El desprestigio en varias instituciones del Estado y el descrédito en numerosos sectores de la clase dirigente no son un fenómeno nuevo en Colombia. Encuestas, foros académicos y hasta conversaciones cotidianas en las calles, hogares y cafés dejan ver que la opinión pública se siente cada día menos representada por los líderes que los gobiernan, quienes paradójicamente fueron elegidos por los que muestran su inconformidad.
El año 2013 inicia con algunos sondeos de opinión que intentan medir la desazón u optimismo con que la población evalúa el comienzo de una nueva vigencia para sus gobernantes y las instituciones que lideran. Los resultados son desfavorables. Un estudio hecho por la firma Datexto, contratado por W Radio, muestra que el 51.09% de los encuestados considera que el país va por mal camino, la imagen negativa del presidente Juan Manuel Santos se incrementó en más de tres puntos y quedó en 43.7%. La desaprobación es creciente cuando a los encuestados se les consulta sobre la manera como el Gobierno maneja temas como corrupción, salud, educación, seguridad, desempleo y hasta el proceso de paz. Además, los consultados califican con un 63.24% de desaprobación al Congreso de la República, que se lleva el penoso título de la institución en la que menos confía la opinión. Entidades como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía no superan el 45% de aprobación, y las altas cortes no alcanzan el 40%.
Al menos en términos de optimismo, este año comienza para la política con pie izquierdo. Valga decir antes de exponer los argumentos de intelectuales y voces autorizadas consultadas por KienyKe, que los tres expertos que leerán a continuación coincidieron en una conclusión anticipada: en Colombia viene incrementándose el lamentable desprestigio al poder político que nos gobierna.
KienyKe quiso conocer la opinión de Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia; Alicia Eugenia Silva, magister en economía, exsecretaria de Gobierno de Bogotá y mano derecha del exalcalde Antanas Mockus, y José Gregorio Hernández Galindo, jurista y político, que fue magistrado de la Corte Constitucional y exfuncionario de la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda. Ellos diagnosticaron las motivaciones por las que la ciudadanía se enfrenta impávida a un poder con el que no se siente representada, y además plantearon modelos para corregir las ‘sinsalida’ aprovechando su experiencia o trayectoria por algunas de esas instituciones.
El principal lunar, que persiste y corroe la institucionalidad en el país, es sin duda la corrupción. “La corrupción –dice Alicia Silva- ha llegado a límites que no se conocían hace 40 años”. Este fenómeno, coinciden los tres expertos, está alentado por la forma de designar a funcionarios en cargos políticos conocida como clientelismo. “Lo que pasó desde algunos años hacia acá es que el clientelismo, que siempre ha existido, devino en el nombramiento de numerosos cargos políticos por personas que no cumplen el perfil y llegan con el propósito de robar, porque terminan controlando grandes presupuestos para beneficio propio”.
"Los sectores gobernantes más criticados no cumplen sus promesas electorales, gobiernan en beneficio propio": Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.
Sobre este asunto, Elisabeth Ungar, de Transparencia por Colombia, hizo un enérgico rechazo a la pasividad con que la sociedad civil permite que en varias instituciones no se garantice la rendición de cuentas por parte de sus funcionarios, o más grave aún, que el elector “siga votando por esos políticos, sus amigos y sus familiares a los que tanto condenan”. No obstante, la misma experta pidió no hacer una generalización en la totalidad de la clase política, sino fijarse en “algunos dirigentes y entidades desacreditadas entre la opinión, porque no es todo el universo. La imagen de que todo el sector público es corrupto, hay que desvirtuarla”.
En ese momento sumó el segundo gran pecado del poder en Colombia. Incumplirles a sus electores. “Los sectores gobernantes más criticados no cumplen sus promesas electorales, gobiernan en beneficio propio”, dijo Ungar.
