El presidente Iván Duque sancionó en la tarde de este martes 6 de julio la ley de reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
La ley reglamenta la prisión perpetua revisable y, de esta manera, reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.
El proyecto de reglamentación fue radicado el pasado 16 de marzo por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y fue aprobado el pasado 15 de junio en la plenaria del Senado de la República.
La cadena perpetua es considerada como una medida excepcional, pues solo será aplicable a conductas delictivas en las que un niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal, que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir.
Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico y en la ley se establece que se podrá efectuar la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años para imponer una pena temporal -por evaluación de resocialización- "que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido de 50 años y en caso de concurso de 60 años".
En la ley se deja claro que la revisión de la pena para evaluar la resocialización no es en ningún caso una medida para concederle la libertad al sindicado, y que en casos donde la decisión del juez sea no conceder la modificación de la pena de prisión, transcurridos al menos 10 años desde la fecha en que fuere negada, se podrá solicitar de nuevo la revisión de la pena.
Además, indica que en relación con los delitos sancionados con prisión perpetua revisable no proceden acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado.
Expertos opinan
El abogado Oscar Sierra Fajardo comentó en diálogo con KIENYKE.COM que la política criminal en Colombia se ha caracterizado por "no tener bases empíricas que comprueben su efectividad".
Explicó que así como en economía existe una forma de predecir el comportamiento de un modelo económico que se denomina econometría, en derecho existe un modelo similar llamado jurimetría que se encarga de “predecir y analizar los comportamientos de una ley”.
“Desde la jurimetría, el aumento indiscriminado de penas no ha resultado eficaz para reducir los delitos y proteger a nuestros menores de edad. Por el contrario, se ha visto que han aumentado. Los abogados penalistas que nos hemos opuesto a la cadena perpetua hemos ido más allá de criticar la iniciativa, y hemos propuesto verdaderas soluciones que desde una perspectiva racional y práctica resulta más efectiva, como lo es fortalecer las labores investigativas de la Fiscalía para que no existan altos niveles de impunidad”, señaló.
Sierra Fajardo indicó que, desde tiempo atrás, se ha entendido por los verdaderos estudiosos del tema -desde análisis filosóficos, económicos, políticos y jurídicos- que no es la dureza de las penas lo que reduce los delitos, sino que es la certeza de los mismos lo que efectivamente los reduce.
“Es decir, lo que reduce la comisión de los delitos es que la gente se dé cuenta que en verdad las personas son condenadas. Los seres humanos actuamos por incentivos, si las personas ven que quien comete un delito no es condenado, tendrán incentivos para delinquir”, mencionó.
La abogada Dalila Henao se sumó a la discusión y mencionó que la implementación de la cadena perpetua revisable en nuestro ordenamiento jurídico es, a su juicio, un retroceso en materia judicial.
"Quienes nos hemos dedicado a estudiar el tema sabemos que esta medida no será efectiva, experiencias como la de España, que ha implementado una institución similar, han resultado mal pues contrario a lo que se piensa comúnmente, el aumento indiscriminado de penas no ha demostrado ser una medida efectiva para contrarrestar los índices de criminalidad", explicó.
Según afirmó, en Colombia no hemos entendido que el derecho penal no es la solución para problemas estructurales como lo es la violencia contra los menores de edad.
"Los programas sociales, de prevención y de educación, son la verdadera salida ante este flagelo tan arraigado en nuestro país. Pensar lo contrario nos lleva a desaciertos como la aprobación de este tipo de proyectos, que responden al muy dañino fenómeno del populismo punitivo, el cual se ha convertido recientemente en la forma más efectiva que han encontrado los políticos para aumentar caudal electoral", resaltó.
Y agregó: "Sabiendo que el problema no es solo la delincuencia, sino también la impunidad, una opción lógica y mucho más efectiva sería atacar los problemas institucionales. La Fiscalía, por falta de recursos económicos y humanos, pierde aproximadamente el 60% de los casos que lleva a juicio. Una mejor preparación de los fiscales y el acompañamiento de un equipo investigativo mejor dotado, harían una diferencia sustancial en las nefastas estadísticas del ente acusador".
¿Pasará el filtro en la Corte?
El abogado Oscar Sierra Fajardo y la abogada Dalila Henao señalaron que desde el Colegio de Abogados Penalistas se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo que permite la cadena perpetua en Colombia, el cual fue aprobado el año pasado en el Congreso de la República.
Según dijeron, muchos otros actores, entre universidades y otras organizaciones, han hecho lo propio para lograr que la cadena perpetua sea declarada inexequible por la Corte Constitucional.
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Para los dos penalistas, los argumentos de todas estas demandas tienen un sustento jurídico robusto, pues se ha procurado ir más allá de los argumentos jurídicos y se han planteado argumentos económicos, tributarios y filosóficos para evitar que este tipo de penas se apliquen en Colombia.
Por el momento, ninguno de los dos se atrevió a decir si creen que estas demandas tendrán éxito o no debido a que esto depende de los magistrados del alto tribunal constitucional.
Sin embargo, Sierra Fajardo y Henao finalizaron su análisis diciendo que confían en el buen criterio de los magistrados, “que sabrán tomar la mejor decisión haciendo un estudio correcto de la constitucionalidad de la cadena perpetua y teniendo siempre presente que lo más importante son los derechos de los niños y niñas del país”.