Al final, ni justicia ni reparación

23 de noviembre del 2017

Serán amnistiados los guerrilleros no implicados en delitos atroces

Al final, ni justicia ni reparación

Coincidiendo con la polémica que ha producido en Colombia la Justicia Especial para la Paz, JEP, llega de Europa la noticia de que Ratko Mladic, el exgeneral serbio que cometió graves crímenes de guerra en el conflicto de los Balcanes (1992-1995), ha sido condenado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) a cadena perpetua.

Mladic, de 74 años, fue condenado por asesinato, persecución, terror, secuestro, deportación, desplazamiento forzoso y ataques ilegales contra la población civil. Nada de lo que este personaje hizo en la antigua Yugoslavia ha sido ajeno a las barbaridades que cometieron en Colombia guerrilleros y paramilitares con el auxilio de militares, empresarios y políticos.

Aquí, en aras de la reconciliación nacional y para honrar los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc, los responsables de todas esas atrocidades en el pasado medio siglo de conflicto podrán cobijarse por un sistema jurídico especial, la JEP, de la que tanto se habla en estos días.

Más aún, serán amnistiados los guerrilleros no implicados en delitos atroces, como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate y que solo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado.

Estos fueron algunos de los sapos más difíciles de tragar para un amplio sector de la población colombiana al firmarse los acuerdos de La Habana. Y en el tránsito del dicho al hecho esta parte de los acuerdos, que sigue levantando ampollas un año después de firmados, pasa por la Corte Constitucional que los avala, pero los mutila.

El alto tribunal no solo cambió las condiciones jurídicas pactadas entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla, sino que flexibiliza generosamente la participación de los civiles en el conflicto al punto que termina sacándolos de la JEP.

De esta forma la justicia ordinaria terminaría teniéndose que ocupar de los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos cometidos dentro del marco del conflicto, y que duermen en los anaqueles de esa institución desde hace años el sueño de los justos. Y dado lo que conocemos de la manera en que operan los jueces en este país –quizá el único del mundo en donde un cartel de jueces se dedica a vender sentencias–, si por el lado de la guerrilla es ofensivo para las víctimas su dizque comparecencia ante la justicia, lo que ocurre por el lado de los civiles será no menos hiriente.

Al excluir la obligación de presentarse ante el Tribunal de Paz de los terceros involucrados en el conflicto, empresarios, ganaderos, jueces, alcaldes, gobernadores, congresistas, organizaciones gremiales que contribuyeron al terror que se vivió en veredas y lugares apartados de Colombia se irán de rositas, como dicen los españoles. Es decir, no les pasará nada. Es ni más ni menos lo que ha venido a avalar la Corte Constitucional.

Y en el Senado, en donde Germán Vargas Lleras mueve hábilmente sus alfiles y Álvaro Uribe reina sobre sus huestes, ninguna sorpresa. Se aplicó aún mayor rigor ante la posibilidad de que terceros pudiesen afrontar responsabilidades. Vienen tiempos electorales, qué bueno sería que los votantes tuvieran en cuenta maniobras de este tipo a la hora de depositar el sufragio.

Todo esto era muy previsible y muy colombiano. Las crisis y los momentos de tribulación nacional terminan resolviéndose como el rosario de la aurora, cerrándose en falso, de cualquier manera, a la verraca, como la toma del Palacio de Justicia, como la cárcel de La Catedral, como el conflicto por San Andrés. Y eso sí, en un país en donde más de un expresidente debería estar en la cárcel, sin un solo culpable.

La condena por parte del TPI al exgeneral serbio Ratko Mladic a cadena perpetua por crímenes de guerra, les debe sonar a líderes guerrilleros, políticos, militares, ganaderos y empresarios colombianos a algo extrañísimo y exótico que nunca vivirán los hijos de esta bendita tierra.

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