La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dejó sin efecto la circular roja emitida contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el marco de la investigación que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada de manera unilateral por el organismo internacional desde su sede en Lyon, Francia, y notificada a las autoridades colombianas el pasado 2 de abril. Con esta determinación, se levanta la orden de captura internacional que pesaba sobre el exfuncionario, lo que en la práctica le permite movilizarse fuera de Nicaragua, país en el que permanece desde hace dos años tras recibir asilo político.
De acuerdo con la Interpol, la medida responde a restricciones en la información suministrada en la solicitud inicial presentada por Colombia. Según explicó la entidad, parte del contenido fue considerado reservado con el objetivo de proteger los derechos y libertades del solicitante, lo que impidió mantener activa la notificación roja.
No obstante, el organismo internacional dejó abierta la posibilidad de que el Estado colombiano presente una nueva solicitud, siempre que se aporten elementos materiales probatorios adicionales o información relevante sobre hechos nuevos que no hayan sido analizados previamente.
En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación ya reactivó el trámite y radicó una nueva solicitud ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para emitir otra circular roja. Esta vez, la petición está sustentada en el delito de lavado de activos y actualmente se encuentra en evaluación por parte de las autoridades competentes.
Carlos Ramón González fue acusado el pasado 29 de enero ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Para la Fiscalía, el exfuncionario sería uno de los principales articuladores del presunto desfalco millonario a la UNGRD, entidad encargada de la atención de emergencias en el país.
La investigación se sustenta, en gran medida, en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que decidieron colaborar con la justicia. Ambos han señalado que desde el entorno de González se habrían dado instrucciones para la entrega de dádivas a congresistas con el fin de facilitar el trámite de iniciativas del Gobierno en el Congreso.
Uno de los episodios clave del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando, según el testimonio de López, se habría definido la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para destrabar reformas impulsadas por el Ejecutivo. Asimismo, se menciona un pago adicional de 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
En el expediente también figura Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien, de acuerdo con estas declaraciones, habría sido la encargada de ejecutar las entregas de dinero. Tanto Calle como Ortiz son investigados por su presunta participación en la red de corrupción.
Aunque González ha negado los señalamientos ante la Corte Suprema, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer su eventual responsabilidad en el caso, mientras avanza el proceso para reactivar su búsqueda a nivel internacional.
