Le prometí al Divino Niño que si salía bien librado de una delicada intervención quirúrgica a la que tenía que someterme, escribiría algo serio por primera vez en mi vida de bloguero. Me fue bien en la operación. La vaina cicatriza perfectamente. Todo quedó funcionando maravillosamente y mi presentación personal mejoró notablemente. Definitivamente no hay nada más tranquilizador que salir divinamente de una circuncisión.
Mi entrevistado: el abogado paisa Héctor Franco Jaramillo, especialista en derecho procesal penal, conocido en Twitter con el alias de @HectorFrancoJ. El tema: la crítica despiadada a un proyecto de ley que busca castigar con severidad a los conductores de vehículos automotores (sean rojos, amarillos o de cualquier color) que embriagados o bajo efecto de sustancias sicotrópicas (sea marihuana verde, punto rojo o de cualquier color), ocasionen la muerte (de manera total, definitiva o para siempre) de personas nacionales o extranjeras (sean estas blancas, morenas, negras, o de cualquier sabor de piel).
El abogado Franco francamente no está de acuerdo con el proyecto de Ley 028 de 2012. Y no porque crea que los conductores borrachitos o trabados tengan el “derecho” de quitarle la vida a todo aquel que se les atraviese, sino porque… Bueno, precisamente esta entrevista lo que busca es que nos explique porqué no está de acuerdo. Así que manos a la obra. (Divino Niño, te cumplí la promesa).
-¿Cuál es el problema del proyecto de Ley 028 de 2012, doctor Héctor?
-Son varios los problemas. Realmente hay mucha tela de donde cortar. Para no aburrirlo, me voy a centrar en un solo aspecto del proyecto. 
-¿Cuál aspecto?
-El proyecto crea un nuevo delito.
-¿Exactamente cuál delito?
-El artículo 12 del proyecto establece que quien maneje un vehículo automotor con presencia de alcohol en su organismo en una tasa igual o superior a 100 mg de etanol sobre 100 ml de sangre total, y/o sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de uno a seis meses.
-¿Y cuál es el problema de eso? A mí me parece bien la mano dura contra los irresponsables… Juepuerca, mano dura y corazón requeteduro contra esos miserables, ¡qué se pudran en la cárcel, malnacidos!
-Los problemas que se derivan de allí son varios. Empecemos por este: en un país que tiene increíbles niveles de hacinamiento en las cárceles, en un país donde las cárceles son verdaderas universidades del delito, la idea me parece pésima. Peligrosa e irresponsable.
Las cárceles no dan abasto. El sobrecupo que tienen las ha convertido en una bomba que puede estallar en cualquier momento. A 30.000 presos asciende el sobrecupo. Precisamente hace unas semanas, los presos de una docena de cárceles iniciaron un movimiento de protesta por el hacinamiento y malas condiciones en las que están recluidos. Afortunadamente el asunto no terminó en un amotinamiento de carácter general. Esperemos que el siniestro mecanismo del “deshacinamiento mediante masacres gota a gota” no se dispare más adelante.
-¿Deshacinamiento mediante masacres gota a gota? ¿Qué es eso, doctor Héctor?
-Como resultado de las políticas de aumento de penas para reducir la inseguridad ciudadana, en 1997 las cárceles de Colombia tuvieron un aumento inusitado en su tasa de hacinamiento. ¡Llegó al 47%! Eso quiere decir que si las cárceles del país tenían cupo para 100 personas, albergaban en realidad 147 internos. ¡Completamente inhumano!
Fue así como en muchas cárceles para “solucionar” el exceso de internos, los mismos presos acudieron al sistema de matar a sus compañeros de uno en uno, gota a gota, de eliminar a quienes ellos consideraban que sobraban, es decir, a los más débiles. Horrendo, ¿cierto? Pero atérrese: hoy hemos superado, según lo reconoció el mismo gobierno, ese peligroso 47% de hacinamiento. Estamos nuevamente al borde del precipicio.
Ese es el resultado de hacer demagogia con el Código Penal, ese es el resultado del populismo punitivo. Y algunos de nuestros “brillantes legisladores” pensando en crear nuevos delitos, para mandar más gente a las cárceles… ¡Qué absurdo!
