Periodismo y muerte: las armas del silencio en México

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Periodismo y muerte: las armas del silencio en México

16 de abril del 2017

Miroslava Breach era conocida como la “incómoda de México”. Incómoda para el gobierno; incómoda para los grupos de poder; incómoda para los narcotraficantes y grupos organizados. Todos tenían un motivo para callarla.

Miroslava tenía 54 años, una tez clara, el cabello corto y rojo, una gran sonrisa y unos ojos oscuros que demostraban toda su entereza. Era una mujer valiente, que se negaba a silenciar sus denuncias a pesar de todas las amenazas sobre su cabeza. Era mexicana; era madre; era periodista.

23 de marzo. Eran las diez de la mañana cuando su pequeño de 10 años se subió a la camioneta roja  y esperó que ella se sentara a su lado para llevarlo al colegio. Todo fue muy rápido. Le dispararon ocho veces, con saña, para no permitir un error. Milagrosamente, su hijo resultó ileso, al menos físicamente. Después del atentado se encontró una nota en la camioneta, que decía que ese tipo de cosas le ocurren a quienes hablan demasiado y se meten donde no deben.

Sin embargo, ella sólo se metía donde debía, en la oscuridad, en los problemas de México, en donde había algo importante que contar.

Breach era reconocida por sus colegas como una periodista crítica, “honorable y muy respetada, que vivía de acuerdo a sus principios”, así la describió Oscar Cantú, director del Diario el Norte.

Durante sus 30 años de carrera, Miroslava Breach abordó todo un espectro de problemas en México. Denunció lo innombrable. La periodista publicó acerca de los presuntos vínculos del narcotráfico con los políticos en el estado de Chihuahua, abusos de derechos humanos, agresiones contra comunidades indígenas, la violencia de los carteles y aumento de homicidios en zonas rurales, entre otros.

Su última publicación explicaba cómo los cárteles de la droga apoyaban a los candidatos a alcalde en ciertas regiones por la producción de marihuana y opio. Miroslava citó con nombres y apellidos cómo la suegra de alias “El 80”, el criminal más buscado en la región, se iba a presentar como candidata del PRI en Bachiníva y la serie de anónimos en contra de los otros posibles candidatos que siguieron. Diez días después, la acribillaron.

Luego de su muerte, el periódico Norte de Ciudad Juárez anunció su cierre por falta de garantías. “El asesinato de Miroslava Breach me hizo ver lo peligroso que es esto” afirmó Cantú, el fundador del periódico para BBC, “quizá con el silencio podremos sentar una posición y así atraer la atención de los gobiernos a nuestra ciudad”.

Muertes predecibles

La muerte de Miroslava Breach se convirtió en el tercer asesinato sólo en el mes de marzo en México.

A Cecilio Pineda lo asesinaron el dos de marzo, en Ciudad Altamirano, municipio de la Tierra Caliente de Guerrero, una de las regiones más pobres de uno de los estados más pobres de México. Cecilio no investigaba, era reportero en el diario La Voz de la Tierra Caliente. También Colaboraba en el periódico El Universal. Era un líder de opinión.

Ese día, estaba conduciendo su carro cuando entró a su cuenta en Facebook; “¡Buenas tardes amigos de la Tierra Caliente!” y luego prosiguió a hablar de cómo un sicario de Los Tequileros, una banda de secuestradores que tenía sometida a la población, había desertado y revelado la ubicación de los demás, pero las autoridades no los habían detenido porque no querían. Denunciaba cómo la policía protegía a los secuestradores.

 

A Cecilio lo mataron tres horas después; mientras esperaba en un autolavado, llegaron dos jóvenes a bordo de una motoneta y le dispararon. No alcanzó a llegar al hospital con vida.

Ricardo Monlui murió después de desayunar. Era domingo 19 de marzo y había salido, con su esposa e hijo, a un restaurante en Yanga, un municipio a 20 minutos del centro de Córdoba. Dos sujetos en una motocicleta le dispararon tres veces. Murió de inmediato, en el andén, afuera del restaurante.

Monlui era director editorial del periódico El Político y autor de la columna “Crisol”, en los periódicos El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa. Además era vocero de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. Justamente, en tan sólo un mes y medio, tres hombres vinculados a esta industria fueron asesinados en Veracruz, y este era el tema de las columnas del periodista

Además de estos tres asesinatos, en el país azteca se presentaron otros cuatro atentados contra periodistas en este mes. Pero las cifras son mucho más aterradoras.

