Campesinos dicen adiós a la guerra

4 de mayo del 2019

1.000 familias campesinas se han visto beneficiadas con este proyecto.

Víctimas de la violencia

Juan David Moreno - Agencia Anadolu

La guerra de más de cinco décadas entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las desmovilizadas Farc, grupos paramilitares y otras bandas al margen de la ley, obligaron a más de 7,7 millones de colombianos a abandonar sus tierras para proteger su vida y la de sus familias.

Un ejemplo de ello son Dania Castillo, Diego Gómez y Elizabeth Sotelo, provenientes de los departamentos de Magdalena, Nariño y Tolima, respectivamente, que dejaron atrás todas sus pertenencias por las amenazas, asesinatos, tomas de poblaciones, enfrentamientos y demás hechos violentos producto del conflicto armado.

Dania y su familia vivían en la vereda La Secreta, en el municipio de Ciénaga (en el Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta), cuando el 13 de octubre de 1998, grupos paramilitares llegaron hasta su vivienda, secuestraron a sus padres, a un hermano y un tío y posteriormente los asesinaron. La hermana mayor de la familia, que en aquel entonces tenía 16 años, quedó a cargo de los hermanos de 8 y 10 años y de las trillizas de 3 años (incluida Dania), y se refugió en Riosucio (Caldas). Dos años después retornaron a su predio, pese a que todavía había presencia de grupos armados ilegales.

El caso de Diego y su familia es más reciente. En 2003, debido al enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército, abandonaron su predio “en la vereda Campo Alegre, en el municipio El Tablón de Gómez, en Nariño. Cuando tenía 9 años, Diego Gómez se trasladó a otro municipio y recuerda que los grupos armados ilegales asesinaron a varios miembros de la comunidad, restringían la movilización de población y las obligaban a trabajar arreglando las carreteras de la zona.

Gracias a una sentencia en noviembre de 2017, pudieron recuperar una casa lote de 185 metros cuadrados y actualmente tienen en proceso una demanda para restituir 1000 hectáreas.

Finalmente está el caso de Elizabeth Sotelo, quien vivía con su esposo, su suegra y sus dos hijos en la finca Buenos Aires, en la vereda Canoas La Vaga, en el Tolima, donde cultivaban plátano, café y tenían cabezas de ganado. Pero el accionar de grupos paramilitares y la guerrilla en la zona y los enfrentamientos con el Ejército obligaron a la comunidad a abandonar sus propiedades. Después de dos años, Elizabeth y su familia pudieron retornar a la finca, en 2002 declararon su desplazamiento y en 2015 recuperaron su tierra.

Así como ellos, más de 45 mil personas se han beneficiado de procesos de restitución y han recuperado más de 338.000 hectáreas de tierras. Pero como señala el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro, “no solo implica entregar un título de propiedad, también incluye la reparación integral de las víctimas, en la que ha sido fundamental la cooperación internacional”.

“El Gobierno sueco y la FAO se han comprometido con la política pública de restitución de tierras, ellos están apoyando proyectos productivos y lo que estamos mostrando acá son beneficiarios de esta política en tres zonas del país (…) que están en proyectos productivos que les permiten consolidar estas iniciativas y tener un arraigo en estas tierras en su retorno”, le dijo Castro a la Agencia Anadolu.

Dania, Diego y Elizabeth hacen parte de las más de 1.000 familias restituidas y no restituidas de 12 regiones del país que se han favorecido de una estrategia de cooperación internacional implementada por la Embajada de Suecia, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). En este convenio, el Gobierno sueco ha invertido NOK 49 millones, cerca de USD 6 millones.

Se trata del programa Redes Locales de Integración Productiva (RLIP), que desde 2016 ha trabajando en la formulación e implementación de proyectos productivos en los territorios y ha posibilitado la creación de 18 asociaciones campesinas.

