Su nombre no pasa desapercibido. Casi cualquiera lo asocia a temas ecológicos. Tiene presencia en 45 países hace más de 40 años, y desde hace seis en Colombia. Se trata de la organización Greenpeace, la cual lidera programas a nivel mundial para combatir el cambio climático y la defensa del medio ambiente.
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Sin embargo, pocos saben el objetivo y misión que la organización se ha trazado en Colombia, y que es tomado tan en serio que desde el 2013 decidieron abrir una oficina en Bogotá, y actualmente tienen 120 voluntarios en todo el país.
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Se trata de la defensa de un punto específico del paisaje de Boyacá,: el páramo del Pisba, del cual poco se ha hablado, pero en el que se estaría gestando un crimen ecológico.
Kienyke.com habló con Silvia Gómez, la directora de Greenpeace Colombia, sobre el proyecto que tiene la ONG en el país.
“Greenpeace decidió enfocarse en Colombia en un tema muy específico, el cual es la protección de los páramos, frente a una amenaza muy seria que es la minería de carbón, y apoyar un programa piloto con una comunidad que lleva generando y desarrollando una resistencia hace tres años para la protección del páramo de Pisba, en los municipios de Tasco y Paz del Río”, en Boyacá.
Silvia estudió antropología en la Universidad de Los Andes, tiene una maestría en sostenibilidad en Inglaterra que resalta la importancia de la protección de los recursos naturales de una manera integrada. “Trabajé diez años con comunidades indígenas, locales. Conozco muy bien este país, también lideré proyectos con la ONU, fui consultora de parques nacionales”. Pero sobre todo, a Silvia le corre sangre de activista.
Con un grupo de químicos, biólogos y otros expertos, Greenpeace se desplazó hasta el páramo de Pisba donde hace presencia la minería de carbón, y allí hizo un descubrimiento macabro.
“Tomamos pruebas comparativas del agua en el páramo de Pisba, en lugares donde no ha habido minería cerca, y el dato de conductividad, que tiene que ver con la presencia de metales fue de cuatro. Pero en las pruebas de agua, cerca de las minas de carbón, encontramos la conductividad en 2050. Lo preocupante del caso es que esas fuentes de agua van a quedar con ese nivel de conductividad para siempre, no hay manera de descontaminar esas fuentes”, dijo.
Sin embargo, el trabajo de Greenpeace no quedó sólo en comprobar las consecuencias de la minería que hay en dicho páramo, sino que adelantó una serie de gestiones ante los organismos encargados de vigilar y defender los recursos naturales, y realizar la respectiva denuncia.
“Tratamos de articular y entender las razones por las cuales el gobierno toma ciertas decisiones, pero no ha sido fácil, porque desafortunadamente gran número de nuestras denuncias tienen que ver con la inoperancia, ineptitud y debilidades de las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de velar por la protección de los recursos naturales, y por ejemplo en el caso de Boyacá es muy grave. Hemos tenido que solicitar información, confrontar a los directores y evidenciar la falta de contundencia y efectividad en sus decisiones”, aseguró Silvia.
La representante de la organización ambiental incluso fue más allá y denunció al Ministro de Ambiente y al propio Presidente de la República.
“Eso también aplica para otros funcionarios nacionales, como el ministro de Ambiente, quien al ver por ejemplo que CorpoBoyacá no está cumpliendo, no ejerce su función como máxima autoridad en el país en materia ambiental. El ministro se escuda de las críticas y denuncias contra estas corporaciones en que están dentro de la legalidad de las licencias ambientales. Sin embargo, no se ha entendido que los páramos deben ser sistemas estratégicos por su importancia en el abastecimiento de agua.
"(…) La responsabilidad va hasta el Presidente, quien se comprometió con Greenpeace a proteger los páramos dentro del Plan Nacional de Desarrollo prohibiendo la minería”.
Esta experiencia en el páramo de Pisba ha impulsado a Greenpeace a tomar medidas más drásticas como demandar normas que posibilitan la degradación de los ecosistemas en el país.
“Greenpeace apoyó la demanda contra el artículo 13 del Código de Minas, el cual dice que es de utilidad pública y de interés social la minería en todas sus fases y ramas, por encima del derecho a un ambiente sano y el derecho público sobre el agua”, explicó la directora de Greenpeace en Colombia.
No obstante, la ONG sigue de cerca la afectación en el país de otros páramos y la articulación con otros programas. “Greenpeace lleva trabajando en Colombia en distintos proyectos desde el 2009, incluso ya venía trabajando en el tema de páramos, también enfocado en el cambio climático, pero sobre todo haciendo énfasis en el apoyo de campañas globales”.
-¿Cuál ha sido el rol de Greenpeace en Suramérica?
“Con el auge de la minería en la región, surge la idea de fortalecer Greenpeace Andino, cuya oficina principal está en Argentina. Después se abrió Chile hace diez años, y siendo Colombia un país muy rico en biodiversidad y una nación que ha enfocado su sistema de desarrollo hacia modelos extractivistas, que empezaron en el Gobierno de Uribe, nació la experiencia en Colombia como tal en el 2013”.
-¿Cuál es la experiencia a nivel mundial?
“En este momento Greenpeace hace presencia en todos los continentes, y promueve y vela por la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio ambiente, a través de campañas que desarrollan diferentes acciones no violentas. En particular denunciamos crímenes ambientales, con información científicamente muy sólida, acompañando a las comunidades locales afectadas, y generando acciones que permitan incidir en la política pública”, manifestó Silvia Gómez.
