Luisa Ortega Díaz, la primera en romper las filas del monolítico chavismo, vio este sábado el final de su carrera como fiscal general, luego de abrir la puerta a una ola de investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con el estreno de los oficialistas al frente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ortega Díaz es la misma fiscal general que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que llevó al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.
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La abogada de 59 años identificada con el chavismo y casada con un diputado oficialista marcó un punto de inflexión con el Gobierno el pasado 31 de marzo y sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes, denunciando el riesgo de ruptura del orden constitucional con la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento.
Ninguna de sus decisiones fueron cuestionadas por los oficialistas hasta ese día.
Investigaciones y acusaciones de parte y parte
Sin marcha atrás, la titular de la institución con el monopolio de la acción penal comenzó desde entonces a abrir una larga lista de investigaciones en contra de funcionarios de los cuerpos de seguridad por la represión de las protestas opositores.
Ortega también cuestionó la designación “irregular” de una treintena de magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia, y esos mismos jueces abrieron el procedimiento que terminó este 5 de agosto con su destitución, la congelación de sus cuentas, su inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la prohibición de salida del país.
Abrió además varias investigaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo y familiares por supuestos delitos de corrupción vinculados con la estatal petrolera venezolana Pdvsa, y la brasileña Odebrecht, todos procedimientos iniciados después de su distanciamiento con el Gobierno pese a que datan de mucho antes.
En los últimos cuatro meses Ortega Díaz ha recibido el mismo número de acusaciones de regreso, y procedimientos legales en su contra que incluyen la “insania mental”, la inacción, y hasta una orden judicial para devolver un avión que mantenía en resguardo desde hace más de un año pero sobre el que las autoridades no había dicho nada hasta ahora.
La “última chavista” que ha cuestionado al gobierno
Con la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en un proceso electoral con serias dudas de transparencia expresadas por la empresa Smartmatic, y poderes casi ilimitados, el chavismo se saca del camino a la última figura del Estado en funciones que ha cuestionado las decisiones gubernamentales.
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La abogada con una larga trayectoria dentro del Ministerio Público, antigua pupila y sucesora del segundo vicepresidente de la ANC que le destituyó este sábado, el oficialista Isaías Rodríguez; quedó al borde del llanto en las puertas de la Fiscalía impedida de entrar por un contingente de militares que tomaron las puestas de la institución.
La voz de Ortega Díaz en los últimos cuatro meses no fue en solitario, pues en los más de 120 días que han transcurrido sumó el apoyo de su esposo, el diputado Germán Ferrer, de dos exjefes de inteligencia, y un movimiento del chavismo disidente del Gobierno de Maduro que defiende el proyecto original del fallecido Hugo Chávez, del que todos fueron parte hace algunos años.
La exfiscal aún debe enfrentar la posibilidad de ir a juicio acusada de delitos relacionados con la desestabilización de Estado y todas sus acciones después de separarse del chavismo que gobierna el país, porque las decisiones que tomó antes contra los opositores siguen siendo incuestionables.
Analítica.
