De guerrilleros a escoltas

De guerrilleros a escoltas

7 de marzo del 2017

Colombia ha padecido el conflicto armado por más de 50 años, un efecto de ello es que gran cantidad de colombianos han requerido de esquema de protección (carros blindados, escoltas, chalecos, celulares, entre otras medidas), Presidentes, Ex Presidentes, Ministros, Ex Ministros, Congresistas, Ex congresistas, concejales, diputados, defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, etc, y todo aquel que califique como población vulnerable y tenga un factor de riesgo a la luz y criterio de los comités de riesgo.

Pero la lógica de tener un esquema de protección es que existan situaciones que pongan en riesgo la vida e integridad del ciudadano, y el principal factor estaba, hasta el 2016, precisamente en la presencia del grupo guerrillero FARC en una zona determinada, amenazas por este grupo a personas públicas, extorsiones, secuestros, etc… entendiendo entonces a las FARC y a sus miembros como amenaza y alto riesgo.

Así las cosas, después de lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana se entiende que los guerrilleros pasarían a ser reinsertados a la vida civil, hasta ahí lógico, frente a cualquier proceso de paz en el mundo, lo ilógico está en el tipo de reinserción que se pactó, teniendo en cuenta que las posibilidades estaban entre un oficio productivo (agrícola por ejemplo) o conforme a diversas oportunidades que podrían pactarse con sectores empresariales. Pero extrañamente el gobierno nacional escoge como empleo ser agentes escoltas, lo que fue negado por el Alto Consejero Presidencial Sergio Jaramillo en mayo del 2016 a través de medios de comunicación.

Pero los registros noticiosos no mienten y en estos últimos días las redes sociales se han conmocionado por la expedición de dos decretos que normalmente no tendrían mayor importancia, salvo que son producto del proceso de paz de La Habana, lo que genera un alto interés por parte de los colombianos. El primero, es el decreto 301 del 23 de febrero del 2017 expedido por el Ministerio del Interior, el cual modifica la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección incluyendo 1200 cargos de escoltas código 4070, el segundo, el decreto 302 de la misma fecha el cual regula en su artículo 2º que la asignación básica mensual para el Agente Escolta Código 4070 será de $1.825.843. ¿Quiénes ocuparán estos cargos?, sin concurso, sin carrera administrativa, sin prerrequisitos, solo basta estar incluido en la población de las FARC para reinsertarse.

El problema no es la reinserción, que es necesaria en un proceso de paz, lo grave es cómo se está realizando, porque también los procesos de reinserción requieren de racionalidad, en cuanto a las condiciones. Es inconcebible que en un país con alto nivel de desempleo, desigualdades económicas, con grandes brechas sociales, el salario de un reinsertado sea 3 veces el salario mínimo, sin requisitos, sin experiencia, ¿cuáles fueron entonces los criterios para fijar un salario que un profesional bien calificado no logra en Colombia?.

Por otro lado, queda la duda de cómo al ser agentes escoltas se desdibuja la figura de la reinserción, dado que la idea es que estén en la vida civil y que después de entregar las armas no se las vuelvan a entregar, para eso se requiere de un tiempo de adaptación en el cual este tipo de personas que sólo conocen el manejo de un fusil y del ejercicio de la violencia, no se les entregue de manera inmediata un trabajo en el cual manejan armas y requieren de reacción inmediata. ¿Cómo garantizará el gobierno nacional que estas armas que reciben en dotación no serán utilizadas nuevamente para delinquir? No tiene ningún sentido que entreguen armas del conflicto y les sean entregadas armas legalizadas. La adaptación social es nula y el proceso de desarme inexistente.

El desarme es y debe ser una garantía de todo proceso de paz, sin embargo, las armas deben ser entregadas, registradas y destruidas conforme a protocolos internacionales y durante un tiempo prudencial que solo lo fijan los programas de reinserción estas personas deben estar alejadas de las armas con el fin de lograr ambientes sanos, pacíficos y de no violencia. De tal suerte, que va en contra de cualquier criterio entregarles armas, vehículos y un estatus que no corresponde a la reinserción social que deben cumplir.

Un proceso de paz también exige criterios de igualdad con las víctimas y con el resto de ciudadanos que ya han soportado altas cargas de violencia y con racionalidad se deben tomar las medidas adecuadas que permitan la reinserción civil y laboral, sin afectar garantías laborales generales de otros ciudadanos. Por ejemplo, la transición del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- a la UNP fue progresivo teniendo en cuenta los derechos laborales de los escoltas que venían de la entidad DAS y en muchos casos siguen vigentes procesos judiciales por el cambio de condiciones laborales y derechos adquiridos que no han permitido que toda la población de agentes del ex DAS se sientan conformes frente a las condiciones actuales de sus cargos.

Así las cosas, los ciudadanos de a pie se preguntan insistentemente en las redes sociales, que no han hecho para merecer un trabajo digno, sin prerrequisitos, sin experiencia y suficiente para garantizar la supervivencia de muchas familias colombianas que viven hoy con 1 solo salario mínimo legal vigente. Porque privilegios de esta naturaleza a quienes violaron la ley de manera constante y por años. Porque no una reinserción digna pero ajustada a las condiciones económicas y laborales del resto del país.

Si el propósito del proceso de paz era que dejaran de “disparar un tiro más” porque entregarles precisamente la posibilidad de desempeñarse en un oficio que exige el porte y uso de un arma legal. Además queda por responder cual es la justificación no solo de los nuevos agentes escoltas sino de los esquemas que se implementarán a los Comandantes de las FARC, si se supone que el riesgo estaba mientras existieran las FARC, si es cierto, que están disueltas a partir de lo suscrito en La Habana para qué esquemas y para qué escoltas si el factor de riesgo desaparece.

Finalmente, en una época de crisis económica por la que es evidente atraviesa el país, ¿donde están los recursos para garantizar los salarios y prestaciones sociales de los 1200 nuevos agentes escoltas?, ¿si muchas veces no se puede cumplir con las prestaciones básicas de los agentes del Estado como se garantizará el pago de estos nuevos funcionarios públicos?. ¿Será que la razón de la última reforma tributaria estaría pensada para cubrir estos nuevos cargos o se requerirá de una nueva a finales de 2017?

El tiempo nos dará las respuestas que se requieren para tantas inquietudes, porque el gobierno no se ve dispuesto a responder con la verdad, así como se dijo el año pasado que no ganarían estos salarios y hoy los decretos demuestran otra cosa.

Que triste es ver cómo se miente un año atrás para ganar confianza en el proceso y una vez firmado se destapan las cartas de lo realmente pactado. Esperemos que estos nuevos agentes escoltas no traicionen la confianza de todo un país que día a día con sus impuestos pagarán sus salarios mientras el ciudadano común sigue desempleado. 

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