Por su parte, el exmagistrado y político José Gregorio Hernández afirmó que la ineficiencia es uno de los factores que más despiertan la ira del ciudadano, que termina castigando el incumplimiento de sus dirigentes con las encuestas. “Los funcionarios no cumplen, y es el caso de muchas administraciones no solo nacionales sino locales, en las que los objetivos que prometieron -por mínimos que sean- se quedan en promesas de campaña. El ciudadano pierde la confianza. Y esto está relacionado con la ‘politiquería’, gracias a la cual terminan ejerciendo el poder ciertas personas que son electas sin tener capacidades de asumir ese cargo, sino por el influjo político. Y esto no solo afecta alcaldías o niveles ejecutivos, sino Congreso y hasta la administración de justicia”.
“Hay personas que se hacen elegir sin tener conocimiento técnico; que no saben administrar ni su propia casa” añade Alicia Eugenia Silva. “Llega a gobernar cualquiera que tiene plata y por su culpa se desprestigia toda la acción de gobernar”, sostuvo.
Y no se desconoce la inevitable herida de la ilegalidad que permeó a todas las ramas del poder público. Para Alicia Silva es una lamentable espina dorsal del mal gobierno. “Es una cultura mafiosa que termina generalizándose con la llegada del narcotráfico en manos de múltiples actores. La sociedad en general se acostumbró a aceptar la plata de donde venga, y se metió a la cultura del ‘todo vale', porque lo que importa es lograr el fin. En algo, la sociedad también es culpable, pero es víctima al tiempo porque ha crecido viendo que aquí todo es narcotráfico y se dan amnistías a los criminales”.
El pecado original: los partidos políticos
En opinión de José Gregorio Hernández, el descrédito sobre entidades del estado tiene entre sus orígenes y responsables a los partidos políticos. “Los partidos no se constituyen alrededor de principios, convicciones, ideas sólidas, sino que se crean empresas electorales transitorias para, solamente, ganar elecciones, y siempre alrededor de nombres más no filosofías”, aseguró.
El jurista calificó de “caóticos” y “desorientados” a los partidos, lo que “se refleja necesariamente en las instituciones”. “Para nadie es secreto que las ramas del poder, órganos de control y entidades locales se encuentran en un profundo desprestigio y no se han podido recuperar. Con el ejemplo más próximo, la fallida reforma a la justicia, observamos que todas las ramas del poder quedaron muy mal, porque tramitaron un proyecto con la mira no en el interés general, sino en objetivos particulares”.
En este sentido dijo que el acceso a las curules políticas aún siguen en manos se sectores que tienen importante capital económico, “porque cuesta gran cantidad de dinero sostener una campaña costosa. Así que quienes no tienen los recursos están llamados a perder. Entonces uno se encuentra a ciertas castas que dominarán siempre el panorama electoral”.
"Hoy lo que tenemos es una serie de microempresas electorales. Lo que importa es la plata que tengan para hacerse elegir": Alicia Eugenia Silva, exsecretaria de Gobierno de Bogotá.
Sobre este asunto también opinó la exsecretaria de Gobierno de Bogotá. “Hoy lo que tenemos es una serie de microempresas electorales. Lo que importa es la plata que tengan para hacerse elegir. Y la cultura mafiosa predomina en muchos de estas agrupaciones; un estudio mostró que la gente se asociaba más para delinquir que para otra cosa. La corrupción carcome la credibilidad de cualquier institución incluyendo partidos políticos”.
¿Qué futuro tienen las agrupaciones políticas? Para el abogado Hernández Galindo, ninguno. “Desde que se comenzaron a despedazar, se les quitó su concepto original y carácter ideológico, se perdieron los partidos”.
Para Alicia Eugenia Silva los partidos políticos ya son organizaciones “del pasado”, y ahora debería evolucionar, en la institucionalidad democrática, a una forma de agrupación de carácter ideológico, que agrupe y organice simpatizantes por tareas específicas, y que quienes dentro de dichas organizaciones aspiren a ser clase dirigente, estén formados en la filosofía y proyectos de su agrupación. “Por ejemplo causas ambientales”, dijo la analista.
