‘Sor Teresa’, ‘Carranza’ y otros que amenazan la restitución de tierras

‘Sor Teresa’, ‘Carranza’ y otros que amenazan la restitución de tierras

11 de abril del 2013

La red criminal de despojadores de tierras en el Caribe colombiano parece no dar tregua. Hace cuatro meses la policía presentó un listado de los ocho cabecillas que lideraban esta actividad delincuencial, desde entonces cayeron cuatro, pero en un nuevo reporte la lista muestra nuevos nombres y vuelve a quedar compuesta por ocho delincuentes.  

La mayoría de los reseñados por la policía delinquen en la región Caribe y el Urabá antioqueño. Entre los más buscados por afectar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se encuentran Benjamín Alvarado Bracamonte, alias ‘Misael’, exparamilitar cercano a los Castaño y que haría parte de la banda criminal ‘Los Traquetos’. Es uno de los 20 delincuentes más peligrosos de Córdoba y Urabá.

Las autoridades también vinculan al ganadero del Magdalena Saúl Alfonso Severini Caballero, quien fue detenido en 2006 por vínculos con la delincuencia, pero su proceso fue precluido. Actualmente tiene unos 45 años de edad y sobre él pesan acusaciones por homicidio agravado y desplazamiento forzado.

Otro de los azotes contra la restitución de tierras en Antioquia es Ovidio Antonio Mesa, alias ‘Carranza’, cabecilla del frente 36 de las Farc. El jefe de finanzas de ‘Los Urabeños’, Giraldo de Jesús Escalante Villegas, alias ‘Escalante’, también figura en la lista de la policía.

Otro presunto delincuente es Ómar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, prófugo jefe paramilitar que opera en el centro del Magdalena. Lo pobladores de la región, al escuchar su alias, lo relacionan de inmediato con las intimidaciones y ataques en zonas rurales donde se intenta restablecer tierras usurpadas por la delincuencia. Es un hombre escurridizo. Incluso se dice que podría estar muerto, y que algunos hombres, herederos del Bloque Norte de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), delinquirían en su nombre.

La única mujer en la lista es ‘Sor Teresa’ Gómez, cercana al clan Castaño Gil. Gómez se casó con el medio hermano de Fidel y Vicente Castaño, Manuel Gil, y en esa relación se ganó la confianza de los jefes paramilitares. Llegó a dirigir la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcord) y desde entonces se le atribuyó la autoridad de administrar las tierras usurpadas por sus familiares. Llegó a aparecer como desmovilizada de las AUC y sobre ella pesa una condena de 40 años de prisión por delitos de homicidio y concierto para delinquir. Su zona de influencia es Córdoba y Antioquia.

La Dijín no ha entregado suficiente información de la vinculación de dos de los nuevos en la lista con algún grupo ilegal o zona de influencia operativa. Se trata de Víctor Julio Almanza, alias ‘Ramoncito’ y Hernán Darío Camargo, alias ‘Yovanny’.

La Presidencia de Colombia prometió recompensas de 200 millones de pesos por información que facilite su captura. “Han sido declarados objetivos de alto valor estratégico, y por eso se creó un grupo especial para dar con ellos, llamado los Caza despojadores de tierras”, dijo el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño.

“Al Gobierno le falta mano dura”

Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros y exconsejero presidencial para el Urabá bajo el mandato de Ernesto Samper, dijo que la lista de los más buscados responde a una “información que de manera inicial tiene la fuerza pública, pero todavía faltan muchos más”. Denunció que ha conocido informaciones que señalan a empresarios de la ganadería, la palmicultura y bananeros “que están financiando la persecución contra reclamantes de tierras”.

“Lo sabemos porque hemos documentado esos casos de despojo y hemos presentado denuncias a la fiscalía, en las que inicialmente mencionamos más de 15 testaferros”, dice Vega.

Alertó de modalidades para perpetuar los despojos como obligar a los reclamantes a firmar escrituras, utilizar contactos en notarías para “gemelear” escrituras, hacer esto mismo con resoluciones del Incoder, falsificar firmas y obligar a los campesinos –mediante amenazas– a vender sus predios a muy bajo precio.

“El problema es que siguen surgiendo cabecillas. No hay resultados en investigaciones judiciales y por eso solo cae el autor material y no los que están detrás, contratándolos y financiándolos. Además de difundir el nombre y foto de los que promueven el despojo, el gobierno debería prohibir el porte de armas en las 12 zonas donde avanzan restituciones en el país: Montes de María, Urabá, Llanos orientales, Magdalena, César y oriente Antioqueño”, manifestó.

El Director de Forjando Futuro también advirtió de retrasos en el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, debido a la congestión judicial. Sin embargo, sostiene que la peor amenaza a la ley es la presencia de actores armados que la sabotean: “El gobierno debería tener mano dura para hacer cumplir esta ley, y más cuando promete cosas en el actual proceso de paz”, agregó.

Además de la presión de los violentos, los procesos para devolver tierras a campesinos desplazados por la violencia se han visto retrasados por la existencia de numerosos territorios sembrados con minas antipersona. En el oriente antioqueño, las restituciones de algunas regiones del Urabá, Valle del Cauca, Tolima y Norte de Santander han sido detenidas hasta que se complete el desminado, reconoce la Unidad de Restitución de Tierras.

Fuentes:

Policía Nacional

Presidencia de la República

Verdad Abierta

Fiscalía General de la Nación