La Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento a la senadora del Partido de La U Dilian Francisca Toro dentro del proceso que le sigue por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la compra de tres fincas (San Miguel, La Milagrosa y Brasilar) en el Valle, cuyos dueños estaban asociados con el narcotráfico.
La senadora había rendido indagatoria hace dos semanas ante el magistrado auxiliar Carlos Mejía y dijo, tajantemente, que no tenía relaciones con personas al margen de la ley y que las propiedades de la empresa familiar habían sido obtenidas de buena fe. “Bajo juramento le puedo decir que no conozco ningún narcotraficante colombiano”, dijo en tono enérgico.
El viernes pasado su esposo, Julio César Caicedo, se presentó a la Corte y ratificó la versión de Dilian, y asumió cualquier responsabilidad en las transacciones comerciales que componen su rico patrimonio familiar. Afirmó que en la empresa era él quien tomaba la decisión final de adelantar las negociaciones, con lo cual creyó absolver a la senadora de haber hecho tratos con personas asociadas al narcotráfico. La Corte creyó lo contrario y este martes la envió a la cárcel.
Dilian Francisca Toro no solo llegó a ser la senadora más poderosa del Valle del Cauca sino que fue ella quien como presidenta del Congreso le tomó el juramento al presidente Uribe en 2006. Con ella son siete -Miguel Pinedo Vidal, Carlos García Orjuela, Mario Uribe Escobar, Luis Humberto Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez y Javier Cáceres- los presidentes del Senado que han terminado enredados con la Corte Suprema de Justicia.
Cuando conoció la noticia, la propia senadora escribió en su cuenta de Twitter que confía en la justicia y afirmó: "Tenemos total tranquilidad pues todo lo hemos hecho según las leyes colombianas. Jurídicamente están todas la pruebas". Sin embargo, desde hoy estará tras la rejas.
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