“Nosotros venimos promoviendo en todo el mundo una serie de proyectos y alternativas para obtener energía renovable y así los países se comprometan a reducir en un 50% la utilización de energía fósil como el petróleo, gas y carbón, que producen gas carbónico, responsable del recalentamiento global”.
Silvia indicó que la ONG se financia de personas naturales, “es decir no recibe donaciones de empresas privadas o de gobiernos y fue fundada en Vacouver en los años setenta”.
Silvia estudió antropología en la Universidad de Los Andes, tiene una maestría en sostenibilidad en Inglaterra que resalta la importancia de la protección de los recursos naturales de una manera integrada. “Trabajé diez años con comunidades indígenas, locales. Conozco muy bien este país, también lideré proyectos con la ONU, fui consultora de parques nacionales”. Pero sobre todo, a Silvia le corre sangre de activista.
Con un grupo de químicos, biólogos y otros expertos, Greenpeace se desplazó hasta el páramo de Pisba donde hace presencia la minería de carbón, y allí hizo un descubrimiento macabro.
“Tomamos pruebas comparativas del agua en el páramo de Pisba, en lugares donde no ha habido minería cerca, y el dato de conductividad, que tiene que ver con la presencia de metales fue de cuatro. Pero en las pruebas de agua, cerca de las minas de carbón, encontramos la conductividad en 2050. Lo preocupante del caso es que esas fuentes de agua van a quedar con ese nivel de conductividad para siempre, no hay manera de descontaminar esas fuentes”, dijo.
Sin embargo, el trabajo de Greenpeace no quedó sólo en comprobar las consecuencias de la minería que hay en dicho páramo, sino que adelantó una serie de gestiones ante los organismos encargados de vigilar y defender los recursos naturales, y realizar la respectiva denuncia.
“Tratamos de articular y entender las razones por las cuales el gobierno toma ciertas decisiones, pero no ha sido fácil, porque desafortunadamente gran número de nuestras denuncias tienen que ver con la inoperancia, ineptitud y debilidades de las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de velar por la protección de los recursos naturales, y por ejemplo en el caso de Boyacá es muy grave. Hemos tenido que solicitar información, confrontar a los directores y evidenciar la falta de contundencia y efectividad en sus decisiones”, aseguró Silvia.
La representante de la organización ambiental incluso fue más allá y denunció al Ministro de Ambiente y al propio Presidente de la República.
“Eso también aplica para otros funcionarios nacionales, como el ministro de Ambiente, quien al ver por ejemplo que CorpoBoyacá no está cumpliendo, no ejerce su función como máxima autoridad en el país en materia ambiental. El ministro se escuda de las críticas y denuncias contra estas corporaciones en que están dentro de la legalidad de las licencias ambientales. Sin embargo, no se ha entendido que los páramos deben ser sistemas estratégicos por su importancia en el abastecimiento de agua.
"(…) La responsabilidad va hasta el Presidente, quien se comprometió con Greenpeace a proteger los páramos dentro del Plan Nacional de Desarrollo prohibiendo la minería”.
Esta experiencia en el páramo de Pisba ha impulsado a Greenpeace a tomar medidas más drásticas como demandar normas que posibilitan la degradación de los ecosistemas en el país.
“Greenpeace apoyó la demanda contra el artículo 13 del Código de Minas, el cual dice que es de utilidad pública y de interés social la minería en todas sus fases y ramas, por encima del derecho a un ambiente sano y el derecho público sobre el agua”, explicó la directora de Greenpeace en Colombia.
No obstante, la ONG sigue de cerca la afectación en el país de otros páramos y la articulación con otros programas. “Greenpeace lleva trabajando en Colombia en distintos proyectos desde el 2009, incluso ya venía trabajando en el tema de páramos, también enfocado en el cambio climático, pero sobre todo haciendo énfasis en el apoyo de campañas globales”.
-¿Cuál ha sido el rol de Greenpeace en Suramérica?
“Con el auge de la minería en la región, surge la idea de fortalecer Greenpeace Andino, cuya oficina principal está en Argentina. Después se abrió Chile hace diez años, y siendo Colombia un país muy rico en biodiversidad y una nación que ha enfocado su sistema de desarrollo hacia modelos extractivistas, que empezaron en el Gobierno de Uribe, nació la experiencia en Colombia como tal en el 2013”.
-¿Cuál es la experiencia a nivel mundial?
“En este momento Greenpeace hace presencia en todos los continentes, y promueve y vela por la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio ambiente, a través de campañas que desarrollan diferentes acciones no violentas. En particular denunciamos crímenes ambientales, con información científicamente muy sólida, acompañando a las comunidades locales afectadas, y generando acciones que permitan incidir en la política pública”, manifestó Silvia Gómez.
“Nosotros venimos promoviendo en todo el mundo una serie de proyectos y alternativas para obtener energía renovable y así los países se comprometan a reducir en un 50% la utilización de energía fósil como el petróleo, gas y carbón, que producen gas carbónico, responsable del recalentamiento global”.
Silvia indicó que la ONG se financia de personas naturales, “es decir no recibe donaciones de empresas privadas o de gobiernos y fue fundada en Vacouver en los años setenta”.
