Haití: Un Estado en crisis sin solución a la vista

4 de marzo del 2019

El país caribeño ha sido escenario de intensas protestas sociales y actos violentos que ya han dejado 26 personas muertas y otras 77 heridas, según las últimas cifras.

Haití: Un Estado en crisis sin solución a la vista

Ya han pasado 25 días desde que inició una nueva oleada de protestas en Haití y aún no se vislumbra una solución clara a la crisis. Los hechos violentos ocurridos en el marco de las manifestaciones contra el presidente Jovenel Moïse ya han cobrado la vida de al menos 26 personas y otras 77 han resultado heridas, según la última información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los reclamos ciudadanos son muchos, pero la petición predominante es la renuncia del presidente y que se haga justicia por el supuesto desvío de recursos del programa Petrocaribe. Los ciudadanos piden que se investigue el uso de los USD 3.800 millones que Venezuela le entregó a Haití como parte del programa que inició en 2005.

Según una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de Haití, hubo irregularidades en el programa en el que Venezuela le suministra petróleo a Haití a precios especiales, que ocurrieron entre 2008 y 2016. El acuerdo permite que diferentes países del Caribe compren hasta 185.000 barriles de petróleo por día con condiciones preferenciales de pago. Además, Venezuela financiaba infraestructura energética en los países miembros del acuerdo.

En Haití, 15 exministros y actuales funcionarios están involucrados en este caso de los fondos de Petrocaribe, junto con una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.

La actual manifestación es la continuación de las protestas convocadas en octubre de 2018, cuando cientos de personas salieron a las calles pidiendo hospitales, escuelas y estrategias gubernamentales para luchar contra la corrupción y la pobreza extrema.

Las cifras respaldan las peticiones de los manifestantes. Haití es el país más pobre del mundo occidental, con casi el 60 % de la población viviendo bajo la línea de pobreza (USD 2,41 dólares al día) y más del 24 % por debajo de la pobreza extrema (USD 1,23), según cifras del Banco Mundial.

La inflación alcanzó además el 15,1 % en diciembre de 2018. Todos estos factores disminuyen la calidad de vida de los haitianos y alimentan el descontento contra el gobierno.

“Desde el punto de vista de raíces, Haití es un país en permanentes ciclos de crisis”, explica José David Moreno, profesor asociado al departamento de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. “Los ciclos de crisis sociales se han visto agravados por desastres naturales como el terremoto de 2010. Lo que esta sucediendo en Haití desde el pasado 7 de febrero es una etapa más de todos estos ciclos de crisis social”, añadió.

El inicio de las protestas el 7 de febrero es simbólico porque en esa fecha de 1986 una revuelta popular logró derrocar y mandar al exilio al presidente Jean-Claude Duvalier, conocido como ‘Bébé Doc’, recordado por liderar un gobierno autoritario y carcomido por la corrupción. El mandatario tuvo que huir hacia Francia, país que le otorgó asilo.

Ahora, ante los continuos reclamos de la ciudadanía hacia el gobierno de Moise, organismos internacionales han lanzado un llamado al Gobierno haitiano y la oposición para que encuentren una salida pacífica.

Los resultados de la continua intervención internacional en Haití

En 2004, el primer presidente electo democráticamente en el país caribeño, Jean Bertrand Aristide, fue derrocado por un golpe de Estado y acusado de violar los derechos humanos. Un análisis publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) señala que el golpe tuvo el consentimiento de la comunidad internacional impulsada por Francia, que estaba en contra de que el presidente Aristide promoviera la reparación histórica del país europeo hacia Haití, su antigua colonia.

Un reporte de la ONG Amnistía Internacional alertó que, después de la partida de Aristide, la situación política en el país se volvió más “volátil” y expresó la preocupación de que el país caribeño “esté descendiendo hacia una severa crisis humanitaria y de derechos humanos”.

Después del golpe, el político y abogado Boniface Alexandre asumió la presidencia de forma provisional y se instaló la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH). La misión buscaba impedir las violaciones de DDHH, pero estuvo rodeada de serias acusaciones de abusos sexuales hacia mujeres y niñas haitianas, así como por la creación de círculos de prostitución y explotación sexual.

El 12 de enero de 2010, la isla se vio sacudida por un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que destruyó buena parte de la ya precaria infraestructura con la que contaba el país. Como respuesta, la comunidad internacional organizó una colecta para apoyar la reconstrucción de Haití recaudando cientos de millones de dólares.

