El alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, ha mostrado en repetidas ocasiones su desacuerdo con los preacuerdos a los que ha llegado la Fiscalía con polémicos empresarios en Bogotá que ayudaron al descalabro de las finanzas en el sector de obras. Este miércoles, al término de una diligencia judicial, reiteró que los empresarios deben devolver todo el dinero esquilmado al fisco que, según él, asciende a 800 mil millones de pesos.
El inconformismo del nuevo mandatario de los bogotanos radica en que la semana pasada se conoció que el ente acusador llegó a un preacuerdo con el empresario Julio Gómez para que éste devuelva tan solo 12.000 millones de los 290.000 millones de pesos que recibió de contratos de obras que quedaron inconclusas en Bogotá.
A su turno, Emilio Tapia, quien avanza en un proceso similar con la Fiscalía, devolverá, según ha trascendido, tan solo 2.500 millones de pesos de decenas de contratos que habría recibido a través de terceros.
Quienes entienden el nuevo Sistema Acusatorio que brinda la posibilidad de rebaja de penas a cambio de devolución de dineros y colaboración con la justicia, aseguran que la Fiscalía ha sido demasiado complaciente con estos dos empresarios que quedarán en la historia como los grandes protagonistas del ‘Carrusel de la contratación’. La pregunta sigue latente: ¿Quién está detrás de estos preacuerdos?
