10 de enero

10 de enero

10 de enero del 2019

Tal parece que la historia venezolana resurge en estas fechas, es como si el inicio de año le cayera bien. Un 23 de enero fue la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los 5 de toma de posesión del Poder Legislativo, y así el inicio de periodo presidencial establecido por la Constitución para un 10 de enero.

Para muchos esta fecha es el antes y el después del cataclismo que se vive en el país, -en lo personal lo considero intrascendente-. Mucho se ha hablado de esto, la prensa ha dado registro a lo que pareciera el fin del mandato de Nicolás Maduro y la negación de su gobierno bajo el concepto de ilegitimidad.

Hagamos un poco de memoria y contextualicemos este episodio. El 20 de mayo de 2018 se celebró en el país los comicios presidenciales para el periodo 2019-2025, que inicialmente se tenían previstos para el 22 de abril a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada a plenitud por el chavismo.

En esta fiesta electoral sólo participaron 3 líderes:  Maduro como “hijo y heredero de la patria”, Henry Falcón, quién fue el coordinador de campaña de Henrique Capriles Radonski en las últimas elecciones en las que participo el difunto expresidente Hugo Chávez, y del que se acusó de traidor a la oposición por su discurso adulador; y el pastor evangélico Javier Bertucci involucrado en los escándalos de lavado de dinero dados a conocer a través de los Panamas Papers.

Bien, hablamos de un proceso democrático, enmarcado en la Carta Magna venezolana, -con todos los coroticos de esa piñata, como diríamos en Venezuela-, entonces ¿qué es lo que vuelve al nuevo mandato de Maduro ilegitimo? La verdad es que también me hago esa pregunta, pero de alguna u otra manera se han arrojado argumentos que parecen validar algo, más allá de las dudas sobre si en el país petrolero se ha instaurado una dictadura:

  • El llamado a elecciones fuera de los periodos establecidos, sin embargo, no existe ninguna norma que impida que eso ocurra. La realidad es que los tiempos electorales se ajustaron a conveniencia de la llamada ANC que se ha convertido en un suprapoder aboliendo el Estado de derecho. La bancada opositora denunció la hazaña, pero eso no movió ni una hoja.
  • El ejercicio de democracia; dudosa en cuanto a la participación de los lideres en la contienda, acusados de recibir financiación del régimen con el propósito de aparentar una democracia plena. Curiosamente, China, Cuba, Rusia y otras tantas naciones ejecutan elecciones unipartidistas y eso no da pie a una intervención militar. Por otra parte, si el Estado venezolano está en bancarrota ¿de dónde salen los fondos para estas financiaciones? Pues en ese momento Rusia y China habían dicho que no prestarían más dinero al Gobierno bolivariano.
  • El reconocimiento de autoridad electoral dentro de la política exterior, puede ser, posiblemente, el argumento de mayor peso puesto que el Grupo de Lima, integrado por 20 naciones latinoamericanas; países como Australia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana y Suiza; así también organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), han decidido no reconocer los resultados electorales por falta de transparencia, garantías y observación internacional. Estamos hablando de una elección dónde hubo un promedio de 54% de abstención – Colombia obtuvo 46.6% en sus elecciones presidenciales de 2018 y nadie pone en duda la legitimidad de Iván Duque-.

Entonces si estas son las tesis que validan la ilegitimidad del venidero mandato de Maduro, ¿dónde están los argumentos de su constitucionalidad? -y no hablo de las reafirmaciones que hacen los medios del Estado al hablar del señor como Presidente Constitucional de la República- Lo contradictorio es que de no reconocerse hablamos de un vacío de poder que debería ser suplantado por el Parlamento Nacional, tal y como lo ha manifestado el Grupo de Lima , sin embargo, estaríamos hablando de un poder ejecutivo paralelo, así como ya existe el judicial (Tribunal Supremo de Justicia en el exilio) y el legislativo (Asamblea Nacional Constituyente).

De no reconocerse dicho gobierno, estaríamos hablando de que cualquier documento emitido a partir de esa fecha no tendría validez alguna ante la comunidad internacional, los juicios e investigaciones que se hagan al país no tendrían una representación institucional de Venezuela pues el Estado se desmembraría, se estaría abriendo la posibilidad a una invasión del territorio al no ejercer su soberanía, -la verdad es que nadie sabe cómo se come eso-.

Internamente se entraría en un conflicto pues no se sabría a quién deben responder las fuerzas militares, quién administraría el dinero y las finanzas del país, cómo se harían negocios con Venezuela; si efectivamente se trata de un gobierno ilegitimo cómo es que Michell Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, aceptó la invitación formal de visitar el país y ha enviado a un equipo técnico a preparar el recorrido que se realizará posterior al 10 de enero.

La verdad es que no está claro lo que se trata esa ilegitimidad, tampoco lo que pueda ocurrir luego de esa fecha, lo único claro es que los problemas de Venezuela ya traspasaron sus fronteras.

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