La guerra en Colombia duró 54 años. Dejó más de 220 mil personas muertas; 25 mil desaparecidos; más de 4 millones de desplazados. Y dejó, también, una estela de tristeza, desesperanza y destrucción que marcó el destino del país y que se sentía por todas partes.
Y la guerra también dejó una lección muy difícil de aprender: que la violencia no lleva a ninguna parte. Ahora, cuando los enemigos históricos, Estado y Farc, han logrado un acuerdo, parece que el panorama podría cambiar. Este 27 de junio se cumplió la ceremonia de entrega de las armas. Podría decirse que esa Colombia diferente, esa Colombia en paz que se le prometió a las víctimas y a las nuevas generaciones, empezó cuando la ONU guardó el último fúsil en el contenedor. O eso es lo que muchos esperan.
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Sin embargo, este es apenas un paso en un camino muy largo. Los retos que siguen son tan o más exigentes que lo que se ha transitado hasta ahora. La paz es una carrera de nunca acabar. Muchos de los hombres y mujeres que engrosan las filas de las Farc, llevan años allá. Lograr que se reincorporen a la vida civil es uno de los puntos más importantes del Acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿Dónde estarán?
La guerra dejó más de 220 mil personas muertas; 25 mil desaparecidos; más de 4 millones de desplazadosCarlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional, en diálogo con Kienyke.com dijo que el primero de los retos es tratar de que el Consejo Nacional de reincorporación establezca un plan nacional para que los desmovilizados se integren con éxito a la vida civil. “Se tienen que llenar las expectativas que tiene la comunidad en términos de la sustentabilidad económica y social. Para ello, seguramente, se van a apoyar en los resultados del censo que hizo la U. Nacional y en las sugerencias que han hecho los expertos”, dijo. El Estado tiene el reto principal de cumplir lo que se acordó. Si bien, dijo el profesor Medina “en los Diálogos, el Gobierno y las Farc formaron dos partes, pero en el proceso de implementación no es así. Aunque el Gobierno lidera la implementación, también entran otros actores; entra la totalidad el Estado: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de justicia, la Procuraduría, la Contraloría general, la Fiscalía, los Partidos políticos, los ministerios; entra la sociedad en su conjunto. Entra absolutamente todo mundo”. [single-related post_id="711229"] En esa medida, una de las principales dificultades es garantizar que el conjunto de la institucionalidad funcione conforme a los requerimientos que tendría la implementación del acuerdo. “El gobierno tiene retos muy grandes en términos de mover toda esa maquinaria especialmente porque no siempre se cuenta con sectores o funcionarios dispuestos a trabajar con la celeridad que se requiere para que se ejecuten las tareas que cada una de las instituciones tendrá en el marco de los acuerdos”. Se necesita, en el corto plazo, “un plan coherente que resuelva las situaciones inmediatas en materia de desarrollo social y económico”. De acuerdo al docente, debe garantizarse un escenario de sostenibilidad para que los miembros de las Farc inicien el proceso de normalización.
El primero de los retos es tratar de que el Consejo Nacional de reincorporación establezca un plan nacional para que los desmovilizados se integren con éxito a la vida civil.También es fundamental trabajar en la organización interna del grupo que saldrá de lo que fueron las Farc. Es importante apostar por la construcción de economías solidarias, lo que sería, a la par, la base para el empleo de los desmovilizados. “Debe definirse cuáles son las zonas de asentamiento definitivo –comentó el experto–, porque no se van a quedar en las 26 zonas veredales: muchas de ellas no tienen carga ambiental que posibilite la vida de esas comunidades, así que tendrán que desplazarse a dónde halla una posibilidad ambiental y productiva mayor. Para eso, la base es la construcción de un modelo de reincorporación como se viene haciendo”. En cuanto a la seguridad, las Farc deben garantizar su seguridad física, su seguridad jurídica y su seguridad política. “Es importante que se pueda avanzar en el camino de la ejecución de amnistía y de indulto que tiene a los presos en huelga de hambre. Los jueces de ejecución de penas y la Fiscalía deberían proceder de manera rápida en ese punto”. [single-related post_id="710474"] En la perspectiva política, el desafío mayor es que se intente avanzar en la consolidación del movimiento con el que los ex guerrilleros, como se acordó, puedan participar en las elecciones de 2018. “La lucha electoral es parte fundamental, porque van a tener que participar en elecciones con el propósito de que se haga el reconocimiento debido como organización política”. Económicamente lo que está por venir también es muy difícil. De acuerdo con Julian Hottiger experto que participó en los diálogos, el costo estimado para los 10 años que siguen es de 31 mil millones de dólares. Esa es una cantidad que muy difícilmente podrá ser asumida solamente por el Estado colombiano. En esa medida, el reto es buscar la manera de cómo obtener los recursos para que la paz sea económicamente viable. [polldaddy poll=9778291]
