Él les quitó las millonarias pensiones a congresistas

Él les quitó las millonarias pensiones a congresistas

7 de Mayo del 2013

Dionisio Araújo Angulo, el ciudadano que indignado demandó las pensiones millonarias para congresistas y magistrados, consideró una victoria nacional muy importante la decisión de la Corte Constitucional que las tumbó. Relató que intentó en dos oportunidades acabar con ese beneficio que calificó de injusto, y “la segunda fue la vencida”. En la primera oportunidad no le aceptaron su demanda porque la consideraron mal estructurada. Este hecho lo molestó más, porque sabía que esa no era la verdadera razón por la que no había interés de tramitarla. El abogado y consultor cuenta a KienyKe como empezó esta exigencia que provocó revuelo en el país y ahora pone fin a mesadas pensionales millonarias, que en muchos casos no eran merecidas por los jubilados.

¿Esperaba que, luego de dos intentos, la  Corte Constitucional decidiera su demanda y tumbara el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que permitía un régimen favorable a las pensiones millonarias a congresistas y magistrados?

La segunda fue la vencida. Yo creo que la presión que hubo de medios de comunicación y la indignación civil ante un privilegio inconstitucional, como quedó aclarado por la Corte en su sentencia, dio resultado. La Corte Constitucional estuvo a la altura de su papel.

¿Hay alguna anécdota de cómo y por qué decidió demandar ese artículo e intentar acabar con las jubilaciones millonarias para ciertos funcionarios?

En el año 2010, recién llegaba de Roma y abrí mi oficina de abogado. No tenía mucho trabajo. Un día, revisando jurisprudencia en Internet, encontré un fallo de tutela donde se concedía una pensión millonaria con base en esa Ley de 1992. Pero ya estaba vigente el Acto Legislativo 1 de 2005, que ordenaba que no se podían entregar mesadas pensionales por encima de 25 salarios mínimos. Me dije: “Esto no puede ser. Si el Acto Legislativo es clarísimo”. Quedé indignado. Encontré que más fallos, posteriores a 2010 cuando ya regía el Acto Legislativo de 2005, seguían concediendo mesadas pensionales por encima de 25 salarios mínimos usando jurisprudencia para cobijarse en ese régimen especial, que les otorga una gabela a algunos funcionarios del Estado para pensionarse con el 75% del salario del último año, sin importar cuál haya sido su comportamiento pensional durante toda la vida.

¿Y al ver que se pasaban por alto un Acto Administrativo decidió hacer que se acabara, de una vez por todas, con esos beneficios?

En el régimen ordinario una persona se pensiona con el esfuerzo del ahorro de toda la vida. Y a unos funcionarios del Estado, simplemente por el hecho de haberse posesionado, y a veces ni  siquiera en propiedad porque en ocasiones lo hacían en provisionalidad durante unos meses, vía extensión jurisprudencial se beneficiaban de ese régimen. Decidí presentar una demanda de constitucionalidad que no tenía ningún misterio. El Acto Legislativo 1 de 2005 dice que se prohíben, y eso que dice la Constitución está por encima de lo que dice una Ley marco y unos decretos reglamentarios expedidos en el año 91 y en el año 93. No puede ser que por jurisprudencia se desconozca la constitución y se le dé aplicación a unas normas que fueron derogadas por el acto legislativo. Así se origina la demanda.

¿Qué pasó la primera vez que presentó esa demanda?

Hace año y medio la Corte Constitucional emitió un fallo sobre esa primera demanda donde se declaró inhibida, diciendo que no se habían configurado en la demanda los cargos de constitucionalidad de manera adecuada, lo cual me indignó aún más. Porque en el régimen procesal de acciones de constitucionalidad no está prevista esa opción de inhibición. Es una obligación de la Corte revisar la norma demandada frente a la Constitución para ver si se encuentra o no ajustada. Me molestó aún más que dijeran que había sido un problema de mal trabajo del abogado cuando lo que había allí era una intención o un interés en no proferir una sentencia.

¿Era la primera vez que se presentaba una demanda contra esas pensiones?

En los últimos 10 o 15 años se han presentado diez u once demandas contra el mismo artículo y nunca se habían tramitado.

¿Cuándo decidió volver a demandar? ¿Alguien lo motivó, como el Gobierno o alguna organización?

En junio de 2012 volví a presentar la demanda. Esto fue un acto individual de indignación ciudadana. Yo la llamo indignación positiva. En vez de quedarnos quejándonos en los taxis y en los cocteles con los amigos, la indignación me llevó a producir la demanda y tramitarla.

Dionisio Enrique Araújo Angulo, Kienyke

Sabe que por su persistencia puso sobre la mesa un tema que crispó al país, que conoció de cientos de funcionarios cobijados por ese régimen…

Con ocasión de la presentación de la demanda y de la exposición mediática del tema, incluso las audiencias públicas con ministros, con el Procurador, con la Contralora, con magistrados y sociedad civil, en ese proceso de construcción de esta sentencia conocí información de mesadas pensionales que a uno como colombiano le duelen. No es equitativo que una persona, que valga decir ha recibido un buen sueldo por una alta corporación,  por el solo hecho de pertenecer a un grupo, a una casta, se le premie de por vida, y más allá de su propia vida porque estas pensiones muchas veces son subrogables a beneficiarios posteriores, con 28 o 29 millones de pesos, cuando todos saben que no han hecho un esfuerzo de ahorro que la justifique. Es desproporcionado.

