Colombia siempre ha sido reconocido como un país con institucionalidad fuerte en cuanto a la existencia de organizaciones públicas con competencias pertinentes y normatividad, muchas veces excesiva para cada problema público. Pero, cuando las dificultades crecen en una nación y las normas sancionatorias son claras, es evidente que la política pública ha fallado desde su diseño hasta su implementación.
El caso específico es el abuso sexual a menores, y ahora a adulto mayor. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad donde cada hora se reportan 3 casos de abuso sexual? Si solo se compara el año 2016 respecto del 2017 y se revisan las cifras de Medicina Legal, se observa un crecimiento del 8.9%. Esto significa que pasamos de 15.988 casos entre enero y septiembre de 2016 a 17.412 en el mismo período.
Estas cifras no se pueden ver como los homicidios o los hurtos, donde fallece una persona o se pierde un bien material. La verdad es que el abuso sexual está dejando huellas graves e imborrables en nuestras generaciones futuras, lo grave es que el 87% son menores de edad, lo que alerta gravemente la vulnerabilidad en que están nuestros niños y adolescentes.
Aunado a lo anterior, se observa también que según las denuncias en la mayoría de los casos el abusador está en la casa, lo que se traduce claramente que no es una problemática exógena a los hogares, sino que vive en ellos, y demuestra que hay unas fallas de fondo en cuanto el respeto a los niños y el descuido de los adultos en esta protección.
Vale decir que las cifras presentadas sólo corresponden a aquellos que denuncian, pero la verdad es que siempre la realidad sobrepasa la denuncia. Es decir, los casos seguramente son más solo que a los menores les queda muy difícil denunciar a sus familiares y más aún cuando son apoyados por sus madres o son sus propios padres.
Otros de los efectos para tener en cuenta, es que de la mano de los abusos está el crecimiento del embarazo adolescente. De los 17.412 casos, 5.192 son de niñas entre los 10 y 13 años, además del embarazo, se presentan enfermedades de transmisión sexual que obviamente no son prevenidas ni tratadas.
Colombia se ha convertido en el tercer país de la región latinoamericana con mayor número de embarazos adolescentes, lo que indica una responsabilidad del Estado no sólo respecto del abuso sino de la atención a la madre gestante y al menor.
Así con unas altas cifras de embarazo adolescente mantenemos escenarios de subdesarrollo y pobreza que nunca terminan, es decir, mientras los gobiernos no solucionen y acaben con el abuso sexual a menores, tampoco se podrá controlar los hogares que generan embarazo adolescente y por ende necesidades, desnutrición y pobreza. Es imposible que una madre menor de edad pueda corresponder a las necesidades de otro niño igual a ella.
Adicional a lo anterior, se observa con preocupación que no solo son víctimas los niños de abuso sexual, sino que también dentro de las víctimas están los adultos mayores. Según Medicina Legal en el 2017 se han recibido 109 casos entre ellos 17 sobre personas mayores de 80 años.
Esto demuestra otra situación de vulnerabilidad que está siendo gravemente evidenciada, porque al igual que los menores de edad obedece al entorno de sus familiares o de sus cuidadores, además de la dificultad de denunciar dado que muchas veces las capacidades físicas y mentales en los adultos mayores ya se encuentran disminuidas para reaccionar.
Conforme a lo expresado quedan serias dudas de qué está pasando, especialmente si existen las normas sancionatorias, obviamente no están siendo ni disuasivas ni operando adecuadamente al ser implementadas. Con la congestión judicial en el país es obvio que es imposible darles trámite a 17.412 casos en un año, pero lo triste de esta conclusión es que las víctimas esperan justicia y mientras eso ocurre siguen teniendo al victimario con ellos en su casa por meses y años y no pasa nada.
A partir de esta ineficiencia de la justicia se pierde la credibilidad en el sistema, lo que muchas veces genera que tampoco se denuncie porque los ciudadanos saben que pasan años y seguramente ni siquiera van a obtener justicia por los famosos tecnicismos, la dificultad de obtener la prueba o el miedo a mantener una denuncia.
Es claro que los niños colombianos están clamando por una solución a este problema, no podemos seguir teniendo niños que crecen abusados y que no pueden tener un futuro ni desarrollarse porque han sido afectados en su dignidad e integridad personal.
Es hora de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que es la entidad competente para las garantías de los derechos de la infancia funcione de manera efectiva, realice controles, capacitaciones preventivas, entre a los hogares para saber que está pasando y estar a tiempo para apoyar a las víctimas.
Es claro que la política pública frente a abuso de menores no está funcionando, ni las normas, ni las instituciones están operando adecuadamente, pero cómo va a ser el ICBF garantista cuando sus propios operarios son los que maltratan y abusan de los menores que tienen a cargo, tal y como se publicó la semana pasada frente al Hogar para niños discapacitados en Ibagué. No hay control, no hay vigilancia, no hay alertas.
En conclusión, se requiere una solución urgente. Que el próximo gobierno nacional tenga como prioridad a los niños, que se evalúe realmente que pasa con la política pública, por qué sigue aumentando el problema con instituciones y normas pertinentes.
Debería existir el registro nacional del abusador para que todo el país pueda saber quién está siendo investigado y condenado por estos hechos aberrantes, debería ser una condición que se revisara este registro para buscar un trabajo, así como las centrales de riesgo bancario.
En la medida en que el problema se evidencie socialmente y no quede perdido en el archivo de un juzgado o fiscalía, podría facilitar que las víctimas se motiven a denunciar. Así mismo, desde la implementación de las penas no debe haber disminución en ningún caso, jamás operar casa por cárcel y que las investigaciones tengan un límite máximo en el tiempo el cual debe ser muy perentorio.
Este es un problema público que no da espera, que crece silenciosamente y que si no se actúa rápidamente debería incluso llegar a los tribunales internacionales de derechos humanos para que juzguen a un Estado indolente e indiferente frente a delitos graves que afectan las generaciones futuras y el desarrollo del país.
De nada sirve invertir en infraestructura, tecnología o innovación, nuevos mercados o procesos de paz, si no se soluciona el problema principal y estructural del país, una sociedad enferma que acaba con sus niños.
