El retorno de la familia que se la ganó a Mancuso

El retorno de la familia que se la ganó a Mancuso

20 de Noviembre del 2011

“Mi nombre es Maritza Salabarría, fui desplazada en 1991 por las autodefensas de la vereda Mundo Nuevo en el departamento de Córdoba. Un desplazamiento cruel. Fue con plomo que tuvimos que salir, que dejamos todo lo que teníamos en la finca, porque apenas salimos con la ropa que teníamos puesta.”. Son las palabras de Martiza Salabarría antes de regresar a Montería para recuperar la tierra que le arrebataron los paramilitares de Salvatore Mancuso,  hace dos décadas. Tiene la mirada tranquila y la voz templada: “Desde entonces no me he quedado quieta, de nada valieron las amenazas, yo no les tengo miedo, siento el respaldo del Estado”.

Aún está en Bogotá, donde el frío la golpea. Sabe que su familia, los Salabarría,  es la primera a la cual el gobierno le restituirá  por vía administrativa las parcelas que le fueron despojadas. Un hecho que abona el camino para la implementación de la Ley de Víctimas que sancionó el presidente Santos hace seis meses.

La tarde del 7 de noviembre de 1992, cuarenta hombres del comandante paramilitar Salvatore Mancuso llegaron en la vereda Mundo Nuevo, en la zona rural de Montería, donde vivían los Salabarría.  Quemaron la tienda,  encerraron a las mujeres en una casa cercana, formaron a los hombres en la plaza del pueblo y asesinaron a uno de los líderes frente a los ojos de todos y a cuatro más en los alrededores. Ordenaron desalojar la vereda. Comenzó entonces uno de los tantos éxodos de la década de los 90.


El 7 de noviembre de 1992 cuarenta paramilitares de Salvatore Mancuso irrumpieron en la vereda Mundo Nuevo y forzaron el desplazamiento de la población. 

Los Salabarría, una familia conformada por más de 20 personas, abandonaron la finca que les había dejado su  padre, Emiro José, fruto de un trabajo de años: 110 hectáreas y 110 cabezas de ganado. Llegaron a Planeta Rica, donde sólo permanecieron un mes porque las amenazas no tardaron en llegar. Los paramilitares querían que se fueran lejos. Siguió el peregrinaje hacia Belén de Bajirá, en el Urabá antioqueño, donde sobrevivieron cuatro años lavando plátano hasta que llegó Carlos Castaño con su violencia arrasadora a despojar campesinos a punta de fusil. Los Salabarría retomaron entonces la marcha montados en un camión, con la zozobra en los hombros, rumbo a Planeta Rica, para seguir luego a Montelíbano (Córdoba).

Su finca en Mundo Nuevo terminó en otras manos. “Dos ganaderos, Jesús Ramírez y Fabio Gutiérrez, rompieron las cercas y echaron el ganado a pastar ahí. En 1993 el Incora le tituló los predios  de los Salabarría a Julio de Hoyos, un trabajador del ganadero Fabio Gutiérrez. De Hoyos actuó como testaferro para que Gutiérrez, que ya tenía más de 5.000 hectáreas en la región, se quedara con nuestra finca”, recuerda Maritza.

Fueron catorce años de pobreza y de desplazamiento. Maritza se enteró por las noticias de la desmovilización de los paramilitares y que Mancuso había prometido devolver 10.000 hectáreas de tierra en Córdoba. Maritza tomó el camino de  Ralito dispuesta a encarar a Mancuso. No tuvo suerte y no logró hablar con él. Luego, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo y el apoyo de una misión de la OEA se abrió la posibilidad de retornar con su familia a la finca. El 4  de junio de 2006 los Salabarría pudieron pisar de nuevo su finca. El periódico local, el Meridiano de Córdoba tituló el hecho en primera página: “Retorna la Esperanza”.


Maritza Salabarría nunca descansó en su lucha por recuperar su finca en Córdoba. Veinte años después lo logró.    

Sin embargo la alegría duró apenas dos días. Dos hombres armados que llegaron a caballo los trataron de invasores y los amenazaron de muerte. Ya no estaba la OEA  ni la Defensoría del Pueblo para apoyarlos. Se encontraban solos y atemorizados. Fueron dos meses infernales y en agosto del 2006, ante el ultimátum de una masacre, huyeron nuevamente. La familia se dividió. Los hombres empezaron a trabajar monte adentro. “Se iban lejos, para que no pudieran dar con ellos. No cargaban ni la cédula para que no les vieran el apellido”, cuenta Maritza.  Sólo Emiro, el hermano menor, se quedó en Córdoba desafiando la muerte y desde el 2007 está desaparecido.

Un año después, el 17 de agosto de 2007, Maritza Salabarría estaba en la oficina de la Comisión Nacional de Reparación pidiendo protección. Llegó a Bogotá con $500.000 prestados, acompañada por su hermana. Pasaron la noche en el terminal de transporte. Dos días antes habían entrado a su casa unos hombres armados que la preguntaron. “Me iban a matar”, dice Maritza con convicción.

Y no hubo un día en que Maritza no pensara y preguntara por las tierras de su familia. Llegó entonces el gobierno de Juan Manuel Santos y con él la promesa de una Ley de Víctimas y Restitución de tierras. “Yo lloraba de felicidad cuando escuchaba al Presidente decir que iban a trabajar para devolverles las tierras despojadas a las víctimas. Llegué a mi casa y con las manos en la cabeza  dije: ahora sí es la hora”, dijo Maritza. Puso entonces en su mira el Incoder, la institución que podría tramitar la devolución de sus tierras. Y lo consiguió.


El pasado 19 de Noviembre, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el director del Incoder, Juan Manuel Ospina, y Ana Teresa Bernal, de la Comisión Nacional de Reparación, le entregaron el título a Maritza Salabarría.  

Antes de su viaje a Córdoba, en donde recibiría el sábado los títulos de sus tierras, Maritza sentenció: “No me quería morir sin ver que el gobierno lograra recuperar mis parcelas. Nadie entiende el dolor que yo he sentido estos veinte  años. Perdí a mi padre, a mi madre, perdí a mi esposo, se extravió la mitad de mi familia. Ahora sólo pido que nos protejan para que no tengamos que abandonar nuevamente nuestra finca en Mundo Nuevo. Porque allí siguen ellos, y están actuando. Los campesinos que se quedaron están pagando vacuna y el que no paga lo matan.  Es una situación crítica”. Pero otra cosa es tener el título en la mano. Las 110 hectáreas que recuperó esta familia forman parte de las 160.000 que devolverá el Incoder a sus dueños en lo que queda del año. Los 40 integrantes de la familia Salabarría, el sábado pasado, le ganaron la batalla a Salvatore Mancuso.