Para visibilizar los resultados de esta iniciativa, la Embajada de Suecia, la FAO y la URT realizaron este lunes en Bogotá la “Fika-Fé”, una cata guiada por una barista experta, quien explicó las características de los tipos de café, de alta calidad, cultivados por estas personas.

En este espacio, realizado en el centro de exposiciones Corferias, Dania, Diego y Elizabeth tuvieron la oportunidad de contar su experiencia de trabajar el campo después de haber podido retornar a sus territorios.

Hoy, Dania Castillo y sus hermanas son reconocidas por ser beneficiarias de la primera sentencia que favoreció menores de edad, a quienes les devolvieron las 25 hectáreas de tierra que eran de sus padres. Además, es la representante de la Asociación de Apicultores de la Vereda La Secreta (Apisecreta) y coordina una alianza con otras dos organizaciones campesinas de la zona que se unieron para desarrollar proyectos de apicultura. También hace parte de un proyecto productivo de café orgánico, que se ha exportado a Estados Unidos y Japón.

“Estoy muy feliz porque hoy en día ya puedo trabajar y decirle a las mujeres, a nuestra vereda, que si trabajamos todos unidos podemos lograr lo que queremos y salir adelante”, dijo la mujer.

Diego Gómez, por su parte, es el presidente de la Asociación de Productores de Café de El Tablón de Gómez (Asoprocaffe), conformada por 80 integrantes y que comercializa café especial con empresas intermediarias (Caravela Coffee Colombia, Cocora Coffee y Nespresso AAA), que llevan el grano, cultivado por los tabloneños hasta Europa. Asoprocaffe lanzó al mercado su propia marca, “Janacatú”, un café caracterizado por tener aromas y sabores a frutas rojas, chocolate, nueces y panela.

Para Gómez, esta es una gran oportunidad para los pobladores de las veredas locales para “mejorar su calidad de vida y quedarse en el territorio, y no tener que salir a buscar lo que no se ha perdido en otros lugares, como en una ciudad, donde todo es tan caótico”.

Y Elizabeth Sotelo es la vicepresidenta y la coordinadora del grupo de mujeres de la “Asociación de Retorno Iniciando de Nuevo”, conformada por 96 familias de cinco veredas de Ataco, y que cuenta con más de 190 hectáreas de cultivo de café, una planta torrefactora, un laboratorio para el mejoramiento continuo de la tierra y de la calidad del grano, y además, capacitan a la comunidad con cursos de barismo, catación y buenas prácticas.

Como resultado de la paz y de este tipo de iniciativas, hombres, mujeres y niños, afros, indígenas y campesinos de varias partes de Colombia han transformado tanto su realidad como la de sus comunidades en Colombia.

Göran Paulsson, jefe de Cooperación de la Embajada sueca en Colombia, afirmó que Suecia como un socio para la paz y el desarrollo sostenible en Colombia, ha apoyado los esfuerzos de la Unidad de Restitución de Tierras por traer oportunidades para que las familias que fueron desplazadas por el conflicto armado no sólo retornen a sus tierras, “sino que puedan hacerlas productivas y mejorar su calidad de vida”.

Entre tanto, Manuela Ángel González, representante de la FAO, celebró los resultados que se han logrado con este convenio y aseguró que gracias al mismo “hay un revivir del campo colombiano”.

“Todas estas oportunidades que estamos viendo, muestran que quienes fueron afectados por el conflicto, más de 7 millones de víctimas, quieren retornar y quieren hacer su vida en el campo. Se ve un resurgir de la vida en el campo en este momento”, dijo la vocera.

El director de la URT informó que en la actualidad hay pendientes trámites de solicitudes para devolver un total de 2’500.000 hectáreas a víctimas de desplazamiento, incluida la etapa administrativa del proceso. Sin embargo, aclaró Castro, “esto no significa que todas vayan a ser restituidas”, pues este es proceso “judicial, de justicia transicional, en el que jueces y magistrados son los que definen si procede o no” la restitución.

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