Clara López no “tragó entero”

Clara López no “tragó entero”

18 de junio del 2013

Ficciones de nuestro tiempo

Por Clara López Obregón

Presidenta del Polo Democrático Alternativo, 9 de junio de 2013.

Del derecho se puede abusar de mil formas sin violar la ley. Espionaje a las comunicaciones de millones de personas. ¿Cuál democracia? Las chuzadas del DAS. La nueva vieja Colombia. Lo que la prensa oculta. El despojo de las tierras de la reforma agraria.

La lectura casual de la prensa, pienso que la de cualquier día aunque tal vez la de hoy sea especial, permite auscultar el pesado manto de ficción bajo el cual vivimos e interactuamos. Como sin querer queriendo, nos acostumbramos a aceptar como verídicas, un sin número de consignas, declaraciones y manifiestos políticos o hasta religiosos que se constituyen en un sistema de creencias generalizadas que raramente examinamos para establecer la distancia entre lo que es y lo que creemos, entre la teoría y la práctica ética y democrática, entre nuestra conducta y nuestras obligaciones. Una sociedad democrática requiere de una deliberación pública entre actores, veraz e integralmente informados. Ese no es el caso de Colombia ni seguramente del conjunto del mundo de nuestro tiempo. Aquí prima la publicidad y la apariencia sobre los hechos y la ausencia de un examen público verídico sobre las realidades nacionales e internacionales y de las alternativas para mejorar la calidad de vida de todos y todas y no solo de un puñado, de ese uno por ciento (1%) que tiene indignado al mundo entero. Tomo como ejemplo el análisis de algunos de los artículos y columnas de opinión publicadas en el periódico El Espectador del 8 de junio de 2013, y también de algunas informaciones, que por su trascendencia para el tema que nos ocupa, echo de menos en éste y los demás medios de comunicación de esta fecha.

“Del derecho se puede abusar de mil formas sin violar la ley”

Empiezo por resaltar el análisis que hace Mauricio Villegas en su columna Fe, Moral y Política que concluye con una sentencia que viene como anillo al dedo a este país amamantando en la formalidad santanderista que nos permite seguir la tradición colonial del se obedece pero no se cumple. “Del derecho –afirma Villegas en su columna- se puede abusar de mil formas sin violar la ley. Buena parte del arte de la corrupción consiste justamente en eso, en hacer las del diablo por las vías legales.” Y así contemplamos el panorama del Presidente Candidato, de la pureza del sufragio cuando todos saben que se compran y venden elecciones o de los intocables por la ley que no se hizo sino para los de ruana.

La misma edición del diario trae varios ejemplos de este dictamen que condena nuestra sociedad a la arbitrariedad permanente y a la impunidad. Bajo el titular Civiles con millonarios contratos estatales, un artículo de Alexander Marín Correa nos entera que mediante la contratación legal se pueden obtener honorarios hasta de $13.924.000 diarios cuando se tiene el contacto para ser beneficiario, sin licitación, de un contrato por valor de $600 millones de pesos por 45 días de trabajo. El artículo trae 18 ejemplos de los muchos que existen de este tipo de aberración administrativa.

Extorsión, Kienyke

Espionaje a las comunicaciones de millones de personas

Otro caso tiene que ver con la libertad en Internet.  La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA por su sigla en inglés), desde 2007 interviene masivamente los correos electrónicos de los colombianos y demás ciudadanos del mundo, sin orden judicial ni nada que se le parezca. Según el artículo Entre la seguridad y la privacidad de Eva Saiz de El País reproducido por El Espectador, el director nacional de Inteligencia de EEUU, James Clapper, ha afirmado que conforme a la legislación estadounidense, el sistema de recopilación del contenido de los correos electrónicos, de los archivos enviados o de las conversaciones de chat  de los millones de usuarios de la red en el mundo entero denominado Prism, sólo se utiliza para obtener información de ciudadanos extranjeros que residen fuera de EEUU. Poco o nada importan los compromisos de seguridad entre los usuarios y las empresas Microsoft, Google, Apple y Facebook, Yahoo, AOL, Skype y Youtube, ni las legislaciones de los países donde residen los ciudadanos no estadounidenses, asaltados en su privacidad y derechos por la mano peluda de la inteligencia estadounidense.

¿Cuál democracia?

Estamos ante ficciones muy atadas a las creencias generalizadas que los hechos no sustentan. Una de ellas consiste en aceptar irreflexivamente que la democracia de los Estados Unidas es la que más se aproxima al ideal de la idea democrática. Apuntalados en esa creencia, muchos gobiernos del mundo, desde luego no todos, aceptan que Estados Unidos pase juicio sobre cuáles países pueden ser considerados o no democráticos y cuáles violan o respetan los derechos humanos. Quienes sostienen esa creencia seguramente no saben y, desde luego, no se interrogan el por qué el Estado juzgador, Estados Unidos, no ha ratificado la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ni la Convención de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional cuya jurisdicción, por su negativa, no acepta ni lo cobija.

