A favor del páramo de Santurbán

16 de diciembre del 2012

Reveladora resulta la investigación de Andrés Bermúdez Liévano  para La Silla Vacía sobre el propuesto encogimiento de la extensión del Páramo de Santurbán en Santander, extensión que debe ser declarada como zona protegida por el Ministerio del Medio Ambiente. El periodista no sólo nos contextualiza sobre la situación actual del parque, sino que pone en […]

Reveladora resulta la investigación de Andrés Bermúdez Liévano  para La Silla Vacía sobre el propuesto encogimiento de la extensión del Páramo de Santurbán en Santander, extensión que debe ser declarada como zona protegida por el Ministerio del Medio Ambiente. El periodista no sólo nos contextualiza sobre la situación actual del parque, sino que pone en evidencia los aparentes verdaderos intereses detrás de la intención de reducir el área protegida en un 12%, lo que se traduce en más de 1300 hectáreas. En términos sencillos pero no por ello menos alarmantes, la investigación deja en claro que hay una relación directa entre esas 1300 hectáreas, y las áreas donde se han otorgado, o se piensan otorgar títulos mineros, principalmente a compañías de la talla de Eco Oro, que tras cambiar su nombre, se va de nuevo lanza en ristre contra el páramo, ignorando por completo la protesta social que los ciudadanos de Santander, principales usuarios de la riqueza ambiental del páramo, organizaron el año pasado para detener el insaciable apetito minero.

No debería sorprendernos que los crecientes capitales que se alimentan del mismo oro y la misma plata por los que ya se mataban los europeos de la Colonia, intenten ahora proteger sus avaros intereses. Por desgracia, la protección del capital sobre el bienestar ambiental -e incluso sobre cualquier bienestar de la Humanidad- parece ser la regla en el mundo globalizado y ciegamente autodestructivo en el que vivimos (que les pregunten si no a los participantes en la reciente cumbre de Doha, donde se extendió a regañadientes la validez del protocolo de Kyoto hasta 2020, un compromiso que más que alivio produce tristeza por su corto alcance). Pero sí debería sorprendernos, y debería además indignarnos, que las entidades a cargo de la protección ambiental parezcan titubear frente a una decisión que, a la luz de sus responsabilidades y compromisos, debería ser inmediata.

Tanto el Ministerio del Medio Ambiente como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga parecen dar su brazo a torcer ante la presión de las poderosas multinacionales, a pesar de que les sobren los instrumentos legales para actuar con contundencia. Dejemos de lado al consejo directivo de la Corporación Autónoma, entre cuyos miembros se encuentran algunos de los cacaos más recalcitrantes del reciente Uribato, e indignémonos al menos con nuestro ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, quien ha dicho en los micrófonos cuánto le preocupa la suerte del páramo, pero que no ha dado muestras de querer pronunciarse sobre la extensión final del parque natural. Si no es (Mina)mbiente el abanderado de los intereses del los parques, ¿entonces quién? Mi respuesta es: entonces nosotros.

Proteger los parques contra la amenaza minera no es sólamente la manifestación de nuestro derecho a un planeta limpio y sostenible. En tiempos en que todos los actores del conflicto armado buscan en la extracción ilegal de minerales el nuevo combustible para sus tanques de muerte, una posición firme en defensa del Medio Ambiente es además la única salida moralmente aceptable para quienes prefieren la paz sobre la guerra. En situaciones como ésta, como ya lo demostraron los ciudadanos de Santander en 2011, sólo la acción ciudadana puede hacer recapacitar a nuestros representantes en el Gobierno, los servidores públicos que a veces parecen más bien reverenciales servidores privados. Dejemos entonces que se escuche la voz ciudadana antes de que el oro de las entrañas del país se convierta en lujosas joyas en Europa, o en ríos de sangre en Colombia.

Firmen ésta peticion.

@juramaga

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