La tarde de este miércoles 27 de julio se conoció que una consulta popular contra la explotación petrolera, que se realizaría en el municipio de Pasca, Cundinamarca, fue suspendida por el Consejo de Estado. El argumento de la institución se da como respuesta a una acción de tutela que instauró Acipet (Asociación colombiana de ingenieros de petróleos)
El hecho pone, de nuevo, a la figura constitucional de la Consulta popular en la mira. Humberto de la Calle, exnegociador de paz, dijo que “se ha ido degradado el funcionamiento de esas consultas”.
“Muchas (consultas) se han vuelto patrañas, focos de corrupción. Hay ciudadanos que se organizan simplemente para sacar ventajas y ejercer presión sobre los inversionistas, para obtener incluso lucro personal”, dijo de la Calle en la Conferencia energética colombiana.
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El debate en torno a las consultas es duro y difícil. Quienes las defienden, las ven como una vía constitucional para que los ciudadanos hagan valer sus derechos. Y eso son. Sin embargo, algunos cuestionan, no el proceso como tal, sino lo que se podría buscar con él.
Hasta ahora hemos visto que, en varios municipios del país se han llevado, con éxito, consultas populares contra la minería. Marmato y Cabrera son ejemplos de ello. “La consulta popular en Cabrera tiene el propósito de detener la construcción de catorce (14) micro centrales hidroeléctricas en el río Sumapaz, proyecto Aguas Claras, antes denominado “El Paso”, agenciado por la empresa EMGESA”, explicó la Organización ambientalista Censat.
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Por otro lado, Claudia Fonseca Jaramillo, Abogada, experta en negocios internacionales, escribió en Razonpublica.com que “avaladas por la Corte Constitucional y aplaudidas como una conquista social, estas consultas locales contradicen la Constitución, desordenan las finanzas estatales, fomentan la minería ilegal, espantan los inversionistas y traerán demandas millonarias”.
El argumento que se maneja es que, a través de “preguntas sesgadas” se estarían prohibiendo actividades que son legales y de cuya realización dependen económicamente muchos municipios.
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“Siguiendo los lineamientos constitucionales, una consulta popular debería estar fundamentada en el marco de un Estado Social de Derecho, es decir que debería basarse en normas definidas y ya promulgadas, y no debe ser usada como un mecanismo para estigmatizar una actividad legítima en un país para convertirla en una especie de actividad ilegal y fomentar, de paso, la minería ilegal”, escribió Fonseca Jaramillo.
En todo caso, muchas de las comunidades que se ven afectadas por los estragos medioambientales de la minería, por ejemplo, han encontrado en la consulta una salida legal, que les garantice derechos fundamentales como el agua y el ambiente sano. El debate seguirá.