La reconstrucción tuvo serios problemas. Uno de ellos fue la dramática epidemia de cólera que se registró en octubre de ese año. La enfermedad, traída al país por los cascos azules de la ONU, provocó más de 9.000 muertes, como lo reseñó el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip Alston, en un informe de 19 páginas publicado en 2016.

“La evidencia científica apunta de forma abrumadora hacia la responsabilidad de la misión de paz como causante del brote”, indica el reporte de Alston. “Hasta ahora 9.145 personas han muerto y otras 780.000 han sido infectadas”, añade el documento.

Otro problema de la reconstrucción fue el uso de los recursos de cooperación internacional. Estudios realizados por el Observatorio de Políticas Públicas y de la Cooperación Internacional de Haití indican que el 95% del dinero donado por la cooperación estadounidense regresó a EEUU porque se quedó en organizaciones propias del país donante en vez de fortalecer las instituciones estatales y ONG del país. Según el observatorio, algo similar pasó con el caso de otros grandes donantes como la Unión Europea.

El profesor Moreno explica que la corrupción interna del Gobierno haitiano también actuó en detrimento de la reconstrucción del país. “En el ciclo de corrupción que tiene Haití, una ayuda internacional es un botín”, dijo el académico.

El 16 de octubre de 2017, la ONU dio por finalizada la MINUSTAH, después de 13 años en el país caribeño, e instaló la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), más pequeña y con el mandato de “consolidar el estado de derecho”.

A pesar de la continua presencia de la ONU y diversas organizaciones humanitarias, el país sigue en una inestable situación económica y política. “Cuando uno mira ciudades tan importantes como Puerto Príncipe, todavía se encuentran ruinas del terremoto en la capital nueve años después”, narra Moreno.

Ante el nuevo ciclo de protestas, la ONU y otros organismos multilaterales han hecho llamados para que el gobierno y la oposición inicien un diálogo y encuentren una salida pacífica de la crisis. Sin embargo, organizaciones opositoras como el Sector Democrático y Popular afirman que mientras Moise siga en el poder, no habrá estabilidad política en Haití.

Hacia el futuro, Moreno explica que Haití enfrenta diferentes escenarios. Uno de ellos podría ser que las revueltas efectivamente derroquen a Moise. “Puede que se dé ese escenario, a condición de que el movimiento no flaquee”, explica. Derrocar al presidente es un proceso complejo. “Yo veo al presidente muy bien anclado al poder y bien comunicado con el Ejército, un actor clave. Que el presidente caiga depende de si el Ejército apoya a la población civil”, explica el académico.

Aun si los movimientos sociales derrocan al presidente, eso no garantiza que quien asuma el poder después de Moise logre sacar a Haití del laberinto en el que se encuentra.

Una segunda posibilidad es que el presidente vea la situación tan complicada que ceda e implemente las medidas que reclama la oposición. “Tal vez el presidente busque maquillar cifras o dar unos paliativos para que se calmen los ánimos y le permitan terminar su mandato constitucional”, dice Moreno.

El 26 de febrero, el presidente Moise instaló el Comité de Facilitación del Diálogo Interhaitiano y llamó a la unidad nacional. Esta medida se suma a las otras nueve adoptadas por el gobierno el 16 de febrero que incluyen la promesa de recuperar el dinero perdido por el caso Petrocaribe, a través de la designación de un nuevo director para la Unidad Central de Información Financiera y un nuevo director para la Unidad de Lucha contra la Corrupción, así como nombrar a más jueces por parte del Consejo Superior del Poder Judicial para la atención al expediente Petrocaribe.

También prometió una serie de medidas sociales, entre ellas eliminar los monopolios, mejorar las condiciones salariales para obreros manufactureros, poner en marcha los fondos de desarrollo industrial para fortalecer la economía, promover el acceso al crédito y disminuir los precios de productos de necesidad básica, entre otras.

“Otra opción es que la comunidad internacional, a través de bloqueos u otras herramientas diplomáticas, logre influir en el presidente para que modere sus políticas”, añadió Moreno.

Por ahora, no se vislumbra una ruta clara para que el país caribeño salga de la crisis sociopolítica. El escenario que todos quieren evitar es que las revueltas conlleven a más muertes y profundicen el abismo en el que está sumido el país.

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