes deben pasar los exámenes y las pruebas pertinentes.
El caso de IDPAC es apenas una muestra de la manera como se contrata en el sector oficial a nivel nacional. Una de las fuentes consultadas para este artículo dijo que el Estado debería dar ejemplo a la hora de contratar. Como lo mencionó una de las personas que se citaron este texto, nadie puede planificar con tranquilidad un año de vida con contratos de un mes.
A mediados de octubre del año pasado Aura Deisy Ruiz dejó el cargo como directora del IDPAC. En su reemplazo quedó la manizaleña Laura Patricia García Mejía.
