Nací el 28 de Enero de 1981en el seno de una familia clase media. Me vinculé a las Farc en el año 2000 por razones ideológicas. Tras seis años - cuatro en la ciudad y dos en el monte- decidí desmovilizarme el 7 de marzo de 2006 ante las autoridades, en un acto público, junto a 25 de mis compañeros. Desafortunadamente caímos en una trampa orquestada por el gobierno nacional y el ex jefe de finanzas, Raúl Agudelo, conocido como Olivo Saldaña, quienes no solo nos obligaron a recibir casi 40 muchachos ajenos a la organización, sino que mantuvieron sus amenazas para no delatar el complot mediático que beneficiaba al gobierno -para legitimar la Ley de Justicia y Paz- su protegido, gestor de paz, que obtenía beneficios económicos y jurídicos.
Gracias al apoyo de mi esposa y a la infatigable defensora de DDHH Liduine Zumpolle -quien también ha sido víctima en este caso- tomé las fuerzas y la decisión irrevocable de contar la verdad de lo sucedido, como se resume:
La holandesa Liduine Zumpolle, directora de la fundación Manos por la Paz, ha liderado una campaña internacional para denunciar las irregularidades de la desmovilización de Cacica Gaitana.
En enero de 2006, me desvió de la guerrilla (25 hombres) cuando nos dirigíamos hacia al norte del Tolima a ponernos a disposición de la Columna Jacobo Frías Alape, y del Frente Tulio Barón –soy contactado por Boris Forero- emisario de “Olivo”, quien conoce mis dificultades y temores de continuar en las Farc, por lo que me ofrece la desmovilización.
Acepto y visito a Olivo en La Picota para informarme de primera mano. Así es como con la aceptación de los otros comandantes del grupo, que ya habían sido contactados por Olivo, decidimos entregar las armas y empezar una nueva vida, como la propaganda oficial lo prometió.
Sin embargo, días después supimos que las Farc se habían enterado, por lo que era seguro un fusilamiento en caso de querer regresar. Tampoco podíamos negociar por nuestra cuenta, ya que Olivo había advertido al gobierno de nosotros.
Entre la espada y la pared, nos tocó someternos al juego de Olivo y al interés del gobierno de Uribe de desmovilizar un grupo importante de las Farc. Pero como éramos solo 25, Olivo y su gente llevaron a 40 muchachos para completar la cuota que diera por satisfecho al gobierno, con una jugada política y mediática, previa a las elecciones parlamentarias y, que a su vez, se legitimara la Ley de Justicia y Paz con los paras, mostrando también a la guerrilla.
El Comisionado de Paz y sus emisarios, se encargaron de conseguir armas, municiones, uniformes, y demás cosas para hacer pasar a esos 40 muchachos como guerrilleros.
Los ex guerrilleros Biófilo y Olivo Saldaña fueron los hombres clave en al entrega de armas al ex comisionado de Paz.
En el acto público de entrega estuve presidido por los más altos mandos militares y policiales. Allí pronuncie un discurso. El acta de entrega fue herméticamente manejada por Restrepo y Olivo.
Muchas autoridades se hicieron presentes: DAS, CTI, ICBF, Registraduría, etc. Además de un grupo de Inteligencia militar que nos hizo las entrevistas.
No estuvo ni la OEA ni la Fiscalía. Posteriormente se supo que a la lista de ‘’La Gaitana’’, nombre ficticio dado a la estructura, se le sumaron el nombre de dos narcos: Hugo Yepes, y un tal Padilla, así como el nombre de un paramilitar y otro sujeto que desconozco.
Según se ha sabido recientemente, estos señores, con la venia del gobierno, financiaban la desmovilización y los sobornos a los involucrados, a cambio de no ser extraditados.
Posterior a la entrega, mi actividad ha sido de colaboración con diferentes autoridades, participando en decenas de foros académicos nacionales e internacionales. Tratando de mil maneras de rehacer mi vida, sin el apoyo del Programa de Reinserción, al que renuncie ante lo humillante de sus procedimientos, y ante la denuncia de que de este programa provino la información con que las Farc atentaron contra mí, la primera de las dos veces que he sufrido atentados.
Como ya dije, con apoyo y la firme intención de develar lo acontecido en esta parcialmente falsa desmovilización, me acerque a la Fiscalía, ante Carlos Aya, quien había abierto investigación por el caso, de lo que sin duda se deriva su despido injustificado de la Fiscalía.
Esta falsa desmovilización de la Cacica Gaitana se convirtió en el dolor de cabeza de Luis Carlos Restrepo, quien aún no se decide a responder a la justicia.
Con pruebas documentales, audios y videos, además de mi testimonio conté lo sucedido.
Luego el proceso fue asumido por la Fiscalía 16, a cargo de Francisco Villareal, quien está a cargo del proceso hasta ahora.
Sin embargo, como lo advertí ante la prensa al conocer los alegatos del fiscal del caso, con el que más de una vez colaboré, empecé a temer por los vacíos, las ligerezas, y ante todo el sesgo político de la investigación.
Se me imputaron los delitos de porte, fabricación y almacenamiento de armas, y lógico, pues en la Farc no se usa caucheras, el delito de prevaricato –por haber recibido durante 4 meses auxilio del estado-como lo estipula la ley
Estos delitos conexos con el delito de rebelión, que la misma Fiscalía había investigado y precluido, bajo amparo de la Ley 182 de desmovilizados, también me culpan de fraude procesal, sin embargo esto no existió porque:
1) La Fiscalía precluyó las anteriores, le impidió ampliar declaraciones
2) El dominio del estado estaba en manos del Alto Comisionado, el Ministerio del Interior, y la Fiscalía.
Hace ya un mes (26 de febr.) se me dictó medidas de aseguramiento. Pase 19 días en el Bunker de la Fiscalía, y desde entonces, me encuentro recluido en La Picota, con ‘’máximas medidas de seguridad’’, que se han traducido en aislamiento absoluto.
Mi caso es conocido por organismos internacionales, quienes vigilan el proceso. La actuación de la Fiscalía, que como lo dije en audiencia –se ha dedicado a enredar el proceso, ante una evidente ignorancia, y perversidad- frente a los procesos de desmovilización, permitiendo que los directos responsables –Luis Carlos Restrepo y Raúl Agudelo- por la misma debilidad y torpeza del fiscal, hayan apelado la medida de aseguramiento, y hayan conseguido su cancelación, por los mismos delitos por los que me encuentro detenido.
La Fiscalía, al verse debilitada, me ofrece ‘principios de oportunidad’’, como si yo hubiese sido autor de delito, posterior a la desmovilización.
Mi abogado, defensor público, no ha sabido sortear las trampas de la Fiscalía, y yo, en estado de reclusión, no se me ha permitido seguir obteniendo pruebas sobre el caso.
Los grandes intereses políticos que aquí están en juego, sobrepasan mis posibilidades de mi defensa, que como se entenderá, no dependen del derecho, sino de la política, y de hombres poderosos y corruptos, de los que mi posición dista enormemente.
25 de Marzo 2012,
Felipe Alejandro Salazar
