Los impedimentos de los concejales

Los impedimentos de los concejales

24 de noviembre del 2010

Las salidas al micrófono del concejal Felipe Ríos para notificar sus impedimentos en los debates relacionados con residuos peligrosos, basuras, las rutas de Transmilenio y distintos servicios públicos, son numerosas. Cuando el político llegó al Concejo su primera intervención fue para desmentir los rumores sobre los negocios de su familia y la intermediación para conseguir su curul que habría realizado su papá, Alberto Ríos Velilla, uno de los grandes contratistas del Distrito.

Aseo Capital S.A.E.S.P y Express del Futuro son las dos empresas de la familia Ríos Velilla que tienen al concejal de Cambio Radical impedido para participar en uno de cada diez debates que se realizan en el Cabildo. La primera es la empresa encargada de la recolección de basuras en algunos barrios de Bogotá, además del barrido de calles, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de áreas públicas y recolección de escombros. Su gerente es Javier Ríos Velilla, tío del concejal. La segunda, Express del Futuro, es una de las siete empresas dueñas de los buses rojos que hoy circulan por las troncales de Transmilenio. Según la página web de la entidad, tiene a su cargo la operación de 167 buses articulados y la administración del patio de la calle 80.

Alberto Ríos Velilla es también dueño de Enelar Pereira S.A. E.S.P, empresa encargada del mantenimiento y operación del alumbrado público en el municipio de Pereira, y de Servigenerales S.A. E.S.P, que tiene contratos de aseo y recolección de basuras en el Valle del Cauca.

El caso de Ríos es quizá el ejemplo más evidente de la cercana relación que hoy existe entre los políticos que rigen a Bogotá y los empresarios que ganan los millonarios contratos de la ciudad. Si bien este joven economista y filósofo ha hecho público su innegable nexo con uno de los contratistas del Distrito, y pide de manera puntual y abierta que no se le cancelen los honorarios de cada sesión en la que no puede participar, no es el único concejal de Bogotá que tiene vínculos con las empresas a las que se les han adjudicado los contratos más importantes de la ciudad.

Édgar Alfonso Torrado es otro de los concejales empresarios. Aunque no existe un vínculo familiar evidente con alguno de los contratistas, en su hoja de vida figura como presidente de la junta directiva de la empresa Internacional de Negocios S.A., que hoy es una de las 75 con el 50% de los contratos mayores a 300 millones de pesos, y que además tuvo contratos con la Alcaldía de Bucaramanga cuando Iván Moreno fue Alcalde. Torrado también fue fundador, gestor y miembro de la junta directiva de Cooprosperar, una cooperativa que ha tenido contratos en los comedores comunitarios del Distrito en las alcaldías de Lucho Garzón y Samuel Moreno.

Antes de ser concejal, Édgar Alfonso Torrado García comenzó en la política en 2005 como jefe nacional de la campaña al senado de su hermano, Efraín Torrado. Estudió administración de empresas y durante varios años trabajó como asesor empresarial y gerente general de varias organizaciones, hasta 1996, cuando fue nombrado presidente de la junta directiva de Internacional de Negocios S.A., empresa dedicada a proporcionar servicios de aseo a industrias, instituciones educativas, hospitales, y suministrar alimentos a restaurantes, cafeterías y casinos.

Durante los cuatro años del gobierno de Lucho Garzón, Internacional de Negocios suscribió 21 contratos, por 12.391 millones de pesos, con diferentes entidades de la administración Distrital como Integración Social, Educación, Movilidad, Cultura y Hábitat. Los contratos tenían como objeto contratar la presentación de servicios de aseo, cafetería y preparación de alimentos en las sedes administrativas de dichas entidades, colegios distritales y comedores comunitarios. En la actualidad estos contratos ascienden a los 50.459 millones de pesos.

Durante la administración de Garzón, Cooprosperar suscribió contratos con la Secretaría de Integración Social por un total de 1.516 millones de pesos. Esa empresa fue fundada por Torrado, y perteneció a su junta directiva desde 2001 hasta 2007, justo antes de posesionarse como concejal.


La cooperativa fue cuestionada por el manejo que le dio a los comedores comunitarios. En 2004, la Contraloría Distrital, después de una visita de campo, aseguró que de los nueve comedores a cargo de Cooprosperar sólo uno cumplía con las normas sanitarias. Por este motivo, el entonces alcalde Garzón recibió un control de advertencia de la entidad en el que se le comunicaba el “reiterado incumplimiento por parte del contratista”. En 2006 la situación de salubridad fue tan aguda que el Hospital de San Cristobal ordenó el cierre del comedor comunitario del barrio Santa Inés, en manos de la cooperativa.

Sin embargo ahí no pararon las irregularidades. La Contraloría también encontró que en los comedores comunitarios operados por Cooprosperar no se incluían todos los productos estipulados en el contrato. Se pudo establecer que existía un suministro exagerado de sopa y ensalada y una deficiencia en las porciones de pollo y arroz.

Sin importar las reiteradas faltas del contratista, para 2008, cuando Torrado fue elegido concejal de Bogotá por el partido de la U, la administración de Samuel Moreno siguió contratando con Cooprosperar los servicios de alimentos. Para ese entonces Torrado ya no figuraba en la junta directiva.  Hoy Cooprosperar tiene catorce contratos con la Secretaría de Integración Social, por 60.387 millones de pesos, un monto cuarenta veces mayor que el contratado durante los cuatro años de Garzón.

Otro de los empresarios que terminó ocupando una curul en el Concejo de Bogotá es Andrés Camacho Casado, del partido de la U. Según una denuncia de un grupo de ediles del Polo Democrático Alternativo a la contralora general, Sandra Morelli, Camacho estaría relacionado con cinco fundaciones a través de las cuales contratan y subcontratan con universidades, fondos de desarrollo local y entidades distritales.

Un elemento que ha llamado la atención en el informe de los ediles es que las dos direcciones (Calle 85A No. 22 -13 y Calle 86A No. 26 -13) en donde despachaba la Fundación Trabajando Unidos (TRAU), la Corporación Unión y Desarrollo (UNDESA, la Corporación para el Desarrollo Social (CORSOCIAL), la Corporación Avance y Equidad, la Corporación Avance y Equidad (CAE) y la Fundación Gobierno Estado y Sociedad (GES), “corresponden a un único predio de propiedad de Andrés Camacho Casado, según boletín Catastral del 16 de julio de 2008 y boletín Catastral del 19 de octubre de 2010”.

Además, en la documentación entregada a la Contraloría se asegura que, durante la pasada campaña al Concejo, los funcionarios de las corporaciones y fundaciones mencionadas le repartieron publicidad política a la población objeto de los diferentes contratos locales. Según los ediles, Camacho antes de ser concejal fue alcalde de Kennedy, y fue durante este periodo que las cinco fundaciones obtuvieron el mayor número de contratos en la localidad.

Se estima que entre 2008 y 2009 los contratos entre estas fundaciones con los Fondos de Desarrollo local y algunas entidades del Distrito, como la Secretaría de Integración Social, ascienden a 4.000 millones de pesos.

Antes, los empresarios se convertían en una especie de padrinos de los concejales, a quienes apoyaban en la parte económica de sus campañas políticas, a cambio de que ellos trabajaran en lo político para asegurarles sus contratos. Hoy son los propios contratistas, o sus hijos, los que ocupan algunas de las curules del Distrito. Lo cierto es que el hecho de que los cabildantes tengan nexos de familiaridad con los contratistas, esto los limita para poder ejercer su labor con total independencia frentes algunos temas de Bogotá.