“Así mataron a mi padre”

“Así mataron a mi padre”

9 de agosto del 2011

Tenía 31 años y  era entonces profesor de filosofía en la Universidad Javeriana. Eran los años 90 y la violencia política era el pan de cada día. Había comenzado en la década de 1980 con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), el surgimiento de grupos paramilitares y el recrudecimiento de la guerrilla. El gobierno Gaviria concluía entre atentados, homicidios y desaparecimientos de integrantes del movimiento político del que hacía parte mi padre: la Unión Patriótica. Seis parlamentarios del movimiento habían sido asesinados y mi padre, Manuel Cepeda, había llegado al Senado en medio de una campaña electoral plagada de amenazas y riesgos. Los rumores crecían y se hablaba de la existencia de una lista que tenía en la mira a los dirigentes de izquierda: Hernán Mota, Miller Chacón, Aída Abella –presidente de la UP–  y mi padre. Recuerdo los diálogos en que hablaban de la inminencia del asesinato de alguno de ellos.

El 25 de noviembre de 1993 cayó Miller Chacón y ese crimen le hizo presentir a mi padre que él sería el próximo. Los dirigentes del partido le pidieron incluso que saliera del país. Y así lo hizo. Regresó meses después y se posesionó como Senador.

No puedo olvidar esa semana del 9 de agosto de 1994. Salíamos juntos en el mismo carro, él se quedaba en el Congreso y yo seguía para la Universidad. Pero esa mañana, por una casualidad, no lo hicimos y yo salí luego. Encontré el carro de mi padre en la Avenida Las Américas, por donde siempre transitábamos. Parecía haber sufrido un accidente. Salté del vehículo, me acerqué y encontré su cuerpo sin vida. Fue algo doloroso e indignante. Mi padre se había cansado de denunciar los asesinatos de la gente de la Unión Patriótica. Incluso había llegado a anticipar la forma como lo iban a asesinar y nadie tomó medidas.

Manuel Cepeda tenía una gran influencia en la Unión Patriótica.

Me acuerdo de un debate de mi padre en octubre de 1993 en el que señaló a tres generales que estaban creando grupos paramilitares y mostró cómo y dónde operaban. Se refirió a Rodolfo Herrera Luna, a Harold Bedoya Pizarro y a Ramón Emilio Gil Bermúdez. Dijo, además, que ellos estaban detrás de los asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica. Era como una crónica de una muerte anunciada.

Desde el mismo día de su asesinato comencé las denuncias. Lo dije abiertamente: “detrás de ese crimen estaban agentes del Estado, como se comprobó”.

Además de la tristeza y de nuestro profundo sufrimiento familiar, había un deber con la justicia. No era sólo mi padre. Había visto exterminar todo un movimiento político. Me propuse buscar justicia, no por la vía de la venganza ni la retaliación, sino por medio de los tribunales y la investigación. Entendimos rápidamente que no debíamos esperar el trabajo de los órganos estatales sino que nosotros teníamos que avanzar en la investigación. Creamos una organización y buscamos abogados del colectivo José Alvear Restrepo para descifrar la lógica de ese tipo de crímenes. Nos convertimos en defensores de los Derechos Humanos.

Manuel Cepeda llegó al Senado en medio de una campaña electoral plagada de amenazas y riesgos.

La tarea principal era encontrar pruebas. Contactamos a un testigo que estaba en la cárcel pero había servido de colaborador de los militares, quien reveló la manera como militares y paramilitares se habían juntado para asesinar a mi padre. Lo entrevistamos en la celda y aportamos la grabación a la Procuraduría, que la rechazó por falta de identificación plena del testigo. Insistimos hasta que la Procuraduría y luego la Fiscalía lo tomara como base para su investigación.

Con ésta quedó corroborada la responsabilidad material de los suboficiales Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho, escolta del presidente Virgilio Barco, quienes actuaban como una especie de figuras sicariales dentro de las Fuerzas Militares.

La prueba central fue el arma con la que el suboficial Zúñiga asesinó a mi padre.  No era un arma de dotación, sino con la que estos oficiales utilizaban para cometer los crímenes. Un arma que tuvo una historia trágica porque meses después Zúniga llegó a su casa y dejó el arma sobre una mesa de la sala. Su hija de cuatro años, que jugaba allí, la tomó y por accidente se le disparó. La niña murió.

Iván Cepeda decidió emprender una investigación por su cuenta que hoy está dando frutos.

El libro Mi confesión del paramilitar Carlos Castaño aportó nuevos datos. Él mismo aceptó su participación en el asesinato de mi padre. Entrevisté personalmente en Estados Unidos al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’, quien aportó nuevos datos. La Fiscalía tomó en serio el testimonio y viajó a entrevistarlo. Con base en su información dictó medida de aseguramiento contra el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez por su rol como instigador del crimen.  Estoy seguro de que detrás de él hay otras figuras. Lo cierto es que Carlos Castaño nunca fue condenado por este hecho.

Desde el año 95 comencé mi carrera para que la Corte Interamericana reconociera este crimen de Estado. Fue un proceso largo porque la Corte, además de no aceptar fácilmente un caso, necesita mucha solidez probatoria. Sin embargo, aportamos todas las pruebas, entre ellas la sentencia de los suboficiales y la sentencia del Consejo de Estado donde decía que la Nación era responsable por haber omitido la protección de mi padre. Ha sido una lucha muy dura, apoyada por muchas personas, entre ellas mis tías, en particular Stella, y la Fundación Manuel Cepeda.

La decisión de la Corte Interamericana a favor nuestro fue reconfortante. Decirle al Estado Colombiano que debe pedir perdón por la muerte de mi padre significó para mí el restablecimiento de la dignidad lesionada. Ni más ni menos.