La Ley de Victimas y restitución de tierras que el presidente Santos firmó delante de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, entró en vigencia el 1 de enero. Las solicitudes y reclamaciones crecen pero también el respaldo de organizaciones campesinas y de víctimas a una ley amenazada de distintos flancos. El abogado de defensor de derechos humanos que forma parte de la Comisión de Seguimiento frente al Desplazamiento Forzado, creada por las Corte Constitucional y que lidera el académico Luis Jorge Garay, despeja dudas que hemos recogido entre nuestros lectores. Bustamante está postulado por organizaciones de derechos humanos a la Personería de Bogotá.
KIENYKE: ¿Cuál es la importancia histórica y práctica de la Ley de Víctimas que se aplicará en Colombia durante los próximos diez años?
GABRIEL BUSTAMANTE PEÑA: La ley de víctimas, primero que todo, rompe con toda una tradición de negación de las atrocidades de la guerra. Es paradójico que Colombia, que ha vivido bajo episodios de violencia de una forma casi permanente, apenas hasta ahora viniera a reconocer que existen víctimas que tienen derechos y deben ser reparadas por el Estado y la sociedad en su conjunto. Mire cómo la visión de la paz y del conflicto siempre estuvo del lado del victimario, esto lo vemos en la política de reinserción, en la Ley de Justicia y Paz, en las amnistías e indultos de finales de los 80. Por el contrario, no se construyó en todo el siglo XX un imaginario social, ni político, ni jurídico desde el cual visibilizar y atender a los millones de afectados por la guerra, a pesar de ser Colombia un país poblado y construido por víctimas del conflicto.
KYK: ¿Y representa la Ley de Víctimas una respuesta integral a la violencia que ha vivido Colombia?
GBP: No, es solo una parte, pero una parte fundamental sin la cual cualquier proceso de reconciliación quedaría cojo. Reconocer a las víctimas, atenderlas, repararlas, restituir sus tierras despojadas y garantizarles la no repetición de los hechos que sufrieron es un paso que el país debe dar para romper el círculo vicioso de la violencia.
KYK: Si para usted la Ley de Víctimas es solo una parte, ¿qué más se debe hacer para frenar las atrocidades de la violencia?
GBP: Ser coherentes con el modelo de país que pretendamos construir de aquí en adelante. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve restituir la tierra a las familias campesinas si esto no se acompaña de una política agraria que favorezca al campesinado y no a los grandes intereses agroindustriales?, ¿de qué nos sirve implementar programas de proyectos productivos cuando el modelo económico que vamos a seguir va en contravía de la producción nacional y del medio ambiente? La Ley de Víctimas solo será revolucionaria si logra sacar de la condición de víctima a esos millones de campesinos y los inserta en un modelo económico y social digno, si logra crear las condiciones para que el campo sea una opción de vida. Y lo más importante, la Ley de Víctimas solo podrá salir triunfante si siembra las condiciones de un proceso de paz y reconciliación profundo, ya que su principal misión es acabar la causa de la victimización y mientras persista la guerra habrá irremediablemente víctimas.
Para Gabriel Bustamante, la Ley de Víctimas rompe con toda una tradición de negación de las atrocidades de la guerra.
KYK: Uno de los fuertes de la ley es el tema de la restitución de tierras, pero en muchas regiones del país parece no haber garantías para la devolución e incluso los asesinatos y amenazas a los líderes de la población reclamante son preocupantes.
GBP: Sí, los procesos de restitución de tierra van a desnudar irremediablemente la persistencia de mafias locales que mezclan actores armados y políticos, relacionados a su vez con el usufructo de economías legales como los mega-cultivos o la minería, o ilegales como el narcotráfico. Parte de los retos de la ley es el desmonte de estas mafias, y todo parece indicar que en muchas regiones la restitución va a generar un nuevo ciclo de violencia social y un proceso judicial tan o más grave que el de la parapolítica. Por eso el tema de la seguridad y de la justicia debe dar un giro de 180 grados. Necesitamos una policía y un ejército comprometido con proteger la vida y los derechos de las víctimas, una fiscalía que actúe contra los victimarios, porque los niveles de impunidad en delitos como el desplazamiento forzado o la violencia sexual en medio de la guerra, pasaron de ser graves a inaceptables.
KYK: ¿Además del problema de seguridad, qué otros obstáculos tendrá que enfrentar la aplicación de la Ley de Víctimas?
GBP: Primero, como dije anteriormente, una Ley de Víctimas sin un proceso de paz está condenada al fracaso, por esto es urgente en avanzar hacia el final del conflicto y de las víctimas que este produce. Segundo, este es un reto de todos los organismos del Estado nacional y de todos los gobiernos locales, por eso si no se logra el compromiso y la sintonía con los derechos de las víctimas de todos los ministros, las agencias, los órganos de control y a la vez de todos los funcionarios locales, muy difícilmente se podrán aterrizar a la realidad los postulados de atención, reparación, rehabilitación, transformación y restitución de los derechos de las víctimas. Tercero, hay que impedir por todos los medios la clientelización de las víctimas, si el dinero de la vivienda digna, de la reparación, de los proyectos productivos, de la educación, van a parar a los círculos de la politiquería y la corrupción, habremos hecho como Estado y sociedad un esfuerzo inmenso para que al final unos pocos se beneficien política y económicamente, mientras las víctimas se hunden en la miseria y la desprotección.
"Una Ley de Víctimas sin un proceso de paz está condenada al fracaso, por esto es urgente en avanzar hacia el final del conflicto y de las víctimas que este produce".
KYK: El recién electo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo en su discurso de posesión que el triunfo de la Ley de Víctimas pasaba primero por su correcta aplicación en la capital, ¿qué opinión le merece este comentario?
GBP: En parte tiene mucho sentido, ya que por un lado Bogotá alberga la mayor cantidad de víctimas de todo el país, especialmente desplazados por la violencia, y por otro, cuenta con la institucionalidad humanitaria y el músculo financiero para acompañar el esfuerzo del gobierno nacional en temas claves como la gratuidad de la educación y la salud de calidad. Los grandes retos van a venir de temas álgidos como la vivienda digna, los proyectos productivos y los retornos; sin embargo en materia de vivienda el escenario es alentador ya que estamos estrenando política pública nueva, con más recursos y menos trabas, y con la posibilidad, que trajo el Plan de Desarrollo Nacional, de realizar convenios interadministrativos para que la alcaldía de Bogotá pueda invertir en un proyecto de vivienda en Soacha o Villavicencio y fortalecer los retornos de la población desplazada. En este sentido, es clave que la voluntad política que hoy manifiestan tanto el alcalde Petro, como el presidente Santos en favor de las víctimas, se materialice en un modelo transformador fuertemente acompañado de los órganos de control, especialmente de la Personería, para impedir que los dineros de los derechos humanos puedan llegar a caer en otro carrusel de la contratación.
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Por algo Bustamante quiere el cargo de Personero de Bogotá, al cual aspiran 100 personas más. Un cargo clave para la ciudad que viene de cuatro oscuros años.
