La inteligencia son los ojos y oídos de la nación. Bien empleada, controlada y regulada, es una herramienta esencial para proteger la población, garantizar la seguridad y defensa nacional, y anticipar amenazas contra el régimen constitucional; en cambio, manoseada con fines políticos al servicio del gobierno de turno, se convierte en un arma peligrosa contra las libertades. Ningún Estado moderno puede anticiparse a riesgos, enfrentar el crimen o proteger su democracia, sin inteligencia.
Hoy la inteligencia está cautiva, amordazada y amenazada. Por una parte, los servicios de inteligencia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, resistiendo los golpes y las indebidas intromisiones de la política para instrumentalizarla, incluso a costa de perder sus mejores hombres, perseguidos por el gobierno; por otra, sin la misma suerte, la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI, órgano creado luego de la disolución del DAS, que funciona como un departamento administrativo dependiente directamente de las órdenes del presidente.
Causan estupor y aversión, las revelaciones del uso político de la inteligencia de Estado a través de la DNI. Es una seguidilla de graves evidencias con la intención de destruirla o cooptarla con fines políticos. Primero, atacaron la Dirección de Inteligencia de la Policía, señalándola de haber comprado un supuesto software de espionaje e interceptaciones “Pegasus”, afirmación que se desbarató al comprobar que no existió ningún proceso contractual por parte de esta unidad para adquirirlo y que tampoco tendrían como operarlo pues no hace parte de su misionalidad, sino de los entes de investigación criminal.
Luego se conoció un borrador de decreto con la intención de unificar todos los organismos de inteligencia (militar, policial y financiera) bajo el mando del DNI, situación que rompería los contrapesos misionales, acabaría la comunidad de inteligencia y concentraría en una sola entidad, dependiente directamente del Presidente, toda la información de inteligencia del Estado, aumentando el riesgo de politización y uso de acuerdo a sus intereses. Después, se promovió otro decreto con la intención de desclasificar los archivos de inteligencia, exponiendo ante los grupos criminales, la identidad de cientos de servidores que los persiguieron, que infiltraron sus estructuras y los enfrentaron en los años más álgidos de violencia en Colombia, poniéndoles una lápida.
Ahora, con las denuncias de vínculos de disidencias de las FARC con miembros de la DNI, la creación de fachadas en cargos directivos de las universidades públicas, así como la intromisión indebida en los ascensos de cientos de miembros de la Fuerza Pública, convirtieron la inteligencia en una herramienta al servicio de los verdugos de Colombia: alias Calarcá, las disidencias y quien sabe cuántos delincuentes más. Se traspasó incluso el límite ético y legal, sin tener ninguna competencia por ley, de perfilar los oficiales que participaron en las principales operaciones contra el crimen organizado y el terrorismo: destituidos, trasladados, perseguidos o simplemente impidiendo que continuaran con sus carreras.
La Ley 1621 de 2013 denominada de inteligencia y contrainteligencia, nació precisamente para evitar esas intromisiones. Con ella, el país estableció un marco legal que fijó límites, definió responsabilidades, estableció controles y sobre todo, ratificó una premisa fundamental para cualquier democracia: la inteligencia pertenece al Estado, no al gobierno de turno y mucho menos a los intereses particulares de quienes detentan el poder.
La inteligencia le ha brindado enormes alegrías al país: desde la Operación Jaque que dio la bienvenida a la libertad a los secuestrados enjaulados durante años por las FARC, hasta la ubicación y abatimiento de los símbolos del terror: MonoJojoy, Raúl Reyes, Alfonso Cano, pasando por las espectaculares operaciones donde valientes mujeres de inteligencia, infiltraron con astucia los carteles del narcotráfico para capturar a sus máximos capos.
La inteligencia estratégica le permitió a Colombia ser el único país de Latinoamérica con asiento en la Agencia de Policías de Europa –-EUROPOL en La Haya, desarrollar operaciones coordinadas con cuerpos de cumplimiento de ley europeos e incluso enseñar en ese continente la experiencia colombiana en la lucha contra crimen. También, crear y presidir la Comunidad de Policías de América - AMERIPOL o ser destacados por la INTERPOL en el top 10 de países más eficientes en intercambio de información con el mundo, en extradiciones y emisión de notificaciones contra criminales internacionales. Éramos un hub regional de buenas prácticas, doctrina y capacidad en materia de inteligencia.
En tiempos de polarización y elecciones, estas prácticas aumentan la desconfianza institucional, erosionan los principios del Estado e incrementan la vulnerabilidad frente a un crimen empoderado, al acceder a información vital de seguridad y defensa nacional. Cuidar nuestra inteligencia exige carácter institucional y la defensa de una convicción innegociable: la inteligencia le sirve al país, no al poder transitorio. Sólo bajo esa premisa podrá seguir cumpliendo su misión más importante para estos tiempos: preservar las instituciones y el régimen democrático en Colombia.
