Mientras Colombia se distrae con el ruido político y las cortinas de humo que lanza el Gobierno, hay hechos gravísimos que pasan casi invisibles. Esta semana ocurrió un ejemplo perfecto: mientras el país asimilaba —con razón— las revelaciones sobre alias Calarcá, un dato devastador quedó enterrado entre el ruido. Según reveló El Colombiano con cifras oficiales, el secuestro extorsivo aumentó un 118% en lo corrido del año. Son más de 520 familias viviendo terror y angustia.
Esa cifra no es cualquier cosa. Es el regreso a un pasado que creíamos superado. Muchos crecimos marcados por el secuestro; sabemos lo que es vivir con miedo y tener a un familiar en manos de estos grupos inhumanos.
Y si alguien se pregunta por qué está aumentando así, la respuesta está en lo que Noticias Caracol reveló. El país ya conoce lo esencial: en las comunicaciones incautadas a Calarcá aparecieron personas en cargos estratégicos del Gobierno. Ese hecho pone en otra dimensión el debate sobre seguridad nacional.
La pieza clave que conecta todo es la historia de Wilmer Mejía, un antiguo líder estudiantil de la Universidad de Antioquia con formación en Educación Física. El presidente lo designó como su representante en el Consejo Superior de esa universidad y tambien lo nombró en un puesto estratégico en la Dirección Nacional de Inteligencia. La pregunta no es un capricho opositor, es de sentido común: ¿cómo llega alguien con ese perfil a un cargo crítico en inteligencia? Su hoja de vida no lo explica. Su cercanía política, sí.
Lo que vemos hoy no es un hecho aislado, sino una práctica que el Estado permitió durante años: la infiltración de grupos armados en universidades públicas. El reclutamiento urbano es hoy una de las señales más graves de esta infiltración. La presencia del delegado del presidente en una universidad con histórica influencia de estas estructuras, mencionado en archivos criminales, debería encender todas las alarmas. Las universidades han sido espacios estratégicos para estas organizaciones, no solo para coaccionar, sino para adoctrinar y construir base social.
El senador Carlos Antonio Lozada lo admitió abiertamente en una entrevista cuando dijo que casi dos décadas de su vida las dedicó al trabajo clandestino y político al interior de las ciudades, especialmente en universidades.
A la gravedad del caso se suma la actuación de las instituciones. La fiscal Luz Adriana Camargo tuvo el material de Calarcá durante más de un año y no actuó. Cuando la información se hizo pública, salió de afán a anunciar imputaciones contra personas cercanas al presidente. Pero un año de omisiones no se borra con una rueda de prensa. ¿Cómo puede la Fiscalía no actuar frente a una infiltración que compromete la seguridad nacional? ¿Cómo justificar que “no les habían enviado” el material cuando es obvio que cualquier fiscalía seria estaría encima de los dispositivos incautados a un cabecilla disidente?
El Gobierno tampoco actuó con responsabilidad. Salió a defender públicamente al general Juan Miguel Huertas. El ministro Sánchez habló de “presunción de inocencia”, pero en seguridad nacional no puede haber margen para la duda. Huertas ya había sido retirado por irregularidades, Petro lo reincorporó pese a ello, y ahora aparece en este escándalo. Tuvo que ser la Procuraduría —y no la Casa de Nariño— la que lo suspendiera, junto con Mejía.
Aun así, el Gobierno insiste en llamar a este caos la “Paz Total”. Pero eso es una burla al país. No hay paz posible entregándole poder a los criminales. El ejemplo más doloroso es la designación como gestor de paz de Sadi Darío Rojas, alias Samir, señalado como responsable de la muerte de 13 soldados en agosto de 2025. Trece soldados asesinados, y lo premian. Y no lo advierte solo la oposición: hasta el propio ministro del Interior, Benedetti, admitió que la Paz Total fracasó. Naciones Unidas también lo ha señalado. Cualquiera que conozca el caos improvisado que montaron llega a la misma conclusión. Pero el Gobierno insiste, y lo hace sin importar las consecuencias para el país.
Aquí nada es coincidencia. Los grupos armados se fortalecieron por la permisividad y las decisiones del gobierno. Encontraron espacio, aliados y silencio donde debía haber contención. Por eso hoy tienen influencia donde nunca debieron tenerla: en la Presidencia y, por lo visto, también en la Fiscalía. Esto no es infiltración: es coincidencia ideológica convertida en política de Gobierno.