Ineficiencia, falta de independencia y clientelismo: pecados de la justicia
La justicia, lamentablemente, ha visto un abismo de apoyo popular desde hace algunos años. Para la directora de Transparencia por Colombia el declive fue posterior a “respuestas favorables” de las altas cortes en casos como la Parapolítica y el trámite de la reforma para dar vía libre a una segunda reelección presidencial. “En esos momentos respondieron defendiendo la institucionalidad. Alcanzaron alta credibilidad y se alzaron como independientes”, señaló Ungar. No obstante, posteriores escándalos y numerosas quejas de lentitud, parcialidades e ineficiencia en la actuación judicial han detonado su desprestigio. “Una justicia frágil debilita la institucionalidad. Casos de clientelismo en la justicia y hasta el reciente escándalo por las pensiones millonarias son graves precedentes”, subrayó. A esto sumó la impunidad, que hace sentir a la ciudadanía que la justicia no está para preservar la integridad del estado, sino para indultar a criminales.
"... Se entregan a los deseos del gobierno de turno porque éste los estimula mediante lo que llaman ‘la mermelada’". José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional.
El exmagistrado Hernández, consultado por KienyKe, añadió un par de elementos con más profundidad que laceran la imagen de la justicia. “En altas cortes se desempeñan los cargos no con base en la hoja de vida o mérito del aspirante, sino con arreglos de carácter político al interior de las corporaciones. Eso se refleja en la calidad de algunos fallos y la demora en solución de casos”.
Poner en tela de juicio la independencia de la justicia implica cuestionar la transparencia en la gobernabilidad. Si esa rama del poder no funciona como contrapeso, es hora de poner en alerta el sistema político colombiano. Aunque al hablar de poderes independientes, el abogado Hernández da un nuevo ejemplo: “Encuentra uno que el Congreso, para hablar de una institución, prácticamente se ha convertido en un apéndice del ejecutivo; los congresistas no ejercen a cabalidad el control político, sin generalizar porque hay destacables excepciones. Pero en varios casos se entregan a los deseos del gobierno de turno porque éste los estimula mediante lo que llaman ‘la mermelada’. Eso a veces también pasa con cortes o tribunales a favor del gobierno”.
¿Cómo reconquistar a la opinión?
En sus conclusiones, los expertos quisieron recordar esas experiencias que deberían considerar las instituciones y sus dirigentes para recobrar el aprecio entre el constituyente primario, a quien deben su función. “El problema de deslegitimidad –dice Elisabeth Ungar– pasa cuando no hay un estado mínimo de transparencia y rendición de cuentas; al menos que la gente sepa qué hacen sus dirigentes. En otros países, por ejemplo, hay dos prácticas básicas que se omiten en Colombia: las declaraciones públicas de conflictos de intereses y las declaraciones públicas de bienes y rentas”.
Para Alicia Eugenia Silva el castigo debería ser más severo de parte de los electores. “Somos una sociedad esquizofrénica. Se dejan convencer de estrategias de publicidad, políticas de populismo, demagogia y clientelismos. El voto es el castigo. Además, yo creo que debemos pensar en la meritocracia, cambiar a instituciones que creen acervos de tecnócratas preparados. Las instituciones como el Congreso, la justicia y las administraciones deben mezclar capacidad técnica, méritos y cumplimiento responsable en tareas planteadas. Con eso seguro les cambia la imagen”.
“Pero debe haber un examen de conciencia serio, con honestidad”, concluyó el exmagistrado Hernández. “La lucha contra la corrupción y la ilegalidad debería ser objeto de más compromiso, con sanciones severas. Aquí se han expedido muchos estatutos anticorrupción; infortunadamente esos estatutos no se han traducido en algo práctico, porque el problema no es de normas, sino de seres humanos”.
"Los sectores gobernantes más criticados no cumplen sus promesas electorales, gobiernan en beneficio propio": Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.
Sobre este asunto, Elisabeth Ungar, de Transparencia por Colombia, hizo un enérgico rechazo a la pasividad con que la sociedad civil permite que en varias instituciones no se garantice la rendición de cuentas por parte de sus funcionarios, o más grave aún, que el elector “siga votando por esos políticos, sus amigos y sus familiares a los que tanto condenan”. No obstante, la misma experta pidió no hacer una generalización en la totalidad de la clase política, sino fijarse en “algunos dirigentes y entidades desacreditadas entre la opinión, porque no es todo el universo. La imagen de que todo el sector público es corrupto, hay que desvirtuarla”.
