Guillermo Rivera ha sido un hombre invencible. Hoy, la Ley de víctimas por la que ha luchado tiene un 90% de sus artículos aprobados. Pero el 16 de diciembre de 2008, cuando Rivera discutía en la plenaria de la Cámara los puntos de esa ley, sus colegas de curul lo abuchearon. Según él, esa noche había mucho whisky en la sala y otro asunto que los congresistas consideraban más importante para atender: el proyecto de referendo que le daba vida a la segunda reelección de Álvaro Uribe.

En otra ocasión expuso en el Congreso un video del programa de televisión Contravía, en el que el paramilitar alias “Robinson”, que operaba en Putumayo, revelaba la manera cómo descuartizaban a punta de sierra a sus víctimas y cómo incluso se tomaban la sangre que salía de sus cuerpos.

¿Acaso Rivera no sabe que en Colombia matan por decir la verdad y denunciar los atropellos y violaciones? ¿De dónde viene ese carácter temerario de este hombre de provincia? La sensibilidad por las víctimas le viene de su mamá, Luz Ángela  Florez, una férrea activista de Derechos Humanos que luchaba por necesidades básicas de las comunidades del Putumayo como electrificación, agua potable y vías de comunicación.

Si doña Luz Ángela fue su inspiración familiar para ser un luchador por lo derechos humanos, Luis Carlos Galán fue su papá político. A los doce años supo qué quería hacer en la vida cuando presenció un discurso del entonces candidato presidencial en la plaza principal de Mocoa, en la que se habló de la ironía de que Putumayo recibiera millones de pesos por las regalías del petróleo y al mismo tiempo reinara la pobreza.

Así, con esas palabras grabadas en su cabeza, viajó a Bogotá en 1988 para estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Allí hizo una maestría en análisis de problemas políticos, económicos internacionales y contemporáneos, que suele ser un primer paso para dedicarse a la diplomacia. Por esos días, una tía que lo acogió cuando llegó a la capital, después de llevarlo a cine y a exhibiciones de arte en el centro, le pedía que la acompañara a las reuniones del nuevo liberalismo que se hacían en el Concejo de Bogotá. Así, por el cine y el arte, llegó al Partido Liberal.

En el partido creó, junto a su amigo Juan Fernando Londoño, la Secretaría de Juventudes Liberales. En 1996 viajó a Londres a estudiar inglés para dedicarse al mundo de la diplomacia. Sin embargo, en una breve visita al Putumayo en junio de ese año, durante el gobierno de Ernesto Samper, asistió a las famosas marchas campesinas de protesta contra la fumigación con glisofato de los cultivos de coca en el sur del país. Por esa razón decidió quedarse.

Fue ahí cuando lo nombraron Secretario de Gobierno del departamento y se postuló al Congreso. Salió elegido en 2002 con 16.000 votos, una cifra significativa que lo convirtió de inmediato en la nueva promesa del Putumayo  en el Congreso colombiano.

Pero su tenacidad le traería problemas de nuevo. En 2006, Rivera envió una carta a la Fiscalía en Bogotá donde ponía sobre el tapete que en su departamento había llegado un hombre con una empresa que ofrecía una sospechosa rentabilidad. Se trataba de David Murcia Guzmán, dueño de la controvertida pirámide DMG. Rivera denunció que Murcia estaba desarrollando una actividad que podría estar ligada a un  lavado de activos.

Tal anuncio le costó sangre. Se ganó el odio de medio departamento y  algunos políticos afectos a esa empresa lo veían como la persona que quería acabar con un negocio que se había metido en la fibra de la población. La guerra que le hicieron fue tal que Rivera tuvo que sacar a sus papás por un tiempo del departamento, porque recibieron amenazas teléfonicas de muerte. En septiembre de 2007, los ahorradores de DMG hicieron una manifestación multitudinaria para defender la empresa y se estacionaron enfrente de la sede del negocio de distribución de motos Yamaha de su papá. Así entendieron que debían irse.

Mientras el congresista lidiaba con DMG y sus capitales dudosos, en Bogotá comenzaba una férrea lucha para que el gobierno de Álvaro Uribe les reconociera el valor a las víctimas, a través de una ley impulsada por él y por el senador santandereano Juan Fernando Cristo. El proyecto no encontró eco ni en el gobierno ni en el Congreso. Los políticos estaban dedicados a temas que arrojaran más dividendos.

Era junio de 2008. Los dos congresistas recorrieron el país organizando audiencias para atender a miles de mártires. El caso que más le impactó le llegó a sus oídos en uno de los encuentros en Valledupar. Una señora le dijo que iba en representación de su hija, quien había sido violada por un paramilitar. De esa agresión nació su nieta María, quien no había tenido la oportunidad de crecer con su mamá porque fue asesinada tiempo después por el mismo paramilitar. Estuvieron también en Santander, Huila, Chocó, Cesar Sucre, Nariño y Antioquia, entre otros departamentos, escuchando los relatos de quienes habían sufrido las consecuencias de la violencia desbordada de Colombia de los últimos  años. “Al Presidente Uribe no le interesaba ese proyecto por razones políticas y maquilló su desinterés apelando a la falta de recursos”, recuerda Rivera.

Pero Rivera continuó empeñado en sacarla adelante. Enfrentó hasta el último día al gobierno de Uribe, a quien veía como un hombre de ultraderecha que defendía y beneficiaba a los poderosos. Lo afirmaba sin problemas porque quienes lo conocen aseguran que no tiene rabo de paja para expresar sus pensamientos. Otros, sin embargo, dudan sobre la manera como este político liberal ha sobrevivido en política en un departamento atestado de paramilitares y guerrilleros.

Pero después de tanto luchar, Rivera lo logró. Encontró en el gobierno de Santos oídos atentos que le ayudaron a hacer avanzar en el proyecto al que le faltan tres debates para convertirse en Ley de la República. Hoy, por fin, siente que su lucha de toda la vida está dando sus primeros frutos.