Petro se irá como lo han hecho otros 841

Petro se irá como lo han hecho otros 841

15 de Diciembre del 2013

Mucho se ha hablado sobre la sanción que la Procuraduría General de la Nación le ha impuesto al alcalde mayor de Bogotá D.C., Gustavo Francisco Petro Urrego, consistente en destitución del cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos durante 15 años, sanción que desde el mismo momento en que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, la dio a conocer a la opinión pública en conferencia de prensa el pasado 9 de diciembre se ha convertido en objeto de polémicas, críticas, reproches, noticias publicadas y no publicadas en medios de comunicación, pasillos y calles de la denominada “Bogotá Humana”.

Entre tantos comentarios, de informados y desinformados, ya no se distingue claramente quién tiene la razón o qué es verdad o no; si lo que hizo el mandatario del partido Progresista, exintegrante del Congreso de la República por el partido del Polo Democrático Alternativo y excombatiente del desmovilizado grupo guerrillero M – 19, es causal de una sanción aparentemente muy alta o no; si el señor Procurador General de la Nación tiene las facultades constitucionales y legales para destituir a un funcionario público elegido por voto popular; si la sanción impuesta se basó en diferencias ideológicas de carácter civil, político o religioso; que la sanción de Petro no es proporcional con la dada al exalcalde de la capital, Samuel Moreno Rojas, si “hizo parte del denominado carrusel de la contratación”;  si la Procuraduría sólo sanciona a los de la izquierda y es implacable con sus militantes, y muchas más inquietudes.

Para resolver semejante encrucijada comencemos mirando cuáles son las competencias, funciones y alcances de las actuaciones de la Procuraduría, según la constitución de 1991.

La facultad para sancionar emana de las funciones del ente de control establecidas en el artículo 277 de la misma constitución, fraguada, redactada y aprobada por una asamblea constituyente integrada en un 27,1% por el grupo M – 19, más exactamente en los numerales 1 que dicta: “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”; numeral 5: “Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas”; 6: “Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley; entre otras.

El pasado mes de octubre la Corte Constitucional al resolver la acción de tutela interpuesta por la exsenadora Piedad Córdoba, quien pretendía tumbar la destitución e inhabilidad de 18 años que le impuso la procuraduría por “farcpolítica”, reafirmó la competencia del procurador para investigar y sancionar disciplinariamente a personas elegidas por voto popular, asegurando el magistrado ponente, Jorge Iván Palacio, que “esta es una competencia emanada directamente de la Constitución y delimitada por el legislador, que además es armónica y compatible con la ingeniería institucional y el sistema de frenos y contrapesos diseñado para el ejerció de la función pública”.

Por otra parte, no es válido equiparar o comparar la sanción que se le dio a Samuel Moreno con la recién dictada a Gustavo Petro, dado que en el caso de Moreno Rojas (suspensión del cargo por 12 meses), esa era la máxima sanción que se le podía poner para las faltas disciplinarias que se le imputaron (faltas graves por omisión), según lo recaudado en el acervo probatorio del proceso en ese entonces. Entre los años 2008 y 2009 se logró demostrar la omisión del deber de asegurar las obras a cargo del Distrito, especialmente en los contratos de la fase III de Transmilenio, malla vial y algunos contratos de valorización.

Vale la pena aclarar que actualmente la Procuraduría General de la Nación todavía sigue investigando al exburgomaestre Samuel Moreno por hechos relacionados con la contratación, que coinciden de alguna manera con lo que tiene la Fiscalía dentro del proceso penal que adelanta por presunta realización de faltas gravísimas relacionadas con la cesión del contrato 137 de 2007 de la fase III del sistema masivo de transporte Transmilenio.

No podemos olvidar que el proceso disciplinario contra Moreno Rojas fue una de las primeras actuaciones relacionadas con el carrusel de la contratación, y que producto de esta, posteriormente se sancionaron, por parte de la Procuraduría, diferentes servidores públicos del orden nacional y distrital, como el senador Iván Moreno Rojas, hermano del mentado exalcalde, el también congresista Germán Olano y el excontralor Distrital de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, sin contar a los más de 10 funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), entre los que se recordarán los señores Liliana Pardo, Carmen Elena Lopera e Inocencio Meléndez, todos involucrados en el mismo “carrusel de la contratación”.

