Linda López, de las violaciones a la revictimización

20 de noviembre del 2018

Linda Loaiza López Soto tenía 18 años cuando Luis Carrera Almoina -para entonces un ganadero de 36 años- la secuestró, el 27 de marzo del 2001.  Loaiza, quien había viajado a Caracas, Venezuela, para inscribirse en la facultad de Veterinaria de la Universidad Central, duró cuatro meses secuestrada. Durante el cautiverio fue abusada sexualmente, torturada […]

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Anadolu

Linda Loaiza López Soto tenía 18 años cuando Luis Carrera Almoina -para entonces un ganadero de 36 años- la secuestró, el 27 de marzo del 2001.

Loaiza, quien había viajado a Caracas, Venezuela, para inscribirse en la facultad de Veterinaria de la Universidad Central, duró cuatro meses secuestrada. Durante el cautiverio fue abusada sexualmente, torturada y golpeada por su captor con tal severidad que sufrió una desfiguración facial.

Ana Secilia Loaiza, hermana de Linda, alertó a las autoridades por la desaparición de su pariente, pero los oficiales alegaron que Loaiza y Carrera eran pareja y rechazaron la denuncia.

El 19 de julio del 2001, Linda escapó.

Las agresiones físicas sufridas durante los meses de secuestro derivaron en 15 cirugías reconstructivas y un año de hospitalización para recuperarse de los traumatismos craneoencefálicos, hematomas en los párpados con desvío del ojo derecho, triple fractura de mandíbula, deformidad en los labios, fractura de costillas, quemaduras en la piel, mordeduras en los senos, desgarramientos de la matriz y de un ovario, desnutrición severa y profundas alteraciones psicológicas.

En el marco de la investigación, Linda Loaiza fue revictimizada en un proceso judicial lleno de irregularidades, retrasos y destrucción de evidencia, según indica el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El 2 de noviembre de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El pasado 16 de noviembre el tribunal internacional encontró responsable al Estado de Venezuela por negligencias y violaciones de derechos humanos. Los jueces de la CorteIDH alegaron que las autoridades venezolanas no cumplieron con los estándares de investigación y realizaron “groseras omisiones”.

Esta decisión sentó un precedente histórico, pues por primera vez se calificó como tortura la violencia cometida en contra de una mujer a manos de un particular dentro del sistema interamericano.

La Agencia Anadolu habló con Loaiza sobre su caso.

¿Por qué este proceso judicial en Venezuela fue discriminatorio y cargado de estereotipos?

Fue un proceso discriminatorio porque durante la investigación y proceso, el Ministerio Público y los órganos del proceso judicial solamente consideraban como válido lo dicho por el agresor, sin valorar ni tomar en consideración mi testimonio. Siempre desestimaron las palabras de la víctima.

Usted alega que el resultado de la condena contra Luis Carrera Almoina, conocido como el “Monstruo de los palos grandes”, fue el producto de un sistema patriarcal. ¿Por qué?

El sistema de justicia en Venezuela orquestó beneficiar al agresor con una pena menor: seis años y un mes. Esto fue una decisión en consonancia con un gobierno patriarcal.

No se condenó al agresor por el delito de violencia sexual y homicidio calificado en grado de frustrado y tortura. En un momento del proceso hicieron un cambio de calificativo a la pena y lo encarcelaron por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de la libertad; es decir, lo castigaron por crímenes menores.

La CorteIDH respaldó mi tesis. Las decisiones que se tomaron fueron en función de los alegatos del defensor y la esfera que aplaudía al agresor. Desde el primer momento se denunciaron los vicios que había en el proceso y nunca hubo sanciones pertinentes al respecto.

Hablando de esos vicios, ¿cuáles fueron las irregularidades que usted y su familia denunciaron en el marco de los juicios?

Desde el inicio del proceso se denunciaron amenazas, vulneración y persecución por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, hubo un exceso de declaraciones que me fueron exigidas en altas horas de la noche, también me hicieron preguntas tras salir de una cirugía de triple fractura en la mandíbula.

En una oportunidad, la fiscal del caso fue hasta el hospital para que yo firmara una declaración que no se me permitió leer. Además, hubo amenazas con un arma de fuego en la habitación donde estaba internada.

