La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por su participación en el evento conocido como el “tarimazo”, realizado el pasado 21 de junio en Medellín, dentro del programa “Paz Urbana” del Gobierno Nacional.
Según el documento oficial, la decisión responde a varias denuncias que señalan presuntas irregularidades cometidas durante el encuentro, el cual fue transmitido en directo por televisión pública. Entre los posibles hechos investigados se encuentran una supuesta participación indebida en política, uso de recursos estatales con fines proselitistas y la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente.
Los hechos que motivaron la investigación
El acto en cuestión se desarrolló en la capital antioqueña y contó con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.
Durante el evento, el presidente Petro hizo un discurso que generó amplia controversia política, pues algunos sectores interpretaron que su intervención excedía los límites de una alocución institucional. Además, en la tarima se habrían exhibido símbolos del movimiento político Independientes, vinculado al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y se hicieron referencias a su eventual aspiración presidencial.
Estas circunstancias llevaron a varios congresistas y organizaciones civiles a radicar denuncias ante la Comisión de Acusación, señalando que el mandatario habría vulnerado las normas sobre neutralidad política y uso de recursos públicos.
Autoridades y entidades requeridas
En el marco de la investigación, la Comisión ordenó la recolección de pruebas y compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta a la participación de la congresista Isabel Cristina Zuleta. También se solicitaron informes y documentos al Inpec, al Ministerio de Justicia, a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, así como a RTVC y el Canal Institucional, que transmitieron el evento.
De acuerdo con fuentes legislativas, la etapa de indagación tiene como objetivo determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el jefe de Estado o si, por el contrario, se archiva el proceso.
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Implicaciones políticas del caso
La apertura de esta investigación se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y los organismos de control. De confirmarse alguna de las acusaciones, el proceso podría escalar al Congreso de la República, que es el competente para adelantar juicios políticos contra el presidente.
No obstante, desde el Ejecutivo no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño han señalado que el acto en Medellín se enmarcó dentro de la agenda institucional del Gobierno y no tuvo carácter proselitista.
La Comisión de Acusación —única instancia habilitada para investigar al presidente en ejercicio— deberá ahora determinar si los hechos del “tarimazo” configuran una falta disciplinaria o si se trató de un evento legítimo dentro de las competencias del mandatario.
