Esta semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó ante la opinión pública el informe de rendición de cuentas del primer trimestre de su gobierno, con resultados que, en su mayoría, parecerían hablar de una disminución de los delitos en la ciudad, de no ser por dos lunares: el primero, que la ciudadanía lleva más de 15 días en sus casas, razón por la cual es de esperarse que los delitos en espacio público disminuyesen; y segundo, porque precisamente los delitos que presentan incrementos son aquellos que tienen lugar al interior de los hogares, donde los victimarios son, en casi la totalidad de los casos, los cónyuges o parejas de las víctimas.
Las cifras proporcionadas muestran que el maltrato a la mujer en Bogotá se disparó a lo largo del Simulacro Vital del Distrito y en lo transcurrido de la Cuarentena preventiva obligatoria. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, en nuestra ciudad, las llamadas a la Línea Púrpura Mujeres que escuchan mujeres han aumentado en un 225%, pasando de 942 llamadas semanales a 3.109 llamadas por maltrato contra la mujer, y según datos de la Fiscalía, se ha registrado un total de 6.432 casos de violencia intrafamiliar, lo cual significa un aumento del 16% respecto al año 2019, en el que se denunciaron 5.525 casos. Además, según la Secretaria de Seguridad Distrital, la Línea 123 recibió 1.619 llamadas entre el 11 y el 30 de marzo por este mismo motivo.
La violencia intrafamiliar está tipificada en el artículo 229 del Código Penal Colombiano, como una conducta de maltrato físico o psicológico que puede ser contra cualquier integrante de la familia. Si bien la entidad encargada de recibir este tipo de denuncias y adelantar la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, la Línea Púrpura funciona como un canal de atención psicológica y social jurídica que en circunstancias normales presta sus servicios de manera presencial en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, donde se acompaña, orienta y atiende a las mujeres víctimas de los diversos tipos de violencias: psicológica, física, económica, sexual, patrimonial y verbal.
Según ONU Mujeres Colombia, las medidas de cuarentena son un agravante para las múltiples y diversas circunstancias que se presentan al interior de los hogares, y que pueden desencadenar en algún tipo de maltrato. Situaciones como el estrés, la incertidumbre económica, el aumento de las tareas de la casa que se agudizan en el caso de presencia de hijos y su carga educativa, el poco contacto social y la misma situación de aislamiento, pueden verse empeoradas por la dificultad de las víctimas para buscar ayuda y salir a denunciar. Obstáculos que responden a la cercanía del victimario, la imposibilidad de poder hablar, las barreras de los canales de denuncia, ya que son en su mayoría digitales y se enfrentan al limitado, o en ocasiones, inexistente acceso a internet o una línea telefónica, e incluso, por el colapso de las líneas de atención como el 123.
De este modo, las medidas impuestas para quedarse en casa son un riesgo para muchas mujeres, pues según Sisma Mujer, cada 23 minutos una mujer es víctima de violencia sexual en Colombia y, según Medicina Legal, 14.145 mujeres en el país están en riesgo de feminicidio, crimen en el que el victimario suele tratarse de su pareja o excompañero sentimental, quien decide el 59.1% de los casos perpetrar el delito en la vivienda de las víctimas; cifra muy alta y que prende alarmas, pues corresponde a tiempos de no vigencia de la cuarentena.
Por otra parte, el consumo de alcohol, puede ser un factor peligroso para aumentar los riesgos de exposición en momentos de alta tensión y estrés, actuando en ocasiones como detonante para la perpetración de delitos graves, e incluso, feminicidios. De ahí que el Decreto Distrital 092, acertadamente reguló la compra de una botella de licor por persona durante la cuarentena.
En este escenario, la Secretaría Distrital de la Mujer ha tomado la decisión de fortalecer los distintos canales que están dispuestos para el reconocimiento de los derechos de la mujer, la identificación de las rutas de atención ante las autoridades, las prácticas de autoprotección y las decisiones a tomar que aumenten la probabilidad de no repetición de los hechos de violencia intrafamiliar. Para ello, habilitó varias líneas telefónicas y correos electrónicos en cada una de las localidades, que son atendidos tanto por abogadas como por psicólogas para brindar orientación de orden legal y psicológico, funcionando en un horario de 8:00 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 6:00 p.m. Además, ha robustecido la Línea Púrpura (018000 112 137), con funcionamiento las 24 horas al día, vía llamada o chat de Whatsapp (300 755 18 46), e implementó una nueva línea telefónica (3803440), que entró en funcionamiento el pasado miércoles.
Adicionalmente, con el aumento de las cifras de violencia intrafamiliar, la alcaldesa solicitó la reapertura de las Comisarías de Familia, de forma tal, que laboren por turnos, instando a la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura la atención presencial de sus funcionarios para proteger a las familias bogotanas.
Ante este panorama vale la pena preguntarse sobre si todas estas medidas son suficientes ante la exigencia de una respuesta efectiva, eficaz y oportuna de la institucionalidad. Si la meta de la Secretaria Distrital de la Mujer es llegar a atender el 70% de las llamadas entrantes, y mientras tanto, cada una de las dos profesionales asignadas por localidad atiende a unas 6 personas en promedio al día, debido a que cada consulta demora entre 40 y 50 minutos, preguntémonos ¿qué pasará con el 30% de las mujeres que no lograrán ser atendidas a través de la línea, o qué sucederá con aquellas que no están dentro de las seis personas que tienen cabida para ser atendidas diariamente por cada una de las psicólogas y abogadas?
Finalmente, considero que en la medida que la cuarentena sea cumplida por los ciudadanos, no saliendo de sus domicilios, ello trae como consecuencia lógica la disminución de los delitos en espacio público. No obstante, los crímenes han elegido otro escenario para perpetrarse ante la ausencia de un policía vigilante o la imposición de una medida correctiva ante un comportamiento pública y legalmente rechazable. Esta situación nos ha demostrado que ante la alta impaciencia, la ausencia de valores como la tolerancia y el respeto, se llega en muchos casos a la perpetración de delitos, y en no pocos, termina por desarticular o malograr el vínculo familiar; basta con mirar países como China, donde el confinamiento originado en la pandemia además de altas cifras de enfermos y decesos, ha dejado a su paso un alto número de solicitudes de divorcio.
