“Me confundieron con un narcotraficante y me extraditaron”

“Me confundieron con un narcotraficante y me extraditaron”

19 de enero del 2014

“Ortega, mañana se lo llevan para Estados Unidos”.

La orden fue seca. Fulminante. Era las las 7 de la noche del 27 de junio de 2012. Carlos Antonio Ortega no pudo conciliar el sueño en la celda de La Picota. Otra noche en vela contando las horas camino al patíbulo del exilio.

A las 3 de la madrugada del 28 de junio lo fueron a buscar los guardias del penal. Lo llevaron a tomar un baño de agua helada en plena madrugada bogotana. Junto a él se estaban alistando otros diez extraditables. A las 4 de la mañana los sacaron camino al aeropuerto y allí, encadenados, aguardaron otras tres horas.

Los iban a llevar en dos vuelos ejecutivos de la Policía con destino a Miami. Ortega pasaría una humillante espera en la terminal aérea, paradójicamente,  el mismo lugar donde su vida se llenó de gloria.

Pasadas las 7 de la mañana, las autoridades colombianas hicieron entrega oficial de los reos a agentes de la DEA. Bajo su poder, los oficiales extranjeros les pidieron a todos que se desnudaran por completo. Enseguida les exigieron caminar acurrucados y toser al mismo tiempo. Algunos funcionarios revisaron con minucia cada cavidad del cuerpo de los presidiarios y les ordenaron vestirse de nuevo. Los volvieron a esposar y los subieron en la aeronave. Los aviones despegaron a las 8 de la mañana.

El vuelo duró tres horas y media. Al aterrizar en Miami, trasladaron a los extraditados en la plataforma de ingreso, encadenados y bajo el furioso sol del verano al mediodía.  Así, de pie, sin saber qué pasaría, estuvo bajo el latigazo del astro que no había visto por casi diez meses, desde que fue hecho preso.

Al cabo de 45 minutos lo llevaron a un salón. De nuevo le pidieron que se desnudara por completo. Un agente hurgó con violencia todo su cuerpo. Enseguida los vistieron con un traje color pastel y un sistema de cadenas que inmovilizaba sus piernas y aprisionaba sus manos a la pelvis.

Su primera noche en Estados Unidos la pasó en la cárcel del centro de Miami. A las 7 de la noche salieron, por fin, del aeropuerto. Los llevaron a una celda provisional, que para desgracia de los colombianos era de las que se usan para el castigo de los peores maleantes.

“El trato, desde que uno llega, es infame. Una y otra vez hay reseñas. Para cada cambio de ropa  nos hacían una inspección desnudos. Sus dedos esculcan por todas partes del cuerpo. Es degradante”. Esa noche  tampoco pudo descansar.

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El capitán Carlos Antonio Ortega Bonilla entregó a la aviación 41 años de los 60 que tenía al momento de ser capturado. Fue piloto de Avianca por 23 años hasta su retiro para colaborar en la fundación de la empresa AeroRepública. Durante esta actividad, a finales de los 80, fue llamado a Panamá para asesorar en la certificación de una compañía aeronáutica. Por su esta experiencia, fue requerido por el gobierno colombiano para colaborarle al país en la solución de un dilema que desprestigiaba su calidad de seguridad aérea. El accidente en 1990 de un vuelo de Avianca en Nueva York -tras quedarse este sin combustible- provocó que la categoría de seguridad aérea de Colombia se degradara de nivel uno a dos.

En 1994 comenzó trabajos con la Aeronáutica Civil buscando recuperar el prestigio. Lo logró en 1999 y su exitosa asesoría le valió varios ascensos. Estuvo en la AeroCivil hasta 2004.Capitan-Carlos-Ortega-3

Ortega Bonilla ha dedicado su vida a la aeronáutica. 

Tras eso decidió crear su propia firma de asesoría aeronáutica, Coavco Asociados. La compañía asesoraba a empresas en profesionalización de seguridad aérea y brindaba orientaciones a organizaciones que esperaban obtener aviones privados. La sociedad la conformó con ayuda de Enrique Moreno, con quien había trabajado en la Aeronáutica Civil.

Tiempo después Ortega cuestionaría esta amistad. Le dolería haber creído que su relación con Moreno pudo haber sido de amistad. Pero Moreno esperaría un par de años para traicionarlo.

