Con las maletas listas

21 de diciembre del 2011

Les llegó el momento de la partida a alcaldes y gobernadores que tuvieron las riendas de las regiones durante los últimos cuatro años. ¿A qué se dedicarán?

Con las maletas listas

El destino que tomarán los alcaldes y gobernadores que gobernaron durante los últimos cuatros años es variado. Un puñado de ellos no concluyó el período por cuestionamientos disciplinarios o penales por líos de corrupción. Algunos quedaron picados por la política, pero otros definitivamente buscarán cambiar el rumbo de sus vidas.

El Regreso a las aulas

Clara López tiene en mente crear una fundación del estilo de los centros de pensamiento norteamericanos para mantener el debate de las ideas de izquierda vivo. En el segundo semestre del año volverá a la cátedra universitaria, bien en la Universidad de los Andes, el Rosario o el Externado de Colombia, en temas de Derecho, Administración de Empresas y Economía.

Alonso Salazar dejará el país para vincularse a la universidad en Canadá, pero como alumno y no como profesor. Se dedicará también a la adaptación de su libro ´La parábola de Pablo´, del cual ya vendió los derechos para llevarla al cine. Salazar participará de manera activa en la escritura del guión.

Alejandro Char, el alcalde que sale con mayor nivel de aprobación, suena para reemplazar a Jorge Londoño en la presidencia del programa Colombia Humanitaria, que ha tenido serios problemas de ejecución. Dentro de los planes que sí dependen de él está un viaje al exterior a estudiar política y desarrollo social, mientras regresa a los negocios familiares.

Martha Sáenz Correa, la polémica gobernadora de Córdoba, también regresa a las aulas. Continuará con sus estudios de especialización en Derecho Constitucional en la Universidad del Sinú y dictará clases en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), en Montería.

Alzan vuelo

El ex ministro, ex procurador y también ex candidato a la presidencia de Colombia y desde el primero de enero de 2012 ex gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, piensa radicarse en Bogotá. Tenía expectativas para ocupar la jefatura del Partido Liberal, pero con la llegada de Simón Gaviria muy seguramente hará un alto en el camino. Estará cerca de su hijo, Horacio José, quien hace los primeros pinitos en la política electoral como concejal de Bogotá.

La alcaldesa de Cartagena, Judith Sarmiento, también deja su ciudad natal para trasladarse a Bogotá. Se dice que el Presidente Santos le tiene reservado un cargo del orden nacional.

Jorge Iván Ospina tiene piensa trasladarse eventualmente a vivir parcialmente en Buenaventura para apoyar un programa integral con la Costa Pacífica. Su tesis es que mientras no se mejoren las condiciones de vida de la gente del puerto, la emigración a Cali de los más pobres y desesperanzados será permanente, con lo cual las posibilidades de despegue de la ciudad que gobernó cuatro años son limitadas.

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, regresa a Bogotá, donde vive su ex esposa con sus dos hijos pequeños. Es el candidato para ocupar la secretaría de gobierno de Bogotá. De no resultar nombrado, seguirá trabajando en el proyecto político de Gustavo Petro, o bien en la administración o bien en la jefatura del Partido Progresistas.

La política, en la agenda

Eduardo Verano de la Rosa, el actual gobernador del Atlántico, se dedicará a descansar y en seis meses retomará sus actividades políticas para trabajar por el que es uno de sus mayores sueños: poder obtener la Región-Caribe. Es una reserva del Partido Liberal.

El gobernador del Valle, Francisco José Lourido, quedó picado por la política y el sector público. Se da por descontado que no volverá a las empresas agrícolas de la familia y que ocupará algún cargo del orden nacional con proyección regional. Su gestión, unida al respaldo que tiene del vicepresidente Angelino Garzón, le asegura un promisorio futuro político.

A Luis Alfredo Ramos, saliente gobernador de Antioquia, le espera una aburridora tarea: afrontar la investigación que le abrió la Contraloría General de la República por los más de 200 contratos y los sobrecostos en la ejecución de obras de infraestructura y el detrimento patrimonial que supera los 5 mil millones de pesos.

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