Un panorama oscuro

“Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si este es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores”.

Esas fueron las palabras que se registraron en la última editorial del periódico Norte de ciudad Juárez cuando decidió anunciar su cierre por falta de garantías.

“En estos 27 años, con sus muy honrosas excepciones, se nos dejó solos. Luchamos contracorriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, que solo jugaron en detrimento de nuestra ciudad y de quienes habitamos en ella” señala la despedida del periódico, “las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo”.

Muchos medios han intentado proteger a sus periodistas: que no firmen sus artículos, que siempre viajen acompañados, que sigan ciertos procedimientos o reciban entrenamientos, pero es insuficiente. Además, la responsabilidad no debería caer sobre ellos, sino sobre el Estado, como lo establece la constitución y el tratado internacional. El gobierno lo ha intentado: creó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y amplió las facultades del gobierno federal, pero estas medidas no salvaron ni a Miroslava, ni a Cecilio, ni a Ricardo. De hecho, pocas veces son suficientes.

En México, sólo hasta el año 2000 se pudo hablar de libertad democrática con la elección de Vicente Fox, que puso fin a 71 años de presidentes del Partido Revolucionario Estatal.

Sin embargo, lo que parecía ser un nuevo capítulo para México se truncó demasiado rápido. Se comenzaron a generar mayores controles sobre el periodismo, lo convirtieron en negocio y la violencia comenzó a crecer a una velocidad vertiginosa, mientras el gobierno se movía lentamente.

Tan sólo en 2016, según el informe ‘Libertades en Resistencia’ de Artículo 19, se presentaron 47 ataques a medios de comunicación, 56 a fotoperiodistas y 184 a reporteros. Entre julio de 2010 y diciembre de 2016 se presentaron 789 denuncias de agresiones a periodistas. Sólo se dictaron dos condenas.

Agresiones a la prensa en México 2016

Artículo 19

“Los temas por los que los periodistas corren más riesgo para informar están relacionados con el crimen, narcotráfico, corrupción, corrupción entre la autoridad y el crimen organizado, los abusos a los derechos humanos. Todos son temas sensibles que pueden producir serio riesgo para los periodistas, sobre todo en aquellas zonas donde la presencia del estado es débil, donde lo fuerte que es el crimen organizado, y este actúa en colusión con la autoridad y esto ocurre en muchas partes de México”, afirmó Carlos Lauría, miembro del Comité para la protección de los periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en diálogo con Kienyke.com.

De hecho, México está en el puesto 149 de 180 en la calificación mundial de libertad de prensa y es el primer país en América Latina y el tercero en el mundo más peligroso para periodistas. Y entre más leyes generan las autoridades, más agresiones se presentan.

Agresiones contra la prensa por año

Artículo 19

“El gobierno hace mucho tiempo ha reconocido que esto es un problema, pero las medidas que ha tomado han sido insuficientes. Crearon en 2006 una fiscalía especial para la atención de delitos contra periodistas y después se extendió el mandato en 2010 a libertad de expresión, y todavía no ha tenido éxito al momento de procesar la justicia, a los responsables de los crímenes”, manifestó el miembro de la CPJ.

Para Lauria, hoy en día, la situación de violencia contra periodistas no se concentra sólo en unos estados, ni tiene unos objetivos limitados.

“Hay puntos rojos muy fuertes en Estados como Tamaulipas, Veracuz, Guerrero, Baja California y Sinaloa. En el norte, sur, este o este. Es un problema generalizado en muchos de los estados de México”.

Contrario a la creencia popular, el crimen organizado no es el mayor responsable de los delitos, sino los funcionarios públicos: de 426 agresiones, 257 fueron cometidas por funcionarios públicos (el 40% por autoridades estatales, el 35% municipales y el 25% federales) y 17 por el crimen organizado.

Artículo 19

Artículo 19

Por su parte, los asesinatos a periodistas han presentado una escalada tenebrosa. De siete asesinatos en 2015, se pasaron a 11 en todo 2016, casi uno al mes. Sin embargo, con los tres asesinatos en el pasado marzo, el panorama parece aún peor para 2017.

Artículo 19

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Además de esto, existe un agravante invisible: el silencio y la impunidad. De todas estas agresiones, alrededor de 119 asesinatos en 16 años, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo el 5% ha sido resuelto.