“Con el tiempo me llamaban la atención algunas cosas extrañas que él tenía, pero que jamás me levantaban alguna sospecha. Moreno tuvo una esposa con un grave problema de salud, quien incluso después murió. Él se desaparecía de pronto una semana y al regresar se excusaba diciendo que estaba cuidado a la mujer. Todo se lo creí”, cuenta Ortega.

En una oportunidad, Moreno llevó un posible cliente al despacho de Ortega. Se trataba de Miguel Monroy, un hombre que se describía como encargado de importantes obras de infraestructura en ciudades como Bogotá, Medellín y Armenia. Monroy le dijo a Ortega que necesitaba un avión privado para atender sus negocios en esas ciudades y que ya había adelantado parte del negocio con Moreno, quien había contactado a una empresa en Estados Unidos para conseguir dicho aparato y a la que le consignó 28 mil dólares de adelanto. De Ortega requerían el papeleo y demás detalles para finiquitar el negocio. “Pero al momento de pedirle los datos para la tarjeta de propiedad del avión, Monroy me dijo que el avión no iba a salir a nombre suyo, sino de un socio. Le dije que necesitaba conocer al socio. Se molestó pero después lo llevó a la oficina. Cuando lo vi, fue espantoso. Tenía apariencia de ser el típico narcotraficante. Solo con verlo me negué a vender el avión y por fortuna dejé constancia por escrito de eso”.

Monroy pidió la devolución del dinero. La compañía de Ortega hizo los contactos con la empresa de Estados Unidos, que se negaba a la devolución. Ortega les escribió una carta, conocida por KienyKe.com, en la que describe con todo detalle las razones por las que se negó a vender el avión. Incluso insiste que sospecha que los compradores podrían ser maleantes, a lo que la compañía norteamericana le responde que a ellos no les importaba a quién le iban a vender, porque que lo importante era vender.

Para devolver el dinero, el capitán y su familia tuvieron que conseguir un préstamo mientras trataban de solucionar el reembolso de los estadounidenses. Entretanto, hubo una lluvia de amenazas que lo obligó a denunciar ante la policía. La plata se entregó en abril de 2010.

Un avión para un comprador en Colombia podría costar hasta 60 millones de dólares (para el más adinerado) o conseguirse en menos de 500 mil dólares. El que esperaba Monroy valía unos 250 mil dólares. Pero en negocio nunca se hizo y para Ortega Bonilla ese capítulo se cerró ahí.

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A las 4 de la madrugada del jueves 1 de septiembre de 2011, se escuchan tres golpes secos de llamado a la puerta de la casa de la familia Ortega Dávila. El hijo mayor, Daniel, despierta sorprendido por el inusual llamado a esas horas de la mañana. En seguida también se despiertan la hija menor y Carlos con su esposa. Daniel abre la puerta, que es empujada por policías que ingresan armados y gritando. Daniel es encañonado en el piso. Su hermana también es empujada mientras un uniformado pregunta por Carlos Ortega Bonilla. Quince hombres armados allanan el apartamento. Carlos pregunta si se trata de alguna equivocación. Una mujer, que ingresa con los policías, explica que lo busca para capturarlo con orden de extradición por delitos de narcotráfico. La esposa de Carlos, absorta por el cinematográfico operativo, insiste en que se puede tratar de una confusión, les pide tener calma e incluso invita a los invasores a tomar un café para aclarar la situación.

La policía insiste en llevarse a Carlos. Lo esposa y, para no sacarlo en pijama, le pide que se vista pronto. Lo trasladan a un calabozo de la Dijín en el sector Mártires. Allí permaneció una semana. “Fue un sitio espantoso: era como para guardar animales salvajes. Las celdas son de varillas de media pulgada, con candados grandes y al aire libre. Levantan a todos a las 4 de la mañana a baños descubiertos. Era terrible por el frío”, luego lo llevaron a La Picota, donde permaneció por nueve meses y medio.

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El caso del capitán Carlos Ortega estuvo rodeado de degradaciones e injusticias que resultarían incomparables con los tantos casos de irregularidades judiciales en Colombia. El capturado jamás tuvo alguna audiencia en la que pudiera defenderse, sentado frente un funcionario judicial y acompañado por un abogado. Si bien, al ser capturado con fines de extradición su proceso se surtiría en Estados Unidos, lo único que él pedía era ser escuchado por las autoridades colombianas para demostrarles su inocencia. Al menos quería saber las razones que lo tenían tras las rejas.