-¿Qué es eso de hacer demagogia con el Código Penal?
-Se hace demagogia con el Código Penal cuando los políticos, para atender los reclamos de la ciudadanía por el
incremento de la inseguridad, proponen automáticamente como solución el aumento de penas para un determinado delito o la creación de uno nuevo. Pero ocurre que la aplicación de estos mecanismos generalmente no se traduce en un mejoramiento de la seguridad ciudadana.
-¿Está seguro que no se traduce en un mejoramiento de la seguridad? No lo puedo creer. Júremelo, doctor Franco.
-No, señor. No se traduce en un mejoramiento significativo de la seguridad. Así lo demuestran varios estudios. Sin embargo, la ciudadanía se siente tranquila al ver que por fin alguien le para bolas. Simbólicamente han sido atendidas sus necesidades de seguridad. Óigase bien: simbólicamente. Porque en la practica la seguridad no aumenta significativamente. ¿Qué pasa con los políticos? A ellos, los ciudadanos, en agradecimiento, los premian con votos. Se reeligen y continúan campantes posando de salvadores sociales. ¿Y qué sucede con los delincuentes? Algunos ingresan a las cárceles, con el consiguiente aumento del hacinamiento. Las actuales condiciones infrahumanas de las prisiones nunca les ofrecerán la posibilidad de una verdadera resocialización.-Eso es todo un círculo vicioso, ¿cierto?
-Si, señor. Todo un círculo vicioso.
-Oiga, profesor Franco: y si cogen a un círculo vicioso manejando un carro, ¿cuántos años de cárcel le meten?
-Estaba pensando, joven, que el mamagallismo debería ser un delito doloso con pena privativa de la libertad entre 75 y 80 años, pero me arrepentí… Más bien volvamos al asunto de las condiciones de las cárceles. Nos hemos vuelto maestros en la práctica de castigar a otros seres humanos en las peores condiciones posibles. Nos hemos olvidado del principio según el cual sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones de mínima dignidad. Qué vergüenza: nuestras cárceles hace rato se parecen a las cárceles de alambre de púas que construyeron en la selva las Farc para los secuestrados.
Por eso veo con buenos ojos el proyecto de ley que el gobierno presentará en la segunda semana de octubre que reformará el actual sistema penitenciario y carcelario.
-¿Qué plantea ese proyecto de reforma al sistema penitenciario y carcelario?
-Pretende afrontar la crisis generada por los niveles de hacinamiento mediante cuatro herramientas: la concesión de la detención domiciliaria, la asignación de mecanismos de vigilancia electrónica como brazaletes, el traslado transitorio de internos a otras cárceles y la excarcelación temporal prorrogable.
Además, el proyecto prohíbe en todo el territorio nacional el hacinamiento carcelario y las condiciones indignas de reclusión. Es decir, obliga al sistema penitenciario a garantizar a cada recluso un espacio mínimo vital. Y algo fundamental: considera el hacinamiento extremo y la reclusión en condiciones indignas como “fenómenos que constituyen un grave problema de salud pública”.
-¡Qué bien! Tal como van las cosas, a mí como que me saldría mejor vivir entre una cárcel. El hacinamiento en la cama nupcial de mi apartaco me tiene asfixiado y desnutrido…
-Y lo más importante, a mi juicio: el proyecto le impone al Congreso la obligación de tener en cuenta el impacto que sobre el hacinamiento carcelario tenga toda reforma al Código Penal. Es decir, nuevas leyes que pretendan aumentar penas o crear nuevos delitos no podrían ser expedidas si llegan a profundizar la crisis carcelaria. Actualmente el legislativo no tiene esta imposición.
-Como quien dice, ya no se podrían aprobar normas como esa de que manejar con un par de cervezas entre la cabeza sería un delito doloroso.
¿Cierto, doctor Franco?
-Jurídicamente no se habla de delito “doloroso”, joven. Se dice: delito doloso, do-lo-so. Pero la cosa no va a ser fácil. Hace unos pocos días el senador Roy Barreras salió a defender la necesidad de legislar duramente contra los conductores que manejan embriagados. No sé si defendía concretamente el proyecto 28 de 2012 u otro distinto. Pero finalmente da igual. El espíritu de toda esta clase de proyectos es el mismo: aumentar los años de cárcel, crear nuevos delitos, considerar conductas culposas como delitos dolosos, etc.