“Hay un clima de violencia generalizada y un terrible récord de impunidad, que crea un clima en el que periodistas temen hacer su trabajo”, afirmó Carlos Lauría.

Un atentado contra la libertad

“Históricamente, en México el gobierno no ha comprendido el papel de la prensa y las dificultades que enfrentan para hacer su trabajo”, afirmó Esteban Illades, periodista, a Fox News. “Los sistemas de justicia penal a nivel estatal y federal son simplemente inadecuados”.

La situación se ha convertido en un círculo vicioso de impunidad y violencia, que se debe a la estrecha relación entre los medios, las autoridades, el sistema de justicia y el crimen organizado. La única forma de combatirlo es demostrando los vínculos del crimen con las autoridades y la justicia, pero hacerlo pone al periodista en riesgo.

“Nos enfrentamos a una doble impunidad. El primer elemento de ésta se da cuando el agresor es un agente estatal o, en su caso, privado, pero que actúa bajo aquiescencia de autoridades. Se asegura que éste no sea puesto a disposición de un juez y mucho menos castigado, como resultado de la ausencia de investigaciones diligentes. El segundo componente de la doble impunidad lo encontramos en el contexto de lo informado por los periodistas asesinados. (…) Cuando se agrede a un periodista crítico se pretende crear un vacío informativo, con lo que la sociedad pierde su lucha por hacer visible información relevante”, explica el informe “Libertades en resistencia” de Artículo 19, .

En vez de protegerlos o investigar o condenar sus muertes, el Estado se ha encargado de estigmatizar y criminalizar a las víctimas. Se ha caracterizado por sus investigaciones poco diligentes y su poco interés para acabar con la amenaza. En vez de eso, continua investigando los asesinatos individualmente, en vez de buscar patrones para prevenir futuros atentados.

“Quebrar el ciclo de impunidad es lo importante para que se reconozca la responsabilidad y los periodistas puedan volver a confiar, a trabajar con garantías, que no se sientan tan vulnerables; no se vean obligados al exilio, a abandonar su profesión, a autocensurarse o censurarse”, declaró Carlos Lauría.

Precisamente, la censura y la autocensura ha sido una de las consecuencias más notables de la violencia que azota al país azteca. Mientras las autoridades se preocupan por callar las denuncias, en vez de resolverlas, el periodismo ha ido cediendo ante la presión. “Se está produciendo una censura muy fuerte y limitando la posibilidad de que los mexicanos, incluyendo a los periodistas, puedan ejercer libremente sus derechos garantizados en la Constitución, como la libertad de expresión y el acceso a la información”, afirmó Lauría.

Atentar contra el periodismo se convierte en un ataque contra la sociedad, la  libertad de expresión y la democracia. Según el análisis del representante del CPJ, los asesinatos, atentados y amenazas han tenido un efecto dramático en el proceso democrático.

“La libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público son los temas que más ha afectado a los mexicanos, se ve obstaculizado, imposibilitado de concretarse (…) El problema de la violencia contra periodistas va mucho más allá de la violencia contra un sector de la población; está afectando derechos humanos fundamentales y evadiendo la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente los temas que más afectan y poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia en México”.

El asesinato de periodistas implica una privación al derecho de tener información sobre impunidad y violencia, para poder generar, así mejores herramientas para exigir que se combata. Esta necesidad de información cobra mayor sentido ante el contexto de violencia y corrupción estructural que enfrentan varios estados del territorio mexicano.

Con cada agresión, cada amenaza, cada asesinato, no se está atentando sólo contra un gremio: se atenta contra una sociedad, contra la libertad de expresión y las bases mismas de la democracia. Los asesinatos a periodistas en México y la impunidad sólo son un síntoma de una enfermedad aún más grave dentro del país azteca.

Esas agresiones son síntoma del cáncer que ha estado amenazando al país, de la violencia que azota las zonas rurales, la crueldad detrás de la vida cotidiana, de la corrupción impregnada hasta en los huesos del gobierno, de la desconexión y desinterés del Estado, y de los todopoderosos carteles que mueven los hilos de la economía y la política de México. Cada atentado contra un periodista o un medio es un intento por silenciarlos, por acallar a la sociedad. Es evitar la cura para que se propague la enfermedad. Mientras el periodismo agoniza en México, también lo hace su sociedad.

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