Ortega sospechaba que el motivo que lo apresaba en esa encrucijada habría sido el avión que, por fortuna, se había negado a vender. Se imaginaba que al demostrar que nunca había hecho ese negocio podría salir libre. Sin embargo nadie le prestaba atención a su única petición: el derecho a la defensa.

Capitán Carlos Ortega, Kienyke

La prensa en Estados Unidos ha destacado esta historia como uno de los más polémicos casos de errores judiciales contra inocentes. 

Sus abogados empezaron a indagar por el proceso que se le adelantaba en el extranjero hasta encontrar que el motivo del llamado a rendir cuentas en el Distrito Sur de Florida era más grave. Muy grave. Lo acusaban de narcotráfico, de llevar droga con sus aviones a Centroamérica y regresar con armas por las mismas rutas .

La familia de Carlos contactó a un abogado en la Florida que se puso en diálogo con el acusado. “Defender un inocente es de lo más complicado que hay”, le dijo el abogado Marc Seitles tras convencerse de que su cliente decía la verdad. Le dijo que sólo el investigador en temas de narcotráfico  Edward Kacerosky podría ayudarlos, pero ubicarlo podría ser complicado porque llevaba cinco años sin hablar con él.

“Pero de alguna forma Dios estuvo siempre conmigo -dice Ortega-. Ese día, justo cuando el abogado sale de la cárcel, un hombre le da un par de palmadas en la espalda para saludarlo. Resulta ser Kacerosky, quien venía también del extranjero. Le comenta mi caso y se interesa”.

Kacerosky lideró una estrategia de investigación en compañía de los demás abogados en Miami y Bogotá. Descubrieron elementos insólitos en esta historia. Carlos Ortega había sido encarcelado y estaba a punto de ser extraditado porque lo confundían con otro Carlos, pero de Guatemala. Las autoridades (tanto la DEA como Colombia), creían que en varias conversaciones de los narcotraficantes colombianos, el hombre que se identificaba como ‘Carlos’ y lideraba las operaciones aéreas era el capitán Ortega. Pero, quizá como un acto de torpeza, los acusadores desestimaron que el Carlos que hablaba en dichas conversaciones era centroamericano y de apellido Letona.

En cientos de grabaciones de dichas conversaciones entre delincuentes, obtenidas por la defensa de Ortega, lograron verificar evidentes diferencias entre la voz de Ortega y la del Carlos que conversaba con los narcotraficantes. Bastaba con oír los abismales contrastes en el acento, el tono de voz y la dicción.

Los abogados también encontraron que Enrique Moreno, quien había sido capturado al tiempo con Ortega y Monroy, había llegado a un acuerdo con la fiscal auxiliar del Distrito Sur de Florida, Andrea G. Hoffman, por el que declararía en contra del capitán inocente a cambio de una jugosa rebaja de pena en Estados Unidos. Este había firmado la declaración en la que acusaba a Ortega de vender los aviones usados por el narco. Finalmente, el verdadero delincuente era Moreno, quien en realidad tenía negocios ilegales y ahora cometía un  nuevo delito: ser falso testigo.

Con tantas pruebas, la familia y los abogados intentaron con desespero frenar el proceso de extradición del capitán. Hicieron nueve solicitudes de audiencia a toda autoridad posible en Colombia para que escucharan las infranqueables pruebas que salvarían a un inocente. Esto nunca fue posible y en cambio, en marzo de 2012, la Corte Suprema dio concepto favorable para la extradición de Ortega y a las pocas semanas, el presidente Santos la firmó.

KienyKe.com obtuvo copia del concepto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y encontró un elemento mucho más desconcertante. Entre los requisitos que el Supremo dice haber corroborado para avalar la extradición de Ortega está el trámite de “demostración plena de la identidad del solicitado”. Según la justicia, buscan confirmar que la persona que busca el país solicitante es plenamente la que va a enviar Colombia, “lo cual implica conocer su verdadera identidad”. Error fatal: Washington buscaba a un Carlos de Guatemala, confundido ahora con un Carlos Ortega de Colombia.

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Los dos presidios, el local y el foráneo, llenaron de amargura a Carlos. Menos de dos meses después de estar en La Picota, su mamá murió de tristeza por ver la situación que lo había consumido. “Ella estaba enferma y pedí que no le dijeran que estaba preso. Pero yo la visitaba casi todos los días, y cuando la llamaba lo que decía era que estaba haciendo un curso en el exterior. De alguna forma ella se enteró y entró en una depresión profunda. La internaron en la clínica el Country y el 31 de octubre, mientras hablaba con ella, me dijo: ‘tú no sabes lo que yo te quiero, necesito que salgas de ahí’. Su voz decayó y la enfermera colgó el teléfono. A los cinco minutos volví a llamar y me dijeron que mi mamá acababa de morir. La tristeza la mató”.