En ese momento sumó el segundo gran pecado del poder en Colombia. Incumplirles a sus electores. “Los sectores gobernantes más criticados no cumplen sus promesas electorales, gobiernan en beneficio propio”, dijo Ungar.
Por su parte, el exmagistrado y político José Gregorio Hernández afirmó que la ineficiencia es uno de los factores que más despiertan la ira del ciudadano, que termina castigando el incumplimiento de sus dirigentes con las encuestas. “Los funcionarios no cumplen, y es el caso de muchas administraciones no solo nacionales sino locales, en las que los objetivos que prometieron -por mínimos que sean- se quedan en promesas de campaña. El ciudadano pierde la confianza. Y esto está relacionado con la ‘politiquería’, gracias a la cual terminan ejerciendo el poder ciertas personas que son electas sin tener capacidades de asumir ese cargo, sino por el influjo político. Y esto no solo afecta alcaldías o niveles ejecutivos, sino Congreso y hasta la administración de justicia”.
“Hay personas que se hacen elegir sin tener conocimiento técnico; que no saben administrar ni su propia casa” añade Alicia Eugenia Silva. “Llega a gobernar cualquiera que tiene plata y por su culpa se desprestigia toda la acción de gobernar”, sostuvo.
Y no se desconoce la inevitable herida de la ilegalidad que permeó a todas las ramas del poder público. Para Alicia Silva es una lamentable espina dorsal del mal gobierno. “Es una cultura mafiosa que termina generalizándose con la llegada del narcotráfico en manos de múltiples actores. La sociedad en general se acostumbró a aceptar la plata de donde venga, y se metió a la cultura del ‘todo vale', porque lo que importa es lograr el fin. En algo, la sociedad también es culpable, pero es víctima al tiempo porque ha crecido viendo que aquí todo es narcotráfico y se dan amnistías a los criminales”.
El pecado original: los partidos políticos
En opinión de José Gregorio Hernández, el descrédito sobre entidades del estado tiene entre sus orígenes y responsables a los partidos políticos. “Los partidos no se constituyen alrededor de principios, convicciones, ideas sólidas, sino que se crean empresas electorales transitorias para, solamente, ganar elecciones, y siempre alrededor de nombres más no filosofías”, aseguró.
El jurista calificó de “caóticos” y “desorientados” a los partidos, lo que “se refleja necesariamente en las instituciones”. “Para nadie es secreto que las ramas del poder, órganos de control y entidades locales se encuentran en un profundo desprestigio y no se han podido recuperar. Con el ejemplo más próximo, la fallida reforma a la justicia, observamos que todas las ramas del poder quedaron muy mal, porque tramitaron un proyecto con la mira no en el interés general, sino en objetivos particulares”.
En este sentido dijo que el acceso a las curules políticas aún siguen en manos se sectores que tienen importante capital económico, “porque cuesta gran cantidad de dinero sostener una campaña costosa. Así que quienes no tienen los recursos están llamados a perder. Entonces uno se encuentra a ciertas castas que dominarán siempre el panorama electoral”.
"Hoy lo que tenemos es una serie de microempresas electorales. Lo que importa es la plata que tengan para hacerse elegir": Alicia Eugenia Silva, exsecretaria de Gobierno de Bogotá.
Sobre este asunto también opinó la exsecretaria de Gobierno de Bogotá. “Hoy lo que tenemos es una serie de microempresas electorales. Lo que importa es la plata que tengan para hacerse elegir. Y la cultura mafiosa predomina en muchos de estas agrupaciones; un estudio mostró que la gente se asociaba más para delinquir que para otra cosa. La corrupción carcome la credibilidad de cualquier institución incluyendo partidos políticos”.
¿Qué futuro tienen las agrupaciones políticas? Para el abogado Hernández Galindo, ninguno. “Desde que se comenzaron a despedazar, se les quitó su concepto original y carácter ideológico, se perdieron los partidos”.
