Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra actualmente privada de la libertad por los hechos ocurridos en 2019, cuando protagonizó actos vandálicos contra el sistema TransMilenio en medio de protestas sociales. Aunque ya había cumplido una parte de su condena a través de medidas como prisión domiciliaria, recientemente se le revocó este beneficio y fue trasladada a un centro carcelario.
Desde entonces, su defensa, liderada por el abogado Francisco Bernate, ha intentado distintos recursos legales para lograr que la empresaria —hoy madre cabeza de hogar y creadora de una exitosa línea de productos capilares— pueda cumplir su condena en casa, al lado de su hija de apenas un año.
Una de las opciones que más esperanza despierta en la defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es la Ley de Utilidad Pública, una figura legal que podría marcar un antes y un después en su proceso.
Desde el equipo de KienyKe.com conversamos con su abogado, Francisco Bernate, sobre las alternativas jurídicas que permitirían que su defendida cumpla la condena fuera de prisión. Entre todas, resalta una con fuerza: la Ley de Utilidad Pública, que —según Bernate— no solo representa una posibilidad real para Epa, sino que podría convertirse en un precedente clave para cientos de madres cabeza de hogar que hoy enfrentan situaciones similares en Colombia.
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¿En qué consiste esta ley?
Según explicó Bernate, la Ley de Utilidad Pública fue sancionada por el actual gobierno con el objetivo de permitir que madres cabeza de hogar, condenadas por ciertos delitos, puedan cumplir su pena desde casa, prestando un servicio en beneficio de la comunidad. Es decir, no se trata de un perdón, sino de una forma alternativa de sanción, más restaurativa, más humana y más enfocada en la reintegración.
“La ley permite que la pena se ejecute desde el lugar de residencia, siempre y cuando la persona beneficiada esté prestando un servicio útil a la sociedad. En el caso de Epa Colombia, le propusimos al juzgado un proyecto llamado ‘Aprende a emprender con Epa’, en el que ella capacitaría a otras madres cabeza de hogar en emprendimiento”, contó Bernate.
La defensa de Barrera Rojas asegura que se han agotado casi todas las vías posibles: tutela, recursos ante el juez y solicitudes por ser madre cabeza de hogar, las cuales han sido negadas. Sin embargo, aún tienen fe en esta solicitud basada en la Ley de Utilidad Pública.
“No hay una prohibición específica que la excluya de este beneficio. Sustentamos todo con suficiente soporte legal. Creemos que ella puede ser pionera en este camino y abrirle la puerta a otras mujeres en situación similar”, afirmó el abogado.
¿Qué está en juego?
Más allá del caso mediático, Bernate insistió en que esta no debería ser una condena ejemplarizante por tratarse de una figura pública. “Es cierto que cometió un delito, nadie lo desconoce, pero también es cierto que es una mujer que genera empleo, que ha cambiado su vida, y que su hija, que apenas supera el año de edad, necesita a su madre”, dijo.
De hecho, el presidente Gustavo Petro también se refirió al caso y afirmó que “la justicia restaurativa evitará que una madre como ella esté en prisión”. Para Bernate, ese respaldo valida aún más su lucha: “Estoy absolutamente de acuerdo. Colombia debe mirar hacia enfoques más restaurativos, no hacia una cultura del castigo”.
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Actualmente, Barrera solo puede ver a su familia cada tres semanas. Está aislada, emocionalmente afectada y sin acceso a su hija pequeña. Además, sus empresas, de las cuales depende su núcleo familiar, también están en riesgo. Su pareja trabaja con ella, y sin su liderazgo, los proyectos productivos se debilitan.
“Sabemos que no es fácil, pero seguimos luchando. Si esta solicitud se acepta, ella podría trabajar cada día en beneficio de la comunidad desde su casa. Eso es mucho más valioso que estar encerrada”, sentenció el abogado.
¿Y si no se concede?
En caso de que también se niegue esta solicitud, el equipo jurídico se enfocará en beneficios por redención de pena como los permisos de 72 horas o nuevas solicitudes de domiciliaria una vez se cumplan ciertos tiempos legales. Pero por ahora, la esperanza está puesta en la Ley de Utilidad Pública, una alternativa legal que podría marcar un precedente.
“Ella ya pagó su multa, ha dado la cara, y ahora solo queremos que se le permita contribuir desde otro lugar, como madre y como emprendedora”, concluyó Bernate a Kienyke.com.