Capitán Carlos Ortega, Kienyke

Ortega carga en todo momento el certificado que lo absuelve de cualquier responsabilidad en el caso que lo acusaba. Es como un ‘diploma de inocencia’.

Su familia también sufrió por causa de la marginación social que implica ser pariente de alguien encarcelado, y más si es acusado de narcotráfico. Su esposa incluso era amiga de infancia de la primera Dama de la nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, aunque la relación no ayudó mucho.

Pero, de manera curiosa y triste, fue la extradición la que salvó a Ortega. El abogado Seitles se apoderó del caso del capitán ante la Corte del Distrito Sur. Con Kacerosky pidieron audiencias con la Fiscalía para presentar las pruebas que confirmaban la inocencia del extraditado. La fiscal Hoffman, interesada en inculparlo, les llegó a proponer que Ortega firmara su culpabilidad y haría lo posible para que en pocos meses pudiera salir libre, pues de lo contrario haría que lo condenaran a 20 años. Ortega una oportunidad le dijo: “Quite eso de 20 años. Ponga ahí que me condenan a cadena perpetua, porque jamás le diré que soy culpable cuando no lo soy”.

Ortega Bonilla llevaba dos meses en una penitenciaría gringa. Kacerosky y Seitles pidieron cita con la fiscalía general en Florida para denunciar los errores en este caso. Llevaron un folio con 51 pruebas de su inocencia. Cinco fiscales escucharon a los abogados antes del juicio. Tras cuatro horas de audiencia y 37 pruebas argumentadas, los fiscales pidieron a los abogados detenerse. “Con esto es suficiente, denos 48 horas para tomar una decisión”, les dijeron. En menos de la mitad de ese tiempo solicitado, la justicia estadounidense comprobó el absurdo error.

El 31 de agosto de 2012 Carlos Ortega Bonilla recobró su libertad. Desde entonces carga un documento de la Procuraduría de los Estados Unidos que anula la demanda y todo proceso en su contra. Lo lleva como certificado de inocencia y lo envió a todas las entidades del Estado colombiano que lo condenaron sin siquiera escucharlo. Fue la justicia extranjera la que le devolvió la libertad que su propio país le arrebató tras confundir su nombre.

No quiere decir esto que guarde algún agradecimiento con Estados Unidos, pues es indudable que ese país fue el que lideró una cacería de brujas que, por la mala suerte de tener un tocayo delincuente, lo llevó a la hoguera. Además le cancelaron la visa y en algunos viajes internacionales le han provocado rechazos por, supuestamente, haber tenido un grave proceso con la justicia gringa.

En la actualidad tiene en avance una demanda contra el Estado colombiano y contra los Estados Unidos. Denuncia que en una reciente conciliación con las entidades contra las que ha interpuesto su reclamo, citaron a su abogado y con cinismo le respondieron: “Hemos decidido no conciliar con el señor Ortega porque estamos convencidos que nosotros en Colombia hicimos todo bien”.

Tras calcular la indemnización que merecía, por estar más de un año en prisión (dos de esos meses en Miami), además de haber perdido a su mamá –entre otras causas- por pena moral, y haber resultado afectada toda su familia por ese escándalo, sus abogados piden una indemnización que no han podido reclamar porque para hacer una demanda de este tipo es necesario consignar el 1.5% del total exigido al Banco de la República.

“Lo hacen para que la gente que debe reclamar por sus derechos no los demanden. Nadie entonces merece reclamar. Hay varios abogados que se unieron para demandar esa norma”.

Carlos Ortega sólo pide justicia. Que el Estado responda por el daño del que fue víctima y que busque la manera de evitar que más personas caigan en esta trampa de acusaciones falsas contra inocentes, con el único objetivo de mostrar resultados al país del norte. El verdadero delincuente, Carlos, el de Guatemala, aún sigue libre. En el pabellón de extraditables de La Picota, el capitán Ortega cree que el 25% de quienes están a punto de ser enviados a una prisión en el exterior, no lo merecen.

Twitter: @david_baracaldo

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