La difícil situación de migrantes venezolanos en Maicao

La difícil situación de migrantes venezolanos en Maicao

9 de febrero del 2019

Diana Ipuana sale todas las noches junto con sus hijas a recoger cajas y otros materiales de reciclaje en el centro de Maicao. Es el trabajo más estable que ha encontrado desde que llegó a la ciudad fronteriza desde Venezuela hace un año y tres meses.

La madre cabeza de hogar de origen wayúu cuenta que les pagan a 200 pesos el kilo de cartón y a 50 pesos la botella de vidrio. Prefiere recoger cartón porque es más fácil de cargar. En promedio recogen unos 30 kilos en una jornada, lo que les da entre 5.500 y 6.000 pesos para vivir a diario.

Antes, con el dinero pagaban una pieza para vivir pero no les alcanzaba para la comida. Así que optaron por irse a un asentamiento informal a las afueras de la ciudad, improvisar una vivienda y así poder usar el dinero que ganan para comer, así sea una vez al día.

El asentamiento en el que vive Diana con su familia es llamado por los lugareños ‘Torres de Majayura’. Queda al lado de una antigua pista de aviación que construyeron grupos traficantes de marihuana durante la ‘bonanza marimbera’ de los años 70 y 80 y ahora está abandonada.

En el terreno desértico conviven unas 430 familias entre migrantes venezolanos, indígenas wayúu y colombianos retornados del vecino país.

Cuando el sol guajiro llega a su punto más alto al medio día, las temperaturas superan los 30 grados centígrados y las carpitas hechas con plásticos y palos hierven. Los niños buscan resguardarse bajo los pocos árboles que hay en el terreno, que está repleto de basura regada. El olor de los desechos se hace más intenso con el calor.

Luego llega el viento característico de ese departamento al norte de Colombia y levanta la arena y pedazos de plástico en pequeños remolinos. El polvo, el intenso sol, la falta de agua, baños y una nutrición balanceada hace que tanto niños como adultos sean vulnerables a enfermedades y desnutrición.

A pesar de todas las dificultades, los miembros de la comunidad concuerdan en una cosa: es mejor estar en el asentamiento que vivir en la calle.

Así lo explica Francisco Sevilla, líder comunitario del asentamiento. “Yo llevo 10 meses en Maicao y viví 3 meses en la calle donde sufrí mucha violencia”, cuenta el joven venezolano. “Migración nos metía corriente, nos pegaba con palos, la policía nos perseguía y nos llevaban al punto fronterizo de Paraguachón, pero nosotros siempre buscábamos la manera de volver”, añade.

Cuenta que, sin importar las dificultades, buscan la manera de quedarse en Maicao y trabajar para ayudar a su familia que todavía está en Venezuela.

La comunidad se ha organizado para protegerse y buscar ayuda internacional. Dividieron el terreno en parcelas de 8 x 8 metros y cada familia construye su ‘cambuche’ como puede. Hicieron un censo de la población para tener cifras claras y enumerar las necesidades específicas. Fue así como encontraron que el asentamiento está conformado por 430 familias que tienen 445 menores de edad.

Las necesidades apremian

Ciro González es otro de los líderes comunitarios del asentamiento. Con una voz calmada y sus ojos perdidos en el horizonte, fuertemente delineados con lápiz negro, afirma que la salud y la educación de los niños son las dos necesidades más apremiantes para del asentamiento. “A nosotros no nos importa dormir debajo de una bolsa. Con educación y salud nos sentiríamos bien”, dice.

El tema de la salud encierra varios factores como la alimentación y el acceso a agua potable. Enfermedades a causa de la desnutrición son comunes en el asentamiento, así como la escabiosis, las llagas y los hongos ocasionados por el sol, la tierra y la falta de agua limpia.

Clara Larrada Palacio, personera del municipio, dice que hasta ahora la ayuda humanitaria ha venido de manos de la comunidad internacional o fundaciones. “Nosotros como personería no hemos visto las acciones que se han ejecutado por parte del ente territorial. Sentimos más bien que a estas personas no se les está dando la mano. Solamente se les ha ido mitigando las necesidades a través de las ayudas internacionales”, dijo.

Unicef les donó filtros de agua, Save the Children les ha entregado herramientas para iniciar negocios propios y hasta fundaciones locales les han donado juguetes y ropa. Pero aún no se vislumbra una estrategia clara a mediano plazo por parte de la Alcaldía de Maicao.

Los líderes afirman que el secretario de Gobierno de Maicao, Aldemiro Santo Choles, ha enfatizado que ese terreno no se puede invadir y tienen miedo de que los saquen. “A veces no puedo dormir o comer porque nos asustamos al ver que gente extraña llega y pensar que nos van a desalojar”, dice Enilda Fernández, habitante del asentamiento y madre de tres niñas. Afirma que si eso llegara a pasar no tendría a dónde ir.

La personera afirma que si la Alcaldía decide desalojar el terreno, tendría que ofrecer alternativas a los actuales habitantes. “Estas personas son víctimas y no podemos revictimizarlas”, dice. “Tendremos que entrar a hacer unas socializaciones y concertaciones porque estas personas no pueden ser revictimizadas”, añade Larrada.

Torres de Majayura es apenas uno de los 12 asentamientos informales que hay en Maicao en los que viven unas 26.000 personas, según el secretario Santo Choles. “Estimamos que podemos tener una población venezolana en el territorio de alrededor de unas 60.000 personas”, añade.

El secretario de Gobierno afirma que el ente territorial no tiene la capacidad para hacerle frente a la ola migratoria. “Aquí la población creció en seis meses lo que nosotros podíamos crecer en 10 años”, dice. “Tenemos un hospital colapsado. Teníamos un déficit de unas 70 aulas en los colegios y ahora aumentó con una mayor demanda. Los casos de enfermedades como el sida han aumentado y volvieron amenazas de enfermedades que se habían erradicado como sarampión y tosferina”, dice.

Según previsiones de la ONU, en 2019 la entrada de refugiados y migrantes venezolanos hacia Colombia y otros países de Suramérica continuará. Así que es vital encontrar estrategias para que municipios fronterizos de La Guajira luchen contra la pobreza estructural y al mismo tiempo integren a las personas que llegan buscando alternativas para subsistir.