Para Alicia Eugenia Silva los partidos políticos ya son organizaciones “del pasado”, y ahora debería evolucionar, en la institucionalidad democrática, a una forma de agrupación de carácter ideológico, que agrupe y organice simpatizantes por tareas específicas, y que quienes dentro de dichas organizaciones aspiren a ser clase dirigente, estén formados en la filosofía y proyectos de su agrupación. “Por ejemplo causas ambientales”, dijo la analista.
Ineficiencia, falta de independencia y clientelismo: pecados de la justicia
La justicia, lamentablemente, ha visto un abismo de apoyo popular desde hace algunos años. Para la directora de Transparencia por Colombia el declive fue posterior a “respuestas favorables” de las altas cortes en casos como la Parapolítica y el trámite de la reforma para dar vía libre a una segunda reelección presidencial. “En esos momentos respondieron defendiendo la institucionalidad. Alcanzaron alta credibilidad y se alzaron como independientes”, señaló Ungar. No obstante, posteriores escándalos y numerosas quejas de lentitud, parcialidades e ineficiencia en la actuación judicial han detonado su desprestigio. “Una justicia frágil debilita la institucionalidad. Casos de clientelismo en la justicia y hasta el reciente escándalo por las pensiones millonarias son graves precedentes”, subrayó. A esto sumó la impunidad, que hace sentir a la ciudadanía que la justicia no está para preservar la integridad del estado, sino para indultar a criminales.
"... Se entregan a los deseos del gobierno de turno porque éste los estimula mediante lo que llaman ‘la mermelada’". José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional.
El exmagistrado Hernández, consultado por KienyKe, añadió un par de elementos con más profundidad que laceran la imagen de la justicia. “En altas cortes se desempeñan los cargos no con base en la hoja de vida o mérito del aspirante, sino con arreglos de carácter político al interior de las corporaciones. Eso se refleja en la calidad de algunos fallos y la demora en solución de casos”.
Poner en tela de juicio la independencia de la justicia implica cuestionar la transparencia en la gobernabilidad. Si esa rama del poder no funciona como contrapeso, es hora de poner en alerta el sistema político colombiano. Aunque al hablar de poderes independientes, el abogado Hernández da un nuevo ejemplo: “Encuentra uno que el Congreso, para hablar de una institución, prácticamente se ha convertido en un apéndice del ejecutivo; los congresistas no ejercen a cabalidad el control político, sin generalizar porque hay destacables excepciones. Pero en varios casos se entregan a los deseos del gobierno de turno porque éste los estimula mediante lo que llaman ‘la mermelada’. Eso a veces también pasa con cortes o tribunales a favor del gobierno”.
¿Cómo reconquistar a la opinión?
En sus conclusiones, los expertos quisieron recordar esas experiencias que deberían considerar las instituciones y sus dirigentes para recobrar el aprecio entre el constituyente primario, a quien deben su función. “El problema de deslegitimidad –dice Elisabeth Ungar– pasa cuando no hay un estado mínimo de transparencia y rendición de cuentas; al menos que la gente sepa qué hacen sus dirigentes. En otros países, por ejemplo, hay dos prácticas básicas que se omiten en Colombia: las declaraciones públicas de conflictos de intereses y las declaraciones públicas de bienes y rentas”.
Para Alicia Eugenia Silva el castigo debería ser más severo de parte de los electores. “Somos una sociedad esquizofrénica. Se dejan convencer de estrategias de publicidad, políticas de populismo, demagogia y clientelismos. El voto es el castigo. Además, yo creo que debemos pensar en la meritocracia, cambiar a instituciones que creen acervos de tecnócratas preparados. Las instituciones como el Congreso, la justicia y las administraciones deben mezclar capacidad técnica, méritos y cumplimiento responsable en tareas planteadas. Con eso seguro les cambia la imagen”.
“Pero debe haber un examen de conciencia serio, con honestidad”, concluyó el exmagistrado Hernández. “La lucha contra la corrupción y la ilegalidad debería ser objeto de más compromiso, con sanciones severas. Aquí se han expedido muchos estatutos anticorrupción; infortunadamente esos estatutos no se han traducido en algo práctico, porque el problema no es de normas, sino de seres humanos”.