De igual forma, en el caso de Samuel Moreno, fue imposible que los hechos que se le imputaron al disciplinado y las pruebas allegadas al proceso fueran lo suficientemente contundentes para imponer una sanción más fuerte que incluyera destitución del cargo e inhabilidad por un término importante, incluso igual al impuesto a su hermano Iván Moreno, consistente en destitución e inhabilidad por 20 años, dado que varias de las declaraciones recaudadas en testimonios entregados al Ministerio Público, bajo la gravedad de juramento, fueron mentiras, faltaron a la verdad y desdibujaron los hechos de corrupción que en ese entonces se intuían en la capital de la República. Algunos de estos testimonios falsos fueron entregados por los señores Julio Gómez, Álvaro Dávila y Emilio Tapia.

Por su parte, la sanción impuesta al actual mandatario distrital, Gustavo Petro, es muy distinta, porque el material probatorio llegó oportunamente al proceso; la mayoría de estas son documentales y algunas de un análisis menor de complejidad, pues se refirieron a las decisiones que adoptó Petro y que fueron de público y notorio conocimiento durante el año 2012.

Al alcalde del partido Progresista las faltas se le calificaron como gravísimas, en donde se demostró el dolo en dos de las tres indilgadas, situación que a la luz del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), misma ley aprobada por Gustavo Petro cuando fungía como honorable senador de la República, amerita ineludiblemente una sanción como la impuesta.

En todo este empalagoso debate también se ha infundado a manera de tramoya el improperio de que el procurador Ordoñez sólo sanciona a los funcionarios de izquierda, como si se tratara de una persecución política, y que a los de derecha, sin razón alguna los absuelve, atentando aparentemente contra la pluralidad política que debe reinar en nuestro país.

Sobre este aspecto el jefe del Ministerio Público ha demostrado ecuanimidad en la aplicación de sanciones sin contemplar o evaluar afiliaciones políticas, creencias religiosas o tendencias de ninguna índole, como lo hizo con los disciplinados Sabas Pretel de la Vega, Andrés Felipe Arias, Germán Olano, Alirio Villamizar Afanador, Jorge Noguera, Juan Carlos Martínez Sinisterra, Ómar Figueroa, Carlos Albornoz, Juan Carlos Abadía, Raúl Flores, Wilman Pérez, Héctor Useche, Joaco Berrío, Fernando Vargas, Cielo González, Hernando Molina Araujo, Nelson Mariño, Hugo Aguilar, Teodolindo Avendaño, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y Carlos Eduardo Merlano, entre otros.

De los militantes en partidos políticos de la llamada izquierda, han sido varios los funcionarios públicos que han tenido procesos disciplinarios en el despacho del procurador Alejandro Ordóñez y que, en Derecho, como han sido sus fallos, los absuelve. Entre los que recordamos, fueron eximidos de alguna responsabilidad disciplinaria en sus procesos, los señores Antonio Navarro Wolf, exsecretario de despacho de Gustavo Petro y también exmilitante del M – 19; el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, opositor abanderado de la izquierda política colombiana; el congresista Wilson Borja, la señora Gloria Inés Ramírez; el actual secretario de gobierno del Distrito de Bogotá y mano derecha de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el dirigente Luis Carlos Avellaneda.

Es bueno que los manifestantes, que lo hacen en derecho y motivados por sentimientos que los enfilan a los propósitos del alcalde Petro, tengan presente que quien los ha convocado públicamente a marchar, a defender la administración distrital, a gritar exabruptos en contra del Ministerio Público, e incluso a desarrugar banderas de grupos guerrilleros supuestamente desaparecidos desde finales de los años 80 y principios de los 90, no es el primer alcalde que destituye la Procuraduría General de la Nación.

Tan solo en lo que va corrido de la administración del Ministerio Público en cabeza de Alejandro Ordóñez Maldonado se han destituido 18 gobernadores, 23 congresistas y sancionado a más de 800 alcaldes, de los cuales en el presente año (2013) han sido 152 mandatarios municipales los que tienen que dejar sus cargos y/o enfrentar inhabilidades de varios años, sin contar a los 87 concejales sancionados durante la misma vigencia.

Todos ellos funcionarios públicos, elegidos por voto popular, representantes de miles o setecientos miles de ciudadanos, pero que por violar la ley responden disciplinariamente por sus actos. Esos sancionados, sabiendo que eran los llamados a dar ejemplo, a cumplir y hacer cumplir la Ley, a eso se comprometieron sonrientemente y de frente a las instituciones cuando tomaron posesión del cargo, deben también cumplirle a sus electores con sus programas de gobierno y responder a la confianza que depositaron en ellos el día que los eligieron, ahora que han faltado a su juramento, son sancionados por las mismas instituciones, en este caso, por la máxima autoridad disciplinaria de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, y por ende, deben responder por defraudar, como en el caso de Petro, al Distrito y a los más de 700 mil bogotanos que creyeron en su correcto proceder.