-Usted decía al principio de esta charla que hay varios problemas en eso de convertir en delito doloso el hecho de manejar embriagado. ¿Cuáles son esos otros problemas? Cuénteme el chisme, doctor Franco.
-Según el proyecto, el delito se comete por el solo hecho de manejar teniendo en el cuerpo 100 mg o más de alcohol, sin que importen otros factores como el peso, el sexo, la edad, etc. Y vea usted lo paradójico: con 100 miligramos un muchacho de contextura delgada, de poca estatura y habitualmente abstemio, puede quedar “entonado”. Con esos mismos 100, un hombre de mediana edad, 120 kilos de peso y 182 de estatura, podría estar en sus cabales. ¡Pero eso no importaría: según el proyecto, ambos irían automáticamente para la cárcel...!
-¿Se podría decir, entonces, que la ley favorece a los grandulones y a los gordos, y que discrimina a los enanos flacos?
-Yo diría que el problema es que una ley así pone en riesgo de convertir innecesariamente en delincuentes a una gran cantidad de colombianos. Fíjese usted: actualmente se imponen más de 35.000 comparendos por embriaguez al año. ¡Eso significaría 35.000 nuevos reclusos anualmente! No habría cárcel para tanta gente. Pero déjeme contarle otro problema que se vendría encima.
-Claro que sí, doctor Franco. Ni más faltaba: está usted autorizado para contarme el problema que quiera. La consulta es gratis. ¡Para eso estamos los psicólogos teguas!
-Gracias, joven. Es cosa que le agradezco. El asunto es este: en Colombia el que incurre en conducta delictiva dolosa queda impedido para trabajar en cargos públicos y ejercer muchas de las profesiones liberales, tal como lo determinan los artículos 179, 232, 299 y 18 transitorio de la Constitución Política, además de las normas legales concordantes.
¿Se imagina usted las consecuencias que traería una norma como la que se está proponiendo en el proyecto de ley que comentamos?
-No señor, no me lo puedo imaginar. Últimamente me siento como enfermito de la imaginación… ¿Me podría ayudar usted, doctor Héctor?
-Un “error de juventud”, por ejemplo, le traería consecuencias desproporcionadas a una persona. El delito le aparecería anotado en su pasado judicial. Y a la persona no solo se le cerrarían las puertas del sector público –por las razones que ya le expliqué- sino también las de algunas empresas privadas que tienen como política no contratar a nadie que haya tenido problemas de orden judicial, como el sector financiero, por ejemplo. Y si usted me permite, le cuento cómo eso daría lugar a otra paradoja en este país del Sagrado Corazón.
-Claro que sí, profesor Franco. Tiempo es lo que hay. Lectores a estas alturas tampoco tenemos. Así que prosiga sin problema y sin afán, ¿cuál es esa paradoja?
-El proceso de paz que en este momento se está empezando a tejer en el país, podría llevar a que en algún momento los guerrilleros ocupen cargos públicos o políticos. Resultaría paradójico que estos señores, que han cometido delitos de lesa humanidad, sí puedan ocupar dichos cargos, mientras que los ciudadanos que cometieron el delito de conducir un vehículo con algo de alcohol entre su cuerpo -sin que haya sucedido ningún tipo de accidente-no puedan ocupar tales empleos.
-¿Quisiera agregar algo para concluir esta entrevista, doctor Franco?
-A manera de conclusión me gustaría decir esto: el derecho penal es y debe ser el último recurso en una sociedad democrática. Solo es justificable cuando todo lo demás falla. Hay muchas sanciones distintas a la privación de la libertad y la cárcel. La acción preventiva mediante campañas educativas debe ser la prioridad. Gracias, joven.
-Gracias a usted, doctor Franco, por darme la oportunidad de entrevistarlo. Esto hay que celebrarlo. ¿Qué le parece si nos tomamos un par de politas y las “masacramos” gota a gota?
@dicksalazar
