La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo una dura advertencia sobre el tratamiento que se le ha dado a la protesta social porque, según dijo, esto ha generado hondas repercusiones en el trabajo de los componentes del Sistema Integral para la Paz.
El tribunal especial indicó que esta advertencia se hace tras una conclusión a la que llegó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en su informe más reciente de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos en Colombia.
De acuerdo a este reporte, la situación es "preocupante" porque entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021 "aumentaron los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz". Todo esto si se comparan las cifras con el mismo periodo de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
“En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, destacó el informe de la UIA.
Sobre las prácticas paramilitares
La JEP señaló que, además, en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional, la UIA ha contado con un registro de 16 afectaciones dirigidas en contra de organizaciones intervinientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Estas son: el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Pueblo Awá, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y los Pueblos Indígenas del Norte del Cauca
El tribunal especial mencionó que, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Riesgos, las más afectadas son el CRIC (8) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (3) y que los hechos se han presentado en siete departamentos del país y se han concentrado en el Valle del Cauca (5), Cauca (2) y Bogotá (2).
La JEP también resaltó que este informe advierte el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social.
“Con ocasión del Paro Nacional, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, reveló.
Asimismo, señaló que el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la UIA identificó 12 casos de violencia sexual que afectan a manifestantes y uno que afectó a una mujer policía en el transcurso del Paro Nacional.
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"Para la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP esta situación es alarmante, ya que, con ocasión a su participación en el Paro Nacional es probable que varias organizaciones intervinientes ante el Sistema Integral para la Paz incrementen su situación de riesgo de seguridad, por lo que se estarían presentando amenazas que tienen el potencial de obstruir su participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro”, afirmó.
Por último, la JEP indicó que este reporte entregado por la UIA revela que, en términos de frecuencia, Colombia ha sido el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (un muerto cada 36 horas), y que el paro nacional de 2021 tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de protesta social en los últimos 44 años.