Una década de la ley que condena el feminicidio

Una década de la ley que condena el feminicidio

4 de diciembre del 2018

Génesis Rua no pudo gozar su infancia en su natal Fundación, Magdalena. La niña de ocho años murió al haber sido abusada, asfixiada e incinerada por un vecino. La condena y repudio sobre este hecho enmarca dos grandes problemáticas en el país: la violencia contra las mujeres y los niños y niñas.

Sectores de la opinión y sociedad exigen mayores castigos a estos actos que revelan el lado oscuro de la condición humana: hacer daño y quitar la vida. Sin embargo, en el país y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal desde enero hasta octubre del presente año se han registrado 103.481 casos de violencia de género, entre las que se sobresale la violencia cometida por la pareja, con 35.894 casos, seguida de la violencia intrafamiliar con 33.372 casos.

Hay campañas de diferentes tipos y audiencias pero generar la pedagogía de no hacer daño y generar entornos de territorios libres de violencia es una incertidumbre hasta en los mismos hogares y barrios.

Exactamente hace dos años la sociedad colombiana también quedó horrorizada con el caso de Yuliana Samboní, que fue secuestrada, abusada y asesinada por Rafael Uribe Noguera. Un caso que fue el centro de diferentes debates, entre ellos establecer penas y condenas más fuertes para este tipo de crímenes.

Los medios de comunicación registraron todos los movimientos, ayudas y acciones cómplices para llevar a cabo el feminicidio de una niña indígena del Cauca en Bogotá. Un crimen que no se repara con ningún bien material y que por el contrario le deja más heridas a una sociedad que no dimensiona las consecuencias que trae este tipo de situaciones violentas.

Niñas y mujeres sin importar estrato socioeconómico, estudios o diferentes características han sido víctimas de tratos inhumanos que van en contra de su dignidad, siendo vulnerada su propia identidad, su amor propio, su esfuerzo y condición. También han sido un símbolo de lucha y reflexión que no solo busca quedarse en un día en especial o con un color en específico sino trascender y que a ninguna le vuelva a ocurrir un caso atroz.

Rosa Elvira Cely sentó un precedente para infortunio de su familia y amigos que conocieron cómo murió y cómo fue revictimizada por argumentos que no protegen a la víctima sino que legitiman al victimario. Así como ellas hay más casos en Colombia que no se saben por miedo a denunciar o porque no hay seguridad para ellas cuando su victimario está libre.

Sin embargo, sí hay leyes que castigan estos crímenes y que buscan garantizar una vida plena y sin violencia contra las mujeres. El pasado 4 de 2008 el congreso de la República de Colombia decretó la Ley 1257 que busca “la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”.

Colombia tiene una ley robusta en cuanto a los castigos de violencia contra la mujer. Un avance en la normativa, pero ¿se ejerce esta ley cuando hay un caso de violencia o feminicidio hacia una mujer?

De acuerdo con el diálogo de Katarsis de KienyKe.com con Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en Colombia, ha avanzado mucho pero hace falta igualdad de oportunidad para las mujeres y no tener más discriminación y barreras a la hora de hacer valer sus derechos.

Sin embargo, se debe tener en presente igualdad de resultados, “en el que se le pregunta a los Estados cuanta mujeres o casos de feminicidios se han detectado han sido juzgados o como se ha reducido factores de violencia hacia las mujeres”.

Un factor que no ha sido el mejor en el país de acuerdo a la poca información o divulgación de esta ley y de su juzgamiento.

“Hay que acabar la cultura de impunidad y silencio. Hay trabajar con medidas de prevención y servicios y en las comunidades para hacer un cambio, además de un acceso a la justicia para que no haya más casos. Además de incluir la sanción a los y las funcionarias que no cumplen con sus obligaciones de conocer y ejercer la ley 1257”.

Sin duda han sido 10 años de la Ley 1257 en que se han visto diferentes crímenes pero que hay menos trabas para la implementación y que las mujeres y niñas puedan gozar de una seguridad y de sanciones a sus victimarios sin que ninguna voz se pague y que sea una cifra más en medio del silencio y la cultura que todo se arregla en la casa.

El camino es largo pero no imposible si hay una unión entre mujeres y hombres para conocer y no permitir que haya más casos de violencia que se olviden con el tiempo, sino que con educación y pedagogía, además de acceso a la justicia se logre consolidar no sólo como una de las mejores leyes sino que sea una realidad.