En el 2013 el Gobierno de Venezuela denunció a la Carta Interamericana y salió de sus estatutos. ¿El Estado está en la obligación de cumplir con la sentencia de la CorteIDH proferida el pasado viernes?

Recuerda que para el momento en el que se suscitaron los hechos (2001) el Estado era parte; por ende, tiene responsabilidad internacional. Según el estatuto de la Convención Interamericana, todos los delitos que hubiesen ocurrido antes de esa fecha pueden ser conocidos por la misma.

Si mi secuestro y posterior violación hubiesen sucedido después del 2013, la Corte no hubiera entrado a conocer este caso.

¿Ahora qué sigue?

Vamos a esperar la reacción del Estado. En caso de que el Estado venezolano no acate el fallo en su totalidad, mi secuestro y violación continuará en absoluta impunidad.

Si el Estado no cumple quedará en deuda conmigo y con todas las mujeres. La sentencia no es solo a favor de Linda Loaiza y mi familia, sino en favor de la sociedad venezolana y de las mujeres de América Latina.

La CorteIDH falló en una decisión histórica. Es el primer caso en el que el sistema interamericano de DDHH sanciona a un particular por los delitos de tortura.

La CEPAL indicó que 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe en el 2017. ¿Cree que la decisión de la CorteIDH ayudará a que se reduzcan los homicidios contra mujeres y los casos de impunidad en la región?

Es posible y, en ese contexto, lo primero que debe hacer el Estado venezolano con esta declaración de responsabilidad internacional por parte de la CorteIDH es comenzar a publicar las estadísticas de los feminicidios y de los delitos de violencia de género que ocurren en este país.

El Estado mismo reconoció que no se están publicando dichas estadísticas. Para atacar el problema lo más importante es reconocer en cifras, cuantitativamente, cuál es la problemática tan aguda que hay.

Por lo mismo, la sociedad entera, entre hombres y mujeres, debemos aunar fuerzas en función de que esta pandemia, que afecta cada día a mujeres y niñas, acabe.

¿Sirve de algo el Ministerio de la Mujer creado en el 2009 por el gobierno de Hugo Chávez?

No sé hasta qué punto esta cartera puede favorecer o no a la mujer. Recordemos que hay una política de Estado y hay un gobierno en este país que se declara feminista. Pero los hechos de este caso ponen en evidencia que, de lo que tanto hablan, no es una realidad. Mi caso se viene mentando desde el 2001 y aún no hay justicia.

¿Cree que el trabajo de mujeres como usted o el de Natalia Ponce de León y Jineth Bedoya en Colombia -además de movimientos como el MeToo-, han sido efectivos?

Los movimientos femeninos, liderados por este tipo de figuras, por supuesto que han funcionado para luchar en favor de nuestros derechos. Nosotras somos las que tenemos que tomar las tribunas y defender lo que nos corresponde. Si no lo hacemos nadie lo hará.

Con estos movimientos lo que pretendemos es acabar con esta cultura patriarcal en la que las mujeres continuamos muriendo por agresiones.

¿Ha recibido algún mensaje por parte del presidente Nicolás Maduro con relación a la sentencia?

No.

En 17 años de lucha en los que el Estado le negó justicia, ¿cuál fue el momento más duro?

Cada momento fue muy duro, la lucha ha sido tan sistemática que honestamente no podría decirte una fecha o día exacto.

No sé qué fue más difícil: si las violaciones, las torturas y las agresiones por parte de Carrera o la victimización y revictimización por parte del Estado venezolano.

¿Qué le diría a Carrera si se lo encuentra cara a cara de nuevo?

Prefiero no responder.

¿Lo pueden rejudicializar?

Si el Estado venezolano cumpliera con lo ordenado por la CorteIDH se debería abrir de nuevo el caso y juzgarlo por el delito de violación y tortura.

La verdad es que nosotros vivimos en una sociedad de cómplices. Él se vio beneficiado por un sistema patriarcal y discriminatorio hacia las mujeres que tan solo le valió seis años de cárcel. Una pena irrisoria.

¿Lo odia?

Que lo perdone Dios. Yo no soy Dios para perdonar.

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