¿También propició un destape del escándalo del carrusel de las pensiones?

Esa no ha sido una práctica reciente, sino una mala práctica de algunos años. Aprovechando la coyuntura del régimen especial, gente que ni siquiera había llegado en propiedad a esos cargos, por ejemplo que no habían sido magistrados durante ocho años, o que no habían sido electos congresistas, llegaban a ejercer la curul durante un periodo pequeño de tiempo y por ese solo hecho ganaban. Me parece injusto aprovecharse de un cargo público. Los altos funcionarios del Estado son los que de primera manera deben dar ejemplo sobre responsabilidad social.

Con respecto a las anteriores 11 demandas presentadas y la primera que a usted le negaron, ¿le huele que hubo trabas para evitar el fallo que hoy conocemos?

En mi caso particular no, porque como ciudadano solo fue ir y presentar la demanda y asistir a la audiencia pública que hizo la corte. Yo no tengo interés en este proceso. A mí ni me iba mejor por ganar, ni me iba peor si se fallaba en contra. Simplemente era un ejercicio ciudadano. Pero indiscutiblemente se sintieron presiones de todos los lados, unos a favor de preservar el régimen, y otros a favor de que se acabara.

¿Tuvo suerte en esta demanda?

Si alguna virtud tengo fue la de levantar la voz en un momento en que había gente dispuesta a oír. Me imagino que quienes me antecedieron en esta lucha, quizá no alzaron la voz lo suficiente o quizá no había quién los quisiera oír.

¿Qué sugeriría respecto a si este fallo aplica de manera retroactiva o sólo desde la fecha que se notifica?

La corte tiene la potestad de modular el efecto de sus sentencias. Recuerde el conflicto por el Acto Administrativo (de 2005) que hablaba de la inconstitucionalidad de esa norma. Yo creo que todas las pensiones que se concedieron antes de la entrada en vigencia de la reforma del año 2005 se adquirieron de buena fe y son verdaderos derechos adquiridos, y la propia constitución protege esos derechos adquiridos. Mal ejemplo sería que eso se desconociera. Hay un periodo que va de 2005 a 2010, ya aprobado el Acto Legislativo 1 de 2005, pero que todavía no producía efectos. Esa reforma entró en vigencia desde 2010. Lo que sí queda claro es que las pensiones concedidas desde la entrada en vigencia del Acto Legislativo, ya no son pensiones adquiridas conforme al derecho. Es un remedo de derecho adquirido. Esas pensiones sí deben revisarse. También queda perfectamente claro que a partir de la sentencia (del lunes) no se pueden conceder pensiones con base en el régimen especial, salvo el presidente y las fuerzas militares que conservan su régimen.

¿Será justo que las pensiones millonarias entregadas entre 2010 y 2013 sean devueltas?

Yo creo que es justo que se replanteen.  Y devolver el dinero es pregunta difícil. Creemos que ellos actuaron de buena fe, hasta que no se compruebe lo contrario en un proceso judicial. Si se demuestra que actuaron de mala fe, aprovechándose de la norma o presentando documentación falsa, pues a ellos sí debería exigírseles la devolución del dinero. Entiendo que en responsabilidad fiscal la contraloría ya tiene investigaciones abiertas. Esta jurisprudencia de la corte les ayudará en estas investigaciones.

El tema de pensiones seguirá en discusión por la reforma que planteará el Gobierno. ¿A pesar de esa reforma, podemos estar tranquilos sobre la desaparición de estas pensiones onerosas?

Lo que hizo la corte es definir que en la Constitución están prohibidos regímenes especiales, a excepción del presidente y fuerzas armadas. Una reforma de orden legal debe respetar ese principio. Si se tramitara una reforma constitucional y vuelven a crear regímenes especiales, esas serán las reglas de juego.

¿Prepara alguna otra acción judicial, como indignado social?

Tengo otro proceso contra el tema de valorización en Bogotá. Llevo algunos años en ello pero está andando. Me he estrellado contra la administración de justicia que no quiere tramitarla. Lo que pido es que los pagos de valorización que hicimos en 2005, que no se han visto representados en obras porque estas no han arrancado, y que están guardados en un banco produciéndole a ellos 100 mil millones de pesos de intereses, esos rendimientos al menos nos sean devueltos a los contribuyentes.

Dionisio Araujo Angulo es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de Seguros. Fue director de la antigua Dirección de Defensa Judicial de la Nación y fue nombrado cónsul de Colombia en Roma. Desde 2010 trabaja como abogado independiente y asesor empresarial. Es hijo del excandidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido Conservador, Dionisio Araujo Vélez.