El espionaje electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional y del FBI de los Estados Unidos sobre ciudadanos del mundo, incluidos los propios “estadounidenses cuyas comunicaciones incluyen a personas que no se encuentran en territorio de EEUU,” es solamente uno de los casos que deja al descubierto esa ficción, pues el proceder denunciado, cuya divulgación el señor James Clapper, director de Inteligencia encontró “reprobable,” no es ni democrático, ni respetuoso de los derechos humanos, ni de la soberanía de terceros países que hacen parte de los compromisos de todos los miembros de las Naciones Unidas.

Las chuzadas del DAS

Nosotros ya tenemos experiencia con ese sistema autoritario de vigilancia intimidatoria, que bajo el pretexto de la seguridad suprime libertades, persigue opositores y amedrenta a la prensa. Eso fue lo que hizo el DAS durante muchos años para intentar acallar a defensores de derechos humanos, dirigentes de izquierda y periodistas y parece que la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, la colombiana, va por el mismo camino, según denuncias conocidas de interceptaciones a los periodistas del programa de crítica política, La Luciérnaga,  de Caracol Radio. En las redes sociales y la prensa internacional ya se habla de réplicas de Prism, el sistema de espionaje de la Agencia Nacional de EEUU,  en distintos países del mundo.

“La nueva vieja Colombia”

Al respecto traigo a colación la columna de Nicolás Rodríguez, La nueva vieja Colombia, de la misma edición sabatina, en la que se queja del contenido del reportaje titulado La nueva Colombia que el Financial Times publicó con motivo de la visita del Presidente Santos a Gran Bretaña, donde se edita ese periódico que circula en el mundo entero. “El contenido – explica Rodríguez- es casi idéntico al de algunos textos que en otras ocasiones han sido presentados como publirreportajes financiados por algún gobierno con el interés, también viejísimo, de mejorar la imagen del país en el exterior”. Dicha publicación  hace recordar una anécdota esclarecedora de El Cofrade, Alfonso Palacio Rudas, columnista hasta su muerte del El Espectador, quien invitaba a sus lectores a “no tragar entero.” Con su carcajada característica, repetía que en un Consejo de Ministros, el Presidente Alberto Lleras Camargo, señalando el editorial publicado ese día en El Tiempo, habría afirmado, “¡Miren cómo el país nos respalda!”, soslayando el hecho de que el mismo Presidente Lleras lo había redactado.

Lo que la prensa oculta

Este anecdotario nos lleva al espinoso tema de lo que la prensa oculta, aquello que quisiera invisibilizar o que cuando publica, lo hace en nota menor para que pase desapercibido y rápidamente al olvido pero quede, eso sí, como prueba de su pulcritud el haberlo consignado en tiempo. Las omisiones también resumen todas las ficciones de nuestro sistema de creencias generalizadas sobre la democracia, los derechos humanos y la información veraz y completa que nos deben los medios de comunicación.

Esta semana que termina, el Representante a la Cámara del Polo Democrático por el Departamento del Valle, Wilson Arias, realizó un debate de control político relacionado con el tema de la tierra que ha sido objeto de tan amplia discusión pública con motivo de los diálogos de La Habana, pero de ello nada se publicó en la gran prensa, salvo una notícula de rectificación del Embajador en Washington en el diario El Tiempo que no informó sobre el contenido del debate. Como antesala del mismo, el 22 de mayo pasado, el parlamentario Arias presentó una denuncia documentada ante la Contraloría General de la República sobre cómo el Gobierno Nacional viene adelantando una política de Hood Robin en el agro () y el senador Robledo un documento que describe en detalle el modus operandi del engaño a la Ley en materia de adjudicación y titulación de baldíos. Al contrario de lo que hacía el legendario Robin Hood de quitarle a los ricos para darle de comer a los pobres, en la altillanura colombiana, el Incoder, Finagro, Agro Ingreso Seguro y el sistema tributario nacional de exenciones especiales, vienen adjudicando subsidios en dinero contante y sonante, gasto tributario y tierras públicas denominadas baldíos nacionales que son propiedad de todos, a un grupo privilegiado de empresarios pertenecientes a los más altos niveles de ingresos de la sociedad. Como complemento, el cartel de contadores y abogados coadyuva el proceso con la escrituración a grandes potentados de las tierras del Estado destinadas a la reforma agraria.

Reforma agraria, Kienyke

El despojo de las tierras de la reforma agraria

Con cifras, escrituras y documentos en mano, el Representante Arias ha demostrado que como dice Mauricio Villegas, un puñado de personas ha abusado de mil formas sin violar la ley, pero también violándola flagrantemente, ante la mirada cómplice de las autoridades. El Papa Francisco le ha recordado a la humanidad que la corrupción es el anticristo. Pues bien, como también lo afirma Mauricio Villegas en su columna de El Espectador ya citada, “Buena parte del arte de la corrupción consiste justamente en eso, en hacer las del diablo por las vías legales.” Al respecto, Wilson Arias ha denunciado un verdadero cartel de abogados y contadores dedicado a estrangular la ley para que grandes empresarios, nacionales y extranjeros, se apoderen de los baldíos de la Nación, destinados por la normatividad vigente a programas de dotación de tierras a campesinos sin tierra o con poca tierra y objeto de acuerdos entre el Gobierno y las FARC en el marco de las conversaciones de La Habana.

“El primer paso –explica Wilson Arias- es convertir en privado el bien público, para poder apropiarlo por el mercado o por medios violentos (es más fácil despojar al campesino que al Estado). Por eso, desde 2004 hay una esquizofrénica titulación de baldíos en los departamentos de Meta y Vichada. Solo entre 2004 y 2010, se titularon en la zona, cerca de un millón de hectáreas. Esa carrera en la titulación de baldíos, cogió un impulso mayor en la actual administración.” Dicha titulación, prosigue la denuncia ante la Contraloría y repetida en el debate de control político, se ha hecho de manera engañosa, utilizando un complejo andamiaje jurídico de sociedades interpuestas entre los vendedores y compradores de baldíos, que además pueden estar sirviendo para “legalizar” dólares protegidos por la reserva de paraísos fiscales que responden por buena parte de la inversión extranjera en Colombia, según denuncia del Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega.

A ello se suma el otorgamiento de cientos de millones de pesos en subsidios (Agro Ingreso Seguro), beneficios tributarios (Incentivo a la Capitalización Rural- ICR) y créditos baratos de Finagro por un valor de $ 1.176.649 millones en los años recientes. Dichos beneficios se entregaron a un puñado de sociedades pertenecientes a los empresarios más acaudalados del país mientras que el Incoder contaba con una mínima fracción de esos recursos para programas de tierras de campesinos pobres y desplazados a quienes se les despojaron más de 5 millones de hectáreas como fruto del conflicto armado. Dichas denuncias silenciadas nos muestra que vivimos la ficción de que el Gobierno busca beneficiar a los campesinos, que tiene intenciones de adelantar una reforma agraria según lo pactado en La Habana y que la reforma tributaria presentada por el Gobierno Santos y aprobada por sus mayorías congresionales estaba destinada a la equidad, cuando dejó incolumnes las exenciones y beneficios a los grandes capitales cuya tributación es esencial para la construcción de una sociedad conviviente dónde todos podamos vivir en paz.

Conclusiones

Esta somera revisión de lo publicado y lo no publicado en la prensa este sábado o cualquier otro, ayuda a develar los mitos y ficciones de nuestro tiempo. La primera lección es la de Palacio Rudas. No debemos ni podemos “tragar entero” lo que nos alimentan en la televisión y los medios de comunicación. La propaganda para fabricar el consentimiento de los gobernados (“the manufacture of consent”), como terminó recomendando el afamado periodista norteamericano, Walter Lipmann, llegó para quedarse y la democracia no ha encontrado los caminos para defenderse de sus consecuencias antidemocráticas, ni para garantizar la deliberación pública basada en información veraz y completa como ordena la Constitución (Art. 20) en vez de consignas interesadas, que por repetidas incesantemente mediante cuñas y opiniones presentadas como  verdades incontestables, se cuelan en el sistema de creencias de la sociedad, negando la esencia de la democracia que podría resumirse en el planteamiento de que cada persona tiene derecho a un voto.

Desafortunadamente, de más en más, lo que funciona es la plata contante y sonante y, hoy, entre la venalidad de la organización electoral aceptada por sus propias directivas (Ver Artículo) ; las reglas de financiamiento de las campañas políticas y la publicidad costosísima por cierto, hemos caído en la trampa de que cada millón de pesos dan derecho al voto, lo que elimina la deliberación pública democrática y entrega los espacios de decisión de la sociedad a quienes tienen con qué pagarlos. Así, la democracia deviene, de más en más, en ficción, y los gobiernos pasan al servicio del poder económico que copa, legal e ilegalmente, los centros de deliberación y decisión. Esa no es la sociedad que describe nuestra Constitución Política ni la que aspiramos a legar a nuestros y nuestras hijas. Es hora de reaccionar para encontrar